La investigación policial se ha prolongado durante más de dos años
Málaga
Desarticulada una trama dedicada a la estafa masiva relacionada con la multipropiedad
Las 155 víctimas son extranjeras, la mayoría jubilados, captados en congresos organizados por los sospechosos investigados
La Policía Nacional ha detenido a siete personas vinculadas a una organización criminal, que operaba en la provincia de Málaga, dentro de un entramado dedicado a la comisión de estafas masivas relacionadas con derechos de multipropiedad y afiliación a clubes vacacionales.
La red, de carácter transnacional, ha sido destapada gracias a la operación ‘Black Holidays’ que, el pasado mes de marzo y tras dos años de investigación patrimonial, ha propiciado la ejecución de los arrestos y ha procedido al bloqueo de más de 2,5 millones de euros en diferentes cuentas bancarias. Además de los siete detenidos, hay una octava persona investigada no detenida y se han realizado seis registros en domicilios de Málaga, Fuengirola, Marbella y Estepona, y otros dos en empresas de Mijas Costa.
El inicio de la investigación, llevada a cabo por agentes del Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, tuvo lugar gracias a la denuncia colectiva de los 155 jubilados extranjeros perjudicados, representados todos ellos por un único abogado. La cifra de la estafa superaba, entre todos, los 1,8 millones de euros.
Clubes de vacaciones con ventajas falsas
El modus operandi de la red consistía en captar a sus potenciales víctimas en congresos que organizaba la propia organización criminal. Allí, les ofrecían la posibilidad de inscribirse en sus clubes vacacionales para disfrutar de una supuesta gran cantidad de ventajas, a cambio siempre de la cesión de los derechos de multipropiedad de los que disponían los inversores. Las engañosas ofertas incluían, además, el supuesto compromiso de la devolución de las cuotas iniciales y anuales, que las víctimas habían abonado, a través de un cheque reembolso, si completaban la permanencia de 36 o 54 meses.
En el momento en el que los perjudicados descubrieron que las ofertas eran inexistentes, las quejas y reclamaciones comenzaron. Para mantener y prolongar la estafa, la red criminal la transformó, ejecutando una migración de las empresas ya existentes desde actividades de ocio a un servicio de reclamación jurídica para asistir a los estafados en la recuperación de su propio dinero.
Tras la prolija investigación, los agentes del Grupo II de Delitos Económicos lograron desentrañar una compleja red de sociedades mercantiles, diseñada desde España, Gran Bretaña y otros países no cooperativos en materia fiscal y tributaria. La intención última de la red era ocultar y dificultar la trazabilidad del dinero defraudado, cuya cifra se estima en 1.832.541 euros.
