El caso Borrás, en el epicentro de la purga en los Mossos

Toni Rodríguez era hasta hace un par de semanas jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos. Y como responsable de esta área, había llevado a cabo algunas de las investigaciones más delicadas de la Policía Autonómica. Por ejemplo, había investigado al exconsejero de interior, Miquel Buch, por la presunta contratación irregular en la consejería de un mosso que había actuado como escolta personal del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuando huyó a Bélgica. Pero también puso bajo la lupa al presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé. Se investigaba si desde este organismo se habían hecho adjudicaciones a cambio de recibir comisiones. Y algunas de las empresas implicadas habían hecho donaciones a fundaciones próximas a la antigua Convergència.

Son sólo algunos de los casos en los que ha trabajado Toni Rodríguez. Tanto él como su segundo recibieron presiones políticas, especialmente cuando investigaban al exconsejero Miquel Buch, hasta el punto de que tuvieron que pedir amparo al TSJC, según publicaba La Vanguardia.

Pero otro de los casos sonados que estaban investigando los Mossos era el que afecta a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. En entredicho estaba su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILLC) entre 2013 y 2018, por haber fraccionado contratos por casi 260.000 euros para adjudicárselos a dedo a un colaborador suyo, Isaías Herrero. Está investigada por los delitos de prevaricación, fraude en la administración, malversación y falsedad.

La Policía Autonómica se hizo cargo de la investigación a instancias de un juzgado de Barcelona, pero vino el primer problema. La propia Borràs reconoció en varias entrevistas a medios de comunicación, intentando posteriormente introducir algún matiz, que el consejero de Interior, Miquel Buch, había comprobado si la estaban investigando. En concreto la presidenta del Parlament explicó que había preguntado a Buch por el motivo de que los Mossos fueran a la sede del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), organismo dependiente de la Generalitat. El consejero le explicó, según la versión de Laura Borràs, que se estaban llevando a cabo diligencias a instancias de un juzgado, que no se trataba del TSJC, y también le negó que la estuvieran investigando. Una confesión que provocó un gran malestar en el departamento de Interior, porque había pedido al consejero información sobre un caso que estaba bajo secreto de sumario.

Se cuestiona también la desaparición de algunos correos electrónicos que implicarían a Borràs

Y a esto hay que sumar varias filtraciones del caso a los medios de comunicación, lo que no gustó a la juez encargada de la investigación. Filtraciones que, según se apunta, habría hecho la propia Borràs para defenderse de las acusaciones. Pero todo ello acabó en que la juez de instrucción 9 de Barcelona quitó la investigación a los Mossos y se la dio a la Guardia Civil. El instituto armado ha concluido, por otro lado, que la presidenta del Parlament dio instrucciones «concretas» a Isaías Herrero sobre «cómo proceder para efectuar un desglose de contratos con proveedores diferentes y cantidades a facturar».

El caso de Borràs también ha pasado por un periplo judicial. Lo inició el juzgado de instrucción 9 de Barcelona. Pero al ser diputada en el Congreso, el Tribunal Supremo se encargó de la investigación. Y cuando Laura Borràs fue elegida diputada en el Parlament, pasó esta vez a manos del TSJC. Por cierto, que el instructor del Supremo encargó a principios de 2021 algunas diligencias puntuales a los Mossos relativas al caso que afecta a la presidenta del Parlament, después de que la Policía Autonómica fuera expulsada de la investigación por las filtraciones del caso y la confesión de Borràs sobre Miquel Buch.

Desaparición de correos

Y por si no fuera poco este intríngulis, se cuestiona también la desaparición de algunos correos electrónicos de los servidores de la Generalitat que implicarían a Borràs en el fraccionamiento de estos contratos. Unos mensajes que sí se encontraron en el ordenador personal de Isaías Herrero. Hay que tener en cuenta que en la época en la que se empezó la investigación a Borràs, el responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información era el actual vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, en tanto que era el consejero de Políticas Digitales. Puigneró ha dicho que no le constan estos borrados y que, si se produjeron, se podría deber a las políticas de archivo del centro, es decir, el borrado podría ser automático.

El último capítulo de esta historia es el intento de la presidenta del Parlament de modificar el reglamento de la cámara catalana en beneficio propio: el objetivo es eliminar un artículo que evitaría la suspensión de Borràs si finalmente el TSJC le abre juicio oral.