La justicia acorrala a Colau por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones

«Hay muchos imputados que no dimiten. Yo sometería a referéndum mi dimisión». Así se expresaba la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en un programa de televisión en el año 2014. Por aquel entonces era candidata. Ahora, como regidora del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, tendrá que declarar ante el juez el próximo 4 de marzo en calidad de imputada por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude en la contratación y prevaricación.

La denuncia fue presentada el pasado mes de diciembre por la asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática. El motivo de la querella es el supuesto trato de favor de la alcaldesa a entidades amigas, algunas de ellas de las que ha formado parte. Una de las señaladas es la plataforma DESC de la que provienen varios altos cargos de su equipo entre los que se incluye ella misma. En la denuncia se han incluido también otras entidades como Ingenieros sin Fronteras y Alianza contra la Pobreza Energética.

Por estos motivos, Colau tendrá que sentarse en el banquillo para aclarar la financiación concedida a estas asociaciones desde su Gobierno. La alcaldesa tuvo que enfrentarse anteriormente a una querella similar hace apenas unos meses pero la Fiscalía decidió archivarla. En esta ocasión el juez ha pedido documentación al Ayuntamiento para intentar aclarar si se ha cometido o no un delito y también ha realizado una petición a la propia Fiscalía sobre el archivo de las denuncias anteriores.

Obligación de dimisión

Más allá de la querella, la polémica ha surgido por la obligatoriedad de dimisión que establece la normativa interna de su partido si uno de sus miembros es investigado.

De acuerdo con el código ético de Barcelona en Comú, la alcaldesa Ada Colau debería renunciar a su cargo y dimitir de manera inmediata. Esta exigencia se recoge en su artículo 3.6 en el que se puede leer la obligada dimisión de sus cargos por «imputación o acusación judicial por delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, malversación y apropiación indebida de fondos públicos». Por lo tanto, y debido a que la investigación va encaminada a dilucidar si la alcaldesa concedió de manera irregular subvenciones, su normativa le obligaría a dimitir.

A pesar de ello, Colau ya ha aclarado que no va a hacerlo y se ha defendido apuntando que el código ético especifica que en la denuncia exista un ánimo de lucro personal. Con ese motivo, y a pesar de la vinculación de las asociaciones beneficiadas con la alcaldesa, la líder de los comunes se ha negado a dejar su puesto.

Colau lo niega

La alcaldesa de Barcelona asegura no entender la decisión del juez tras el archivo de la Fiscalía. Colau asegura dudar de la entidad que ha interpuesto la querella porque «no se conoce su actividad ni quiénes son».

«Veo muchas cosas extrañas, como no saber quién está detrás de la asociación que denuncia», ha expresado en una entrevista para TV3. Además, ha asegurado que si tiene que ir a declarar irá y si tiene que compartir información tampoco tendrá problema para ello.