La obsesión del Gobierno catalán por arrinconar a la Guardia Civil y la Policía Nacional

«Nos quieren expulsar de Cataluña», «quieren borrar todo aquello que represente al Estado». Son dos de las ideas que trasladan a El Debate asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional cuando les preguntamos por la intención del consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, de avanzar en el «despliegue» de la Policía Marítima de los Mossos; o por las declaraciones de la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, asegurando que para el Govern es «fundamental» recuperar el edificio en el que se encuentra la sede de la Jefatura de la Policía Nacional en Barcelona, en Vía Laietana.

En el caso de la Policía Marítima, el consejero de Interior ha anunciado que esta unidad contará con más efectivos, más sedes, más embarcaciones y, en una segunda fase, los Mossos patrullarán las 24 horas del día por todo el litoral catalán. De momento, en este primer verano de servicio completo, los agentes de esta unidad han realizado más de 2.500 horas de patrullaje, más de 300 identificaciones y se han asistido unas 40 embarcaciones. Una unidad que está formada por medio centenar de Mossos, tiene tres sedes (Palamós, Ametlla de Mar y Vilanova y la Geltrú) y dispone de cuatro embarcaciones.

El consejero de Interior insiste en que la policía autonómica «también tiene que estar en el mar» para garantizar «derechos y libertades» y ser una policía integral «que tiene todas las competencias» y «las ejerce plenamente». El problema es que, en marzo de 2019, la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial decidió que la Guardia Civil sería el cuerpo que asumiría todas las funciones policiales en el mar y, por tanto, los Mossos y la Ertzaintza sólo tendrían competencias administrativas en aguas interiores marítimas, que son las comprendidas entre la costa y la línea base.

Balance

Pero los Mossos sacan pecho de su actuación en este ámbito. Así, por ejemplo, detallan que este verano se han identificado a 294 personas, se han tramitado 154 actas por infracciones administrativas, 55 servicios de protección de eventos marítimos, 35 inspecciones en empresas del sector, 24 servicios de búsqueda, localización y salvamento de personas, 16 simulacros con otros organismos y 37 asistencias a embarcaciones y personas, entre otras.

Ante este panorama, desde el JUCIL piden al Gobierno que «ratifique en Cataluña a la Guardia Civil como única fuerza policial competente en seguridad en el mar». Esta asociación advierte de que la presencia de embarcaciones de los Mossos, pueda provocar «malentendidos y problemas a los ciudadanos». Y no sólo eso, otro problema añadido es que no se informe a la Guardia Civil de las intervenciones del servicio de emergencias: «No estamos incluidos en el servicio de emergencias del teléfono 112. De manera que, en muchas ocasiones, cuando nos enteramos de una emergencia, llegamos tarde» asegura Milagros Cívico, portavoz del JUCIL en Cataluña. Temen, en definitiva, que pase lo mismo que ha ocurrido con el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), que «literalmente ha desaparecido» de Cataluña, aseguraba Cívico.

La comisaría de Vía Laietana

Uno de los flancos abiertos del Govern es éste con la Guardia Civil. Y el otro es con la Policía Nacional, a cuenta de la jefatura del CNP en Barcelona. La nueva consejera de Justicia, Gemma Ubasart, dejaba claro que una de las prioridades del departamento que dirige es convertir la comisaría de Vía Laietana en la sede del Memorial Democrático. Así lo aseguraba en una entrevista en Catalunya Ràdio, la radio pública catalana, en la que también apuntaba que se trataba de una cuestión «fundamental» que iban a poner sobre la mesa en las negociaciones con el Gobierno. «Ahora es el momento», aseguraba Ubasart. No hay que perder de vista que la cesión de este edificio, y, en definitiva, el traslado de la Jefatura es uno de los caballos de batalla de los independentistas, además del Ayuntamiento de Barcelona.

¿Qué piensan los sindicatos de la Policía Nacional? Desde el JUSAPOL, su portavoz en Cataluña, Marcos Veiras, dice que la Ley de Memoria Democrática da a los separatistas los instrumentos para reclamar la cesión: «El Gobierno le está dando todas las herramientas para que los partidos independentistas puedan iniciar el desalojo de nuestro centro de trabajo y conseguir esa reivindicación que llevan reclamando especialmente desde el inicio del proceso independentista».

Desde el SUP aseguran que, si el Gobierno quiere hacer con la Jefatura algo parecido a lo que ha hecho Hungría con la 'Casa del Terror', no tienen nada que decir. Pero otra cosa, apuntan, es que ceda a las pretensiones de los independentistas. Esto, según Antonio Granados, portavoz del SUP en Cataluña, sí sería «una bajada de pantalones». Aun así, no cree que con la reforma que se está haciendo en el edificio se vaya a concretar la cesión, porque no lo entenderían los votantes socialistas que podrían pensar que «han malgastado dinero en un edifico público español para luego cederlo y que lo conviertan en un museo de no sé qué patochada», resume Granados.

Y desde le CEP dejan claro que la policía está para servir a los ciudadanos «y es mucho más que un edificio». Eso sí, Rocío Caballero, su portavoz en Cataluña, deja claro que lo que no van a aceptar bajo ningún concepto es que «se quiera relacionar lo que haya pasado durante el franquismo y en un edificio con la Policía Nacional. Eso sería alarmante».

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Barcelona también se trabaja para conseguir esta cesión, y junto con entidades de memoria histórica de la ciudad, está elaborando un proyecto para crear un plan de usos del edificio. Y sobre esta cuestión, el PSC, en el ámbito municipal, no lo tiene nada claro. En 2019 votó a favor de expulsar a la Policía Nacional de Vía Laietana. Votó a favor de una proposición presentada por ERC en la que se instaba a negociar con el Gobierno la cesión de la titularidad del edificio al Ayuntamiento o a la Generalitat para convertirlo en un espacio de memoria de la represión franquista. Dos años después, en 2021, los republicanos volvían a presentar una proposición en la misma línea. Esta vez, los socialistas se abstuvieron.