Borràs, imputada por prevaricación y malversación, inaugura una 'Cumbre contra la Corrupción' del Parlamento catalán

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha acusado a España, aunque sin mencionarla directamente, de ser una «democracia viciada», una «democracia con tics autoritarios» que puede convertir la lucha contra la corrupción en un «arma para perseguir la disidencia». Así lo ha dicho durante su intervención en la II Cumbre contra la Corrupción que hoy se celebra en la cámara catalana. Se da la circunstancia de que Borràs está a un paso de juicio, después de que el TSJC la haya procesado por los delitos de fraude administrativo, falsedad en documento mercantil, delito continuado de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos.

Y es que Borràs habría adjudicado a un conocido suyo, Isaías Herrero, hasta 18 contratos, por valor de casi 260.000 euros cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2017. Para ello, los habría fraccionado de forma irregular, para no levantar sospechas.

La presidenta del Parlament se ha referido a su situación, aunque tampoco la ha citado expresamente, para asegurar que «la lawfare también es una estrategia de represión y demasiado a menudo consigue el objetivo de ensuciar con la corrosiva mancha de la corrupción a los adversarios políticos. Es una estrategia especialmente grave porque consiste en la corrupción de la lucha contra la corrupción». Y eso, sin ninguna duda, según Borràs, «empeora la democracia porque la subvierte y la pervierte». Una situación que para la presidenta de la cámara es una «vulneración flagrante» de derechos fundamentales.

Más allá de esta referencia a su situación personal, Borràs ha advertido que «la corrupción es el principal enemigo de la democracia» porque «erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones». Además, según la presidenta del Parlament, aunque la democracia sea el menos malo de los sistemas políticos, siempre puede empeorar: «La democracia también está asediada, y ayer vivimos una muestra de ello hasta bien tarde en el Parlament», en referencia a la decisión de la mayoría independentistas de la Mesa de asumir las actas del voto delegado del exconseller Lluís Puig.

Recordemos que Borràs se encuentra en una situación complicada, y no sólo desde el punto de vista judicial, sino también político. Y es que el reglamento del Parlament contempla que «una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata». Pero Borràs no tienen intención de dejar el cargo, es más, insiste en que es inocente y que no ha cometido ningún delito. Excepto Junts per Catalunya, el resto de formaciones, de forma más o menos directa, han pedido su dimisión.