La Fiscalía de Málaga solicita 14 años de cárcel para los guardias civiles acusados de tráfico de armas

Arranca este lunes el juicio contra los siete integrantes de la presunta trama criminal dedicada a introducir en el mercado negro armas clasificadas para su inutilización o achatarramiento, entre ellos, dos ex altos mandos de la Guardia Civil. La Fiscalía pide 14 años de prisión por tenencia ilícita de armas de fuego prohibidas, depósito de municiones de guerra, pertenencia a grupo criminal y falsificación de documento oficial. A la hija del entonces jefe de Intervención de Armas y Explosivos (IAE), también miembro de la Guardia Civil, se le suma un delito de simulación.

Tal y como se esgrime en las conclusiones provisionales, el Ministerio Público ha manifestado cómo, desde el año 1998, los acusados formaban parte de un entramado criminal dedicado al tráfico de armas. Los presuntos cabecillas se sirvieron de los puestos que ocupaban en el Cuerpo para introducir en el mercado negro un elevado número de armas de fuego «en perfecta disposición de uso».

El excapitán y jefe de la IAE (unidad donde se depositan la totalidad de las armas incautadas por los Cuerpos de Seguridad de la provincia y las halladas por los ciudadanos) desviaba, supuestamente, armas de los lotes destinados a achatarramiento para grabarlas como si estuvieran inhabilitadas cuando, en realidad, se encontraban en perfecto estado de uso. En el escrito se argumenta la «plena capacidad» del acusado para certificar el estado de las armas y gestionar la documentación relativa a la legalidad de un arma de fuego.

El líder se servía de otras seis personas para mantener operativo su entramado, entre ellos, el jefe del Servicio de Armamentos y Equipamiento policial de la Guardia Civil de Málaga desde el 6 de noviembre de 1987 hasta el 27 de junio de 2013. Él era la persona encargada de «inutilizar las armas» incautadas que después de certificaban como tal aunque se mantuviesen en perfecto estado.

Posteriormente, las armas se trasladaban hasta una empresa de reciclados y residuos, la cual estaba dedicada al comercio de chatarra y reciclaje y era administrada por el dueño de una armería. Era allí donde, supuestamente, se procedía al achatarramiento de las armas, aunque el control «era inexistente y no se registraba posteriormente documento justificativo de la real destrucción». En lugar de procederse a su eliminación, desde el Ministerio Público se asegura que se ponían a disposición de terceros, los cuales las distribuían a nivel nacional e internacional.

Como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil entre 1997 y 2005, algunas de ellas en coordinación con el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), se pudo desvelar el papel que desempañaba cada uno de los integrantes del entramado y «la multitud de armas introducidas en el mercado negro».

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid detectó, a principios de 2014, varias ofertas de compraventa de armas de fuego inutilizadas en diversos portales de la red, las cuales se sospechaba que habían sido rehabilitadas. Tras identificar al vendedor, el 26 de marzo de ese mismo año se detuvo a un policía local de Málaga y se le intervinieron 64 armas de diferentes calibres; todas ellas habían sido depositadas previamente en la IAE de la capital andaluza y, aunque habían sido certificadas como inutilizadas, se encontraban en perfecto estado de funcionamiento.

Posteriormente, el 31 de agosto de 2017, un arma que figuraba como «inutilizada» desde 2005 fue empleada por un ciudadano estonio, que se suicidó en Torremolinos. El certificado había sido emitido por el exjefe de la IAE y estaba a nombre de su pareja. Lo curioso fue que, un año antes, la hija del excapitán había denunciado su robo en el Puesto de la Guardia Civil de Casabermeja.

El 1 de febrero de 2016, la IAE solicitó a la pareja del presunto líder del entramado su comparecencia para la inspección física de las 25 armas no aptas que figuraban a su nombre. Sin embargo, la mujer no se presentó y, un mes después, su hija alertó del supuesto robo de 12 armas inutilizadas que guardaban en su residencia eventual, entre las que se encontraba la empleada por el estonio en 2017.

Como consecuencia de las sospechas generadas tras este presunto robo, las autoridades realizaron varios registros en los domicilios de cada uno de ellos el 13 de julio de 2018, en los cuales se intervinieron casi una veintena de armas, entre ellas, una de las denunciadas por robo, además de cartuchos, munición de guerra y numerosa documentación con certificados de inutilización de armas.

Por todo ello, la Fiscalía ha presentado a los detenidos como responsables de los delitos de tenencia ilícita de armas de fuego prohibidas, por el que solicita una pena de tres años de prisión; de depósito de municiones de guerra, por el que pide otros nueve años; de pertenencia a organización criminal, dos años de prisión; y de falsificación de documento oficial por autoridad pública, 12 meses de multa a razón de una cuota diaria de 20 euros. Asimismo, ha acusado a la hija del presunto cabecilla de un delito de simulación, por el que solicita otros 12 meses de multa a razón de 20 euros diarios.