Las ZBE se han convertido en una medida no exenta de polémica en toda España
Málaga
La inminente llegada de la Zona de Bajas Emisiones a Málaga: plazos, apoyos y rechazos a la polémica ordenanza
Aunque no funcionará al 100 % hasta dentro de tres años, la aplicación de esta medida viene precedida por el revuelo causado por la sentencia judicial que tumbó la ZBE madrileña
La ciudad de Málaga se encuentra ultimando los detalles para la implantación definitiva de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que lleva planeando sobre el Consistorio varios meses. La llamada Ordenanza de Movilidad Sostenible ha sido aprobada de manera preliminar por la Comisión de Urbanismo, está ya en fase de alegaciones y con toda probabilidad será aprobada en el próximo Pleno, de manera que solo quedará pendiente su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPA) para su entrada en funcionamiento, a más tardar, a finales de año.
Las cámaras de vigilancia ya están instaladas en postes y semáforos y, a pesar de que la aplicación completa de las restricciones aún tardará casi un año en llegar, las primeras prohibiciones pedagógicas y sin imposición de multa son inminentes.
Esta ZBE abarcará 437 hectáreas de la capital, que incluyen las calles de Paseo Marítimo Antonio Machado, Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, avenida Ingeniero José María Garnica, calle Explanada de la Estación, Plaza de la Solidaridad, avenida de las Américas, avenida de la Aurora, Jardines de Picasso, avenida de Andalucía, calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, Plaza del Hospital Civil, avenida Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, Plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Plaza Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda y calle Rafael Pérez Estrada.
Durante este primer año de restricciones, podrán acceder a esta zona delimitada los vehículos con etiquetas ambientales CERO, ECO, C y B, así como aquellos sin etiqueta. A partir del segundo año, solo tendrán acceso libre de multa los vehículos con etiquetas CERO, ECO, C y B y los domiciliados en Málaga sin etiqueta. Durante el tercer año, podrán acceder los que posean etiqueta CERO, ECO y C y sin etiqueta pero domiciliados en Málaga. Las infracciones, que comenzarán el segundo año, serán sancionadas con una multa grave de 200 euros.
En cuanto a los transportes públicos, tendrán acceso libre los transportes colectivos regulares de viajeros, taxis, VTC, vehículos históricos y camiones; así como los vehículos de asistencia sanitaria pública y privada, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios municipales y los servicios privados de especial necesidad.
Defensores y detractores
Mientras que la medida ha sido celebrada por el Partido Popular y las diversas asociaciones medioambientales, las críticas a esta regulación han llegado por parte de Vox, que ha aprovechado la sentencia judicial fulminante sobre la ZBE madrileña para cargar contra su implantación en Málaga.
Así, desde el Ayuntamiento han asegurado que la medida es «jurídicamente robusta y completa» y confían en que «en cuanto resolvamos las alegaciones, si todo va bien, la llevaremos al Pleno de octubre, se publicará en el Boletín y empezará a aplicarse en la ciudad de Málaga el periodo transitorio».
La concejalía de Movilidad sostiene que han atendido gran cantidad de alegaciones de las más de 40 asociaciones con las que se han reunido hasta conformar una norma fuerte y segura jurídicamente, que atiende las derivadas socioeconómicas de restringir el acceso de vehículos contaminantes, algo que no se priorizó en el informe del Ayuntamiento de Madrid.
Sin embargo, Antonio Alcázar, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, no ha dudado en criticar las similitudes de ambas medidas. «Los mismos errores, la misma falta de previsión económica y el mismo desprecio por las clases trabajadoras y los autónomos. Desde Vox nos oponemos a que se impongan restricciones que perjudiquen a quienes no tienen los recursos para cambiar de vehículo o adaptar sus vidas a medidas tan drásticas», ha expresado.
Es por ello que su grupo municipal ha presentado una moción denunciando esta «imposición injusta» que, en palabras de la portavoz adjunta, Yolanda Gómez, «no es más que una prohibición encubierta que afectará a más del 96,3 % de los vehículos de Málaga, según el propio informe del Ayuntamiento».
Por otro lado, sostienen que la supuesta imposición de esta medida por Europa es falsa, ya que se limita a una simple recomendación que el PP ha ejecutado como una «decisión política para seguir recaudando a costa de las familias malagueñas».
