María, a sus 88 años, a punto de ser desahuciada para el uso turístico de su vivienda

Desde que María recibió la carta de desalojo, previsto para el 26 de junio, está viviendo una pesadilla. Tendrá que decir adiós a la casa en la que ha vivido desde 1967.

La vivienda, situada en el barrio del Pópulo de Cádiz, estaba sujeta a un alquiler de renta antigua a nombre del marido de María. Y ahora, el hogar que ha sido testigo de prácticamente toda su vida, se ha convertido en el mayor quebradero de cabeza para la gaditana.

Más vecinos del edificio se han visto en la misma situación que María, teniendo así que abandonar las casas para que estas puedan ser alquiladas como viviendas turísticas. Una problemática, cada vez mayor, a la que se enfrentan muchos ciudadanos que residen en zonas de gran afluencia de visitantes.

Al fallecer en 2016 Antonio, el marido de María, averiguaron que en la firma del contrato que les vinculaba con la vivienda solo aparecía la firma de él. La familia batalló para conseguir un nuevo contrato, y tres años más tarde de su obtención, se encuentran hasta esta delicada situación. No van a renovarles el contrato.

Los familiares de María han intentado negociar con los arrendatarios una posible solución, ofreciéndoles incluso aumentar la cuantía del alquiler del inmueble. Estos les han ofrecido la compra de la casa, algo imposible de afrontar para ellos en este momento.

Soluciones solidarias

María quiere permanecer en casa, en su barrio, con las mismas costumbres que han sido su rutina diaria durante la mayor parte de su vida. Sin embargo, ante esta desgarradora historia, los actos de solidaridad no han tardado en hacerse ver.

El constructor Agustín Rubiales ha dado su palabra para construir 12 viviendas con fines sociales. Rubiales ha comentado a la familia de María que una de estas será para ella. El problema reside en que estos hogares tardarán en estar listos unos 10 meses y necesitan paralizar el desahucio para que María tenga donde vivir hasta entonces.

Otras iniciativas se han puesto en marcha por lo ocurrido. Desde Adopta Un Abuelo están recogiendo firmas para paralizar el desalojo. La organización considera que: «A pesar de que la sentencia es legal, pensamos que el caso de María corresponde a un caso de extrema vulnerabilidad y por tanto el desahucio debe ser paralizado de inmediato. Hay sentencias que aunque sean legales son INJUSTAS».

La petición, lanzada el 20 de mayo, lleva conseguidas en la mañana del 22 de mayo cerca de 13.000 firmas. El proyecto tiene el objetivo de conseguir 25.000 más y va dirigido hacia la Consejería de asuntos sociales de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Cádiz y Ministerio de Vivienda.