El blindaje del que ya goza el catalán

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de las entidades que defienden el bilingüismo ha sido el pacto alcanzado entre el Gobierno central y el de la Generalitat, en la última mesa de diálogo, para «blindar el catalán en la escuela». De hecho, el ejecutivo de Sánchez daba su visto bueno a la ley aprobada recientemente por el Parlament, que el TSJC considera inconstitucional, que ha elevado al Constitucional porque excluye al castellano como lengua vehicular. «Ambos gobiernos comparten que el catalán debe seguir siendo la lengua normalmente usada como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo de Cataluña», si bien, añadía el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, «la enseñanza y el uso curricular y educativo del castellano también tiene que estar garantizado y tener una presencia adecuada en los currículos y proyectos lingüísticos». Para entidades como la Asamblea por una Escuela Bilingüe o Impulso Ciudadano, no es necesario proteger más al catalán porque ya está «sobreprotegido», no solo en el ámbito educativo, sino también en otros contextos, como los institucionales.

Como decíamos, el Gobierno avala la autonomía de cada centro educativo para valorar qué papel debe jugar una u otra lengua. Para eso están los Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC). ¿Y qué es lo que contienen? Es lo que analizó la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que examinó los proyectos de 2.214 centros de enseñanza públicos y concertados, y que estaban vigentes, naturalmente, antes de que entrara la nueva normativa catalana en materia lingüística. Así, por ejemplo, solo 126 centros impartían una asignatura NO lingüística en castellano; solo el 7,7 % de centros de Educación Infantil y de Primaria daban otra asignatura en español, además propiamente de la de lengua castellana. Solo 25 centros impartían en castellano asignaturas troncales en algún trimestre del centro escolar. Y en el caso de ESO y Bachillerato, solo un centro impartía asignaturas NO lingüísticas en castellano. Y otro dato a tener en cuenta: ninguno de los PLC de estos más de dos mil centros analizados, cumplía con el mínimo del 25 % de castellano, que es lo que establecía el TSJC en su sentencia.

Son los datos relativos al uso de las lenguas en el ámbito escolar, en las clases. Pero ¿qué sucede en las comunicaciones con las familias o entre profesores y alumnos? El 98,5 % veta, según el análisis de la AEB, el uso del castellano oralmente en todos los ámbitos del centro, es decir, en pasillos, patio o comedor. Y casi la totalidad realiza todas las comunicaciones escritas en catalán, las internas, pero también a las familias. De hecho, solo un 2,3 % de las escuelas envía estas comunicaciones en las dos lenguas oficiales, es decir, tanto en castellano como en catalán.

Pero más allá del ámbito educativo, «la ignorancia, el maltrato y la desconsideración hacia el español y el aranés es constante en los escaparates institucionales de Cataluña de Internet». Es lo que aseguran desde Impulso Ciudadano, teniendo en cuenta el idioma utilizado en guías, normas, servicios u otros trámites. Así, por ejemplo, en las páginas web gubernamentales, no existe tal trilingüismo, puesto que en muchos casos, o los contenidos solo aparecen en catalán sin posibilidad de cambiar de idioma, o bien, lo que ocurre con más frecuencia: «contenidos anunciados o titulados en castellano que enlazan a su desarrollo o explicación con textos o audios en catalán». Y en otras, como en la del Parlament, se ofrece la opción de Google Translate, aunque ya se advierte de que la traducción no es oficial. Aparecen avisos como éste: «Las versiones en idiomas diferentes del catalán se realizan con el traductor de Google (…) No se hace ninguna revisión de la traducción, por tanto, es posible que contenga errores. Sin embargo, el resultado es suficiente para comprender la información que se ofrece».

Pero es que la página web del presidente de la Generalitat también está solo en catalán. Más ejemplos: los trámites para pedir ayudas a personas dependientes, pensiones no contributivas, la renta mínima garantizada y otras prestaciones sociales básicas están en catalán. Sí se anuncian en castellano las plazas para cuerpos docentes o de bomberos, pero el enlace del desarrollo de la convocatoria está solo en lengua catalana. O se deja en blanco la página web en español sobre la actividad de los mossos.

Por otro lado, desde el departamento de Políticas Digitales se está impulsado el proyecto Aina, que tiene como objetivo, según el consejero responsable, Jordi Puigneró, «garantizar el derecho» de los catalanes a relacionarse con las máquinas en su lengua. Aina tiene como objetivo generar recursos digitales y lingüísticos para desarrollar aplicaciones basadas en la inteligencia artificial y las tecnologías de la lengua, como los asistentes personales, traductores automáticos o sintetizadores de voz. Y por supuesto, usar solo el catalán y el inglés, porque tal y como se asegura en la web, Aina, es «el proyecto para garantizar el catalán en la era digital».

También desde la Generalitat se ofrece una guía para «hacer crecer el catalán en Internet». Y uno de los recursos que se ofrece es el destinado a 'catalanizar' el ordenador mediante un programa específico, Softcatalà, «que convierte el sistema operativo y las aplicaciones» al catalán. Softcatalà pertenece a una entidad independiente, aunque colabora con la Generalitat a través del portal oficial Llengua Catalana.

Pero desde Impulso Ciudadano también destacan la «sobreprotección jurídica» de la que goza el catalán. Así, en la web de la Secretaría de Política Lingüística, se citan las 138 disposiciones de carácter principal que de forma mayoritaria, «priorizan el uso de la lengua catalana respecto a la lengua castellana», y en diferentes ámbitos, que van desde la función pública, a la toponimia, pasando por la enseñanza, los medios de comunicación o la actividad empresarial.

Y no hay que perder de vista todo el entramado de organismos del que dispone la Generalitat y que está al servicio de la inmersión lingüística o del fomento del catalán. Algunos de ellos dependen de la Secretaría General de Política Lingüística, como por ejemplo el centro de Terminología TERMCAT, el Servicio de Fomento del uso del Catalán o en Consorcio para la Normalización Lingüística (que tiene un presupuesto de casi 35 millones de euros). Y además, existe el Institut Ramon Llull, la Institució de les Lletres Catalanes, el Institut Català de les Empreses Culturals, o el instituto de Estudis Catalans, que son entidades públicas o semipúblicas del Departamento de Cultura que se dedican al catalán. Estamos hablando de 14 organismos, que dependen de esta consejería, que cuentan con un presupuesto, este año, de casi 385 millones de euros, un 28 % más que en el ejercicio anterior.