Cuenta atrás para Borràs

El TSJC ha dejado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a un paso de ir a juicio, una vez ya ha concluido la fase de instrucción de la causa que pesa sobre ella por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. La presidenta del Parlament y tres personas más están procesadas por los presuntos delitos de fraude administrativo, falsedad en documento mercantil, delito continuado de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos.

Borràs habría adjudicado a un conocido suyo, Isaías Herrero, hasta 18 contratos, por valor de casi 260.000 euros cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2017. Para ello, los habría fraccionado de forma irregular, para no levantar sospechas.

Pero más allá de los problemas judiciales de Borràs, también se abre un interrogante sobre su futuro político, que pende de un hilo. Y en esta ocasión, parece que ERC y la CUP apuestan por dejarla caer. En este punto entra en juego el artículo 25.4 del reglamento de la Cámara catalana, que deja claro que la Mesa «una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata», y en caso de delitos asociados a la corrupción. Una suspensión, por lo tanto, que puede venir, aunque no haya condena, cuando se decrete apertura de juicio oral.

En este sentido, los grupos parlamentarios de la oposición creen que se debe aplicar este artículo, y, por lo tanto, la presidenta debería ser suspendida de sus funciones. En este caso, no podría ejercer como presidenta de la Cámara, tampoco como diputada, aunque conservaría su acta porque se trataría de una suspensión temporal, hasta que se conociera la sentencia.

De momento, la propia Borràs dice no sentirse «interpelada» por este artículo porque no ha cometido ningún delito, y atribuye su situación a la «persecución por parte del Estado», por el simple hecho de ser independentista. Y ha dejado clara su intención de atrincherarse en el cargo: «Todo muy de «democracia perfecta»: irse cargando derechos uno tras otro. Listo para un juicio justo…», decía Borràs en su cuenta de Twitter. Junts per Catalunya cierra filas en torno a la figura de la presidenta del Parlament. Hablan también de «represión» del Estado, de «persecución» y consideran que «la calidad democrática del Estado español vuelve a estar cuestionada», en palabras del portavoz de Junts, Josep Rius.

Pero no lo ven así ni la CUP ni, especialmente, ERC que rechazan el argumento de Borràs de que los delitos de corrupción, como tal, no existen. Y para meter un poco más de presión a Laura Borràs los republicanos lanzaron al ruedo a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que estuvo en el cargo cuando se celebró el referéndum ilegal del 1 de octubre. Forcadell le recomienda que no piense «en ella misma, sino en el prestigio de la institución. El Parlament tiene que ser una institución ejemplar, debe de tener tolerancia cero con la corrupción, tiene que ser transparente, una institución de la que los catalanes nos sintamos orgullosos».

Hay que recordar que los letrados del Parlament, a propuesta de la propia Borràs, emitieron un informe en el que se proponía eliminar este artículo del reglamento referido a la suspensión de un diputado si se abre juicio vinculado a la corrupción. Los letrados consideran que este artículo no tiene «ningún precedente ni referente en el derecho parlamentario» y, además, presenta «serias dudas de constitucionalidad respecto a la presunción de inocencia». Esta reforma fue impulsada por la propia Borràs, pero de momento parece haber quedado en un cajón.

Otra cuestión a tener en cuenta, es que antes de aplicar este artículo, se puede pedir a la comisión del Estatuto del Diputado, que preside Junts per Cataluña, un informe que aclare si los delitos de los que se acusa a Borràs entran dentro de la consideración de corrupción. Y, en cualquier caso, sea o no favorable este informe a Borràs, se debe someter después a votación en el pleno del Parlament, sin el pronunciamiento de la presidenta. Aquí, como ya decíamos, sería clave la posición que puedan adoptar los republicanos y los cuperos. Pero para eso habrá que esperar a que el juez abra juicio oral, ponga fecha y hora para la vista, y será entonces cuando la cámara catalana active los mecanismos que sean necesarios. No hay que perder de vista tampoco que está en juego la continuidad del propio Govern, ya muy tocado por las continuas desavenencias entre ERC y Junts.

Pero además, los republicanos han pedido a Borràs explicaciones «convincentes». Y es que hay elementos que señalan a la presidenta del Parlament, conversaciones interceptadas a Isaías Herrero y también e-mails que ambos se intercambiaron. Así, por ejemplo, el conocido de la presidenta de la cámara catalana, en una conversación con otra persona en 2017, decía que temía la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno porque podía aflorar «marrones», y también explicaba: «Yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapispor ahí, yo debo hacer un presupuesto bueno, o sea tengo que hacer dos presupuestos buenos y cuatro de no buenos. Lo peor es si la Borràs deja de ser directora».

Y entre los e-mails que se intercambiaron, aparece uno en el que explican que el mismo proveedor no podía presentar facturas sobre conceptos diferentes el mismo año, y que, por lo tanto, tenían que «llamar a puertas» y «enredar a alguien» para facturar a nombres diferentes y para no superar el máximo de 18.000 euros de contratos menores.

En otro de los correos, Borràs deja claro que «el presupuesto debe quedar como si fueseis profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabes, los 18.000 más IVA. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en varios paquetes es cuando entonces piensan que hay una infracción. La cuestión, entonces, es fraccionar cada uno de los conceptos para que quede claro que son como partes que se deben unir conjuntamente».

En otro correo, de 2015, Borràs explicaba a Herrero que tenía que haber tres presupuestos para cada proyecto, pero eso sí, le tranquilizaba asegurando que el dinero lo tenía «reservado» y era «para esto».

En caso de perder la presidencia del Parlament, Borràs tendría refugio en Junts per Catalunya, partido que preside, aunque su capacidad de influencia quedaría muy limitada.