El ayuntamiento de Premià de Dalt contrata a la empresa Desokupa para frenar las ocupaciones ilegales de las mafias

El ayuntamiento de Premià de Dalt (Barcelona), gobernado por Junts y PSC, ha contratado los servicios de la empresa Desokupa para frenar las ocupaciones ilegales de viviendas por parte de las mafias. El contrato es de un año con un coste de 3.000 euros más IVA. El alcalde, Josep Triadó, defiende la medida porque lo prioritario «es garantizar la seguridad» del municipio. En la comarca del Maresme, que es donde se encuentra Premià de Dalt, el problema de las okupaciones está a la orden del día. Mataró, su capital, es la segunda ciudad, sólo por detrás de Barcelona, con un mayor número de ocupaciones ilegales. Se registran una media de cincuenta al mes.

Con esta medida se pretende evitar los procedimientos judiciales. Aquí es donde actuará Desokupa, en la «resolución amistosa» del conflicto, para no llegar a los juzgados ante la lentitud de la justicia, algo que «agrava el impacto negativo de las ocupaciones en el municipio». Es lo que ha explicado el alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó quien ha reconocido que su decisión puede levantar críticas, pero también ha dejado claro que lo que más le importa es garantizar la seguridad del municipio, y de los vecinos.

Triadó, eso sí, precisa que Desokupa actuaría en el caso de las ocupaciones mafiosas, con este servicio de asesoramiento. Cuando existan ocupaciones sociales, por parte de personas vulnerables, éstas las seguirán gestionando Servicios Sociales. El alcalde ha defendido a la empresa, de la que dice que reconoce que utiliza «métodos alternativos», pero también es cierto, añade, que pese a las denuncias que ha recibido Desokupa «nunca ha sido condenada» por sus actuaciones. Y más allá de esta cuestión, Triadó confía en que la contratación de Desokupa tenga un efecto disuasorio entre las mafias.

Antes de impulsar esta medida, el Ayuntamiento de Premià de Dalt ya había puesto cámaras de control de matrículas en todos los accesos del municipio y puso en marcha un equipo de serenos para vigilar al pueblo durante la noche, en zonas apartadas.

La legislación catalana, permisiva con la okupación

Por otro lado, para el abogado experto en ocupaciones ilegales José María Español, que un ayuntamiento recurra a una empresa privada para solucionar este problema «es una evidencia de que la legislación en Cataluña es perjudicial para la propiedad en particular y para la sociedad en general». Además recuerda que el municipio está gobernando por dos partidos que en el Parlament votaron a favor de la ley que «obliga a un gran tenedor a ofrecer un alquiler social a un okupa», lo que a su vez ha provocado «la revitalización de las ocupaciones ilegales en Cataluña».

Español también ha recordado que este tipo de empresas surgen a raíz de la aprobación este tipo de legislaciones que son benévolas con las ocupaciones. Empresas, con las que, asegura, «hay que tener mucho cuidado» porque «la raya entre la mediación y la intimidación a veces es muy fina». Pero también es evidente, según el abogado, que desde el 2015 el incremento de las okupaciones ilegales en Cataluña es exponencial, y con mucha diferencia respecto a otras comunidades autónomas como Madrid o Andalucía.

Para José María Español «el gran problema que hay es que el 90 % de okupaciones se producen sobre viviendas de grandes tenedores, lo que provoca que estos fondos de inversión o empresas que las han comprado, prefieran ir al ocupante y pagarle una cantidad económica, antes que ir a un procedimiento judicial que puede llevar más de un año y medio», y eso a la larga lo que provoca es que haya mas okupaciones y la existencia de las mafias.

Al abogado no le extrañaría que otros alcaldes tomaran «decisiones y medidas como esta para parar el número de ocupaciones ilegales», porque grandes alcaldes pueden perder el poder en las próximas elecciones municipales debido a los problemas asociados a las okupaciones. En este sentido, apuesta por una reforma de la ley que es «imprescindible». Y también ha lamentado que en Cataluña se pueda parar la reforma que dejó pendiente la exconsejera de Justicia Lourdes Ciuró, que «daba herramientas a comunidades, vecinos y ayuntamientos para que pudieran denunciar a los okupas».