Cataluña  Alay, el hombre clave de Puigdemont, en el punto de mira de la Justicia

Josep Lluís Alay es la mano derecha del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. De hecho, es director de su Oficina. Este profesor e historiador fue excomisionado de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, y también, con Quim Torra, ocupó el puesto de coordinador de Políticas Internacionales de Presidencia, que quiso agradecerle así su activismo independentista. Pero también está en el punto de mira de la justicia, con la que tiene varias causas abiertas.

De hecho, esta misma semana ha tenido que declarar en el juzgado de instrucción 1 de Barcelona, por una pieza separada del caso Volhov, por una supuesta filtración de información reservada de un Mosso. El jefe de la oficina de Puigdemont habría pedido al agente que le diera información sobre si había o no controles específicos en su contra. Para ello, el mosso habría accedido a ficheros policiales.

Sin embargo, Alay negó ante el juez Joaquín Aguirre que recibiera esta información y aseguró que consultó al agente después de comprobar que su nombre aparecía en el sistema de alertas policiales porque le paraban en los controles de seguridad de los aeropuertos. El agente, a su vez, habría enviado a Alay un pantallazo que, según la Guardia Civil, correspondería efectivamente a un fichero policial, para confirmarle que el 17 de julio de 2020 (fecha para la que hizo la consulta) no había ningún control específico para él. Para el abogado de Josep Lluís Alay, Gonzalo Boye, estos hechos «no son delictivos» porque la información no era reservada, y por lo tanto, «no hay revelación de secretos».

Esta es una pieza separada del caso Volhov que instruye el Juzgado de Instrucción número 1, sobre el presunto desvío de fondos al proceso independentista. Se investiga al propio Alay, pero también al exconsejero de ERC, Xavier Vendrell, al exdirigente de CDC, David Madí o al empresario Oriol Soler, por formar parte supuestamente de una trama que desviaba fondos públicos para financiar los gastos del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Waterloo. Desvío de fondos que también se hacían desde la Diputación de Barcelona, donde Josep Lluís Alay ocupó un cargo. Por este motivo, el juez pidió a este organismo los detalles de sus viajes y a la Guardia Civil que investigase su patrimonio. Precisamente la Audiencia de Barcelona ha anulado estas diligencias recientemente y ha ordenado al juez a que las justifique, pero no basándose en «resultados sobrevenidos que pudieran haberse obtenido».

Y a este núcleo duro del ‘procés’, a Vendrell, Madí, Soler y al propio Alay lo investiga la Audiencia Nacional por formar parte presuntamente de Tsunami Democràtic, una plataforma que poco después de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los líderes del proceso independentista, convocó protestas, algunas violentas; así como la ocupación del aeropuerto del Prat o de la autopista AP-7. De Alay un informe de la Guardia Civil asegura que estaba al tanto de todas estas acciones que pretendía llevar a cabo Tsunami, mucho antes de que se convocaran por redes sociales.

No hay tampoco que olvidar que el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona también investiga la conocida como «trama rusa», las conexiones del separatismo con Rusia para conseguir el apoyo de este país al proceso independentista. Y Alay se reunió con varios funcionarios rusos. Ha reconocido tres viajes a Moscú, aunque según él, en ningún caso tenían nada que ver con este objetivo, con conseguir el favor de Rusia. En uno de esos viajes, en junio de 2019 dio una conferencia a puerta cerrada sobre la situación política en Cataluña a la que asistió, entre otros, el exespía ruso Andrei Bezrukov. Volvió a encontrarse con él y con el director de un programa de política internacional en el ruso Canal 1 en febrero de 2020.

Y, además, Josep Lluís Alay está pendiente de juicio por un viaje que hizo a Nueva Caledonia en 2018, para seguir como observador el referéndum que se celebró en este país. Viaje que se hizo con fondos públicos pese a ser «ajeno a sus funciones», según la Fiscalía, que pide para él tres años de cárcel y 17 de inhabilitación. El Ministerio Público le atribuye los delitos de malversación de caudales y prevaricación y pide que se le condene a indemnizar a la Generalitat con los 4.732 euros que costó el viaje, que fueron asumidos por el Departamento de Presidencia a cargo del presupuesto de la Oficina del President.

Alay, por otro lado, también fue investigado en 2018 porque compartía coche con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuando éste fue detenido en Alemania. De hecho, los dos agentes de los mossos que también iban con ellos llegaron a ser juzgados por encubrir presuntamente a Puigdemont, aunque la Audiencia Nacional los acabó absolviendo. El juez acabó archivando las pesquisas sobre Alay y también sobre el empresario Javi Matamala, que también iba en el vehículo, al no tener la condición de funcionarios.