Una brigada de la Guardia Civil puede acabar en la cárcel tras denunciar corrupción de un cabo del Seprona

Una brigada de la Guardia Civil ha contado públicamente que se enfrenta a más de un año de prisión tras denunciar presuntas irregularidades en el Seprona de Sevilla.

María Serrano, acompañada de varios representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), se acogió al formato de revelación pública, garantizada en la ley de protección a los denunciantes de corrupción del año 2023, para ofrecer detalles del caso que le afecta, y que arrancó hace casi 15 años.

Por aquel entonces, Serrano, que era sargento primera, denunció a un cabo del Seprona de Sevilla que habría sido respaldado por sus superiores. Sin embargo, y tras varios años de acusaciones por su parte, el ex jefe de la Comandancia de Sevilla le acabó denunciando a ella por denuncia falsa, lo que hará que la ahora suboficial, de baja médica, afronte un juicio militar en el que se le solicita un año de prisión.

Un cabo del Seprona, en el punto de mira

Ante este panorama, su defensa ha presentado informes policiales que revelarían las supuestas ilegalidades cometidas por el cabo Enrique Castillo, perteneciente al servicio dedicado a la protección de la naturaleza dentro del cuerpo, y que están vinculadas a la lonja municipal Mercasevilla y a otras empresas de reciclajes de aceites vegetales.

La Comandancia de Sevilla, según su versión, tapó todo y se dedicó a «enterrar en vida» a la denunciante, que acabó denunciada. El juicio al que se enfrenta, previsto para los días 17 y 18 de septiembre, ha sido suspendido sine die. El fiscal y los denunciantes solicitan un año de prisión para ella.

«La Justicia militar no es como en la ordinaria. Si te condenan a tres meses de prisión, tienes que entrar sí o sí», indicó la brigada, que añadió que la persona que lo denuncia es el actual general de división y jefe del Estado mayor de la Guardia Civil, Fernando Mora Moret, por entonces jefe de la Comandancia de Sevilla.

Empresas que vertían aceites

La denuncia de Serrano sostenía que el cabo Castillo, que a día de hoy sigue adscrito al Seprona en la provincia de Sevilla, miraba para otro lado para no sancionar a aquellas empresas que vertían aceites vegetales, un peligro para la salud pública, así como a los mayoristas de pescado que acudían a la lonja de la capital andaluza con mercancía irregular. Al encuentro público, convocado por la brigada en un hotel de la capital hispalense, acudió el vecino de Coria del Río Sergio González, afectado por posible inhalación de gases tóxicos que le habrían provocado la incapacidad total.

Serrano añadió que en su momento no acudió a Asuntos Internos al no tener acceso a ellos y estar obligada «a remitir los hechos que denunciaba a mis superiores directos», alegó, repitiendo que estos ignoraron sus denuncias.

«No entiendo la impunidad de este cabo. Me tengo que sentir protegida y no lo estoy. Desde 2009 denuncié varias infracciones administrativas en informes, pero los mandos me han enterrado en vida. Eso sí, lo volvería a hacer», comentó ante los medios. La Guardia Civil no ha ofrecido por el momento su versión de los hechos.

La AUGC, que la apoya, ha lamentado que el Gobierno siga sin instaurar en el seno del instituto armado un canal interno para este tipo de denuncias al que obliga una resolución de la Unión Europea.

En el año 2015, se estableció que diversos comportamientos en la Guardia Civil, como la insubordinación, podrían juzgarse por el Código Penal Militar y no según el Régimen Disciplinario. La AUGC reivindica además que una vez se conforme ese canal que debe revisar las denuncias debe estar formado por las asociaciones y no solo por los mandos porque de ser así, pocos agentes querrán atreverse a dar el paso si saben que afectan a sus superiores.