¿Por qué Colau se ensaña con los automovilistas?

En las próximas semanas, el Ayuntamiento de Barcelona hará público su último barómetro antes de las elecciones municipales. La alcaldesa de Barcelona ante la imposibilidad de atajar la crisis de seguridad que vive la ciudad y la percepción de abandono de la misma, que son los temas que de forma recurrente, junto al paro, encabezan las preocupaciones de los barceloneses, ha decidido crear un problema con la movilidad con el fin de distraer la atención de la opinión pública. Su objetivo es que la circulación sea el tema estrella de la campaña electoral de mayo del próximo año para orillar otras cuestiones donde tiene el debate perdido.

Colau accedió al Gobierno municipal basándose en una estrategia de agitación y de confrontación entre ciudadanos de a pie y colectivos sociales. Cuando fue elegida, lo hizo contra el comercio, contra los apartamentos, contra los hoteles, contra la restauración y contra el turismo. Esta política de enfrentamiento de restauradores contra vecinos, de turistas contra transeúntes, etc. le dio la victoria, y, ahora, enfrentando a automovilistas contra peatones, a barceloneses contra vecinos de otros municipios que cada día acceden a la ciudad para trabajar, busca recuperar el pulso perdido.

El punto de no retorno de su política contra el vehículo privado ha sido la apertura, hace pocos días, del Túnel de la Plaza de las Glorias, acceso clave a Barcelona desde el norte de la ciudad, el punto en el que muere la que fue primera autopista de peaje de España en 1969 entre Barcelona y Mataró. La obra ha tenido un coste de casi 200 millones de euros, más del doble de los 90 que la administración municipal preveía inicialmente. El túnel se inició en 2014 y se paralizó durante años, dado que Colau al acceder a la alcaldía abrió una investigación por sospechas de corrupción en la adjudicación de la obra por parte del anterior Gobierno municipal de Xavier Trias (CiU). La apertura del Túnel, con solo dos carriles para el tráfico privado, provoca un colapso que se inicia poco después de las seis de la mañana y se mantiene a lo largo de toda la jornada.

La batalla de Colau contra el coche privado busca presentarse como campeona de la sostenibilidad y el transporte público, pero su lucha contra los automovilistas en todos los frentes busca la polarización social, presentarse como defensora de los usuarios del transporte público y de los vecinos que hacen vida de barrio cuando la realidad es que la inversión en transporte público en Madrid es superior a la de Barcelona. No obstante, la capital de España cuenta con 320 km de metro y tranvía por 280 de Barcelona.

Hace poco más de una semana el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumbó la zona de bajas emisiones ZBE, uno de los proyectos estrella de Colau, destinado a forzar que los barceloneses y todos los catalanes que tienen que desplazarse diariamente en Barcelona se vean obligados a comprar coches híbridos con el coste que eso supone. El TSJC alegó deficiencias en la normativa para anular la ZBE. En todo caso, la Ciudad Condal se había convertido en la tercera urbe europea con las sanciones más altas por traspasar los límites de la ZBE con un vehículo considerado contaminante por Colau. Las multas de Barcelona estaban por encima de las de Londres o Ámsterdam.

En las últimas semanas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha infinidad de obras en lugares estratégicos de la ciudad que cortan las calles como el tranvía por la Diagonal, que cierra al tráfico a esta arteria clave de Barcelona, equivalente a impedir la movilidad en el Paseo de la Castellana de Madrid entre la Plaza de Colón y la Plaza Castilla, cargando de tráfico y generando polución en las calles adyacentes del Ensanche. También ha cerrado al tráfico la Vía Layetana impidiendo el acceso a la zona del Casco Gótico, el Puerto y la Barceloneta y ha empezado obras en Fabra i Puig.

Finalmente, ha seguido con la política de las llamadas «Superillas», que no consiste en otra cosa que simplemente impedir el tráfico en manzanas completas del Ensanche barcelonés. La estrategia de Colau es intentar desviar el debate hacia temas que ella pueda dominar y donde tenga una oportunidad de victoria.

Según Cáritas, el 29 % de la población de Barcelona está en riesgo de exclusión social. Eso son 885.000 personas, seis puntos por encima de la media nacional y 12 puntos más que en 2018. el 42 % de las okupaciones que se producen en España se realizan en Cataluña, principalmente en Barcelona, y una encuesta señala que el 30 % de los barceloneses si estuviera a su alcance cambiaría de lugar de residencia. En estas circunstancias impedir el tráfico privado, hacer demagogia sin invertir los recursos necesarios y generar enfrentamiento entre vecinos es su última oportunidad para retener la alcaldía, una carrera para la que ya se ha asegurado el apoyo de ERC para evitar ser desbancada por el PSC, que a estas alturas sigue deshojando la margarita de abandonar el Gobierno municipal o no.

Los socialistas son conscientes de que seguir apoyando a Colau les perjudica pero el poder es goloso y abandonarlo no es una decisión fácil.