El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy
Una asociación independentista y la familia Pujol, tras la querella contra Rajoy en Andorra
ERC, Junts, PDeCAT, CUP, Bildu y el BNG piden una comisión de investigación en el Congreso. Sánchez estaría meditando concederla para desgastar a Feijóo y agradar a sus socios
La justicia andorrana ha abierto diligencias contra Mariano Rajoy y los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro por la trama andorrana de la denominada 'operación Cataluña'. Según el Diari d'Andorra, la pena máxima para el expresidente del Gobierno de España podría ser de 13 años de condena por coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones y documentación inveraz.
La jueza andorrana también ha imputado al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, al exdirector general de la Policía, Francisco Cosido, al exdirector adjunto de la Policía, Eugenio Pino, y al agregado de seguridad de la embajada española en Andorra la Vella, Bonifacio Díaz.
La querella fue promovida por la organización de juristas independentistas catalanes Drets y por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra, y a la misma se han sumado el que fue principal accionista de la Banca Privada de Andorra BPA, Higini Cierco, y la familia de Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat, quienes tenían fondos en BPA desde 2011, según la investigación de la Audiencia Nacional dirigida por el juez José de la Mata. La investigación reveló que la familia Pujol ocultó 70,4 millones de euros en Andorra.
La querella se basa en las presuntas coacciones de las que habrían sido objeto directivos de la antigua Banca Privada de Andorra BPA para obtener información de las finanzas de la familia Pujol en Andorra. La magistrada considera que dichas coacciones son un ataque a la soberanía andorrana.
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
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En 2017 el entonces consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, hizo público que había recibido coacciones para revelar informaciones de las cuentas de los políticos nacionalistas catalanes. Miquel declaró en sede judicial que se le amenazó con destruir el banco si no colaboraba. Joan Pau Miquel pasó dos años en la cárcel y BPA, que a su vez era propietario de Banco Madrid, desapareció por sentencia de la justicia andorrana en 2015 debido a blanqueo de capitales. La justicia norteamericana también acusó a BPA de blanqueo de capitales de mafiosos y cárteles de México, Rusia, Venezuela y China.
Según informa Diari d'Andorra, la instructora de la causa, Stephanie Garcia, ha puesto en marcha las comisiones rogatorias internacionales para que las demandas lleguen a los afectados y les ha dado un plazo de quince días para nombrar un letrado que les represente en el Principado de Andorra.
La televisión autonómica catalana, TV3, ha presentado la admisión de esta demanda como un nuevo éxito judicial internacional del independentismo catalán y ha dado espacio a la presidenta del Instituto de Derecho Humanos Andorra, Elisa Muxella, la organización que ha colaborado con la branca jurídica de la Asamblea Nacional Catalana, Drets, impulsora de la iniciativa.
Los partidos independentistas catalanes, gallegos y vascos, aliados de Pedro Sánchez y apoyo clave en la mayoría parlamentaria que sostiene el gobierno de coalición: ERC, Junts, PDeCAT, CUP, Bildu y BNG solicitaron ayer viernes la creación de una comisión de investigación en el Congreso para obtener información de las presuntas actuaciones parapoliciales españolas en Andorra y cuál era el nivel de conocimiento de las mismas que Rajoy y su Gobierno tenían. Desde Moncloa están meditando conceder la creación de esta comisión, dado que necesitan contentar a sus socios, cada vez más exigentes, y a la vez así podrían desviar parte de la información que la próxima semana se centrará en la resaca de las elecciones andaluzas.
La imputación de Mariano Rajoy y otros ex altos cargos del Gobierno de España por una querella promovida por grupos políticos del entorno del Gobierno catalán pone de manifiesto la debilidad de la diplomacia española y el bajo nivel internacional de España, ya que no solo los tribunales de la UE infligen severas advertencias o posicionamientos desfavorables a la Justicia española, sino que un pequeño país como Andorra, con alta dependencia económica de España, abre diligencias impulsadas desde el independentismo catalán contra ex miembros del Gobierno de España.