La comisaría de la Policía Nacional en Barcelona resiste al acoso del independentismo

La jefatura del Cuerpo Nacional de Policía se encuentra en el número 43 de Via Laietana de Barcelona. Y es la sede de la Policía desde que acabara la Guerra Civil. A partir de ahí, y porque está vinculada a la «represión franquista», es la razón por la que los independentistas y también los comunes insisten en que se ceda este edificio para convertirlo en una especie de «memorial» democrático, de «centro de interpretación de la memoria y denuncia del franquismo».

Aunque, si es por represión, cabe recordar que los calabozos de este edificio, en los años 30 del siglo pasado, estaban a cargo de Miquel Badia, responsable de Seguridad Pública de Cataluña. Un dirigente de Estat Català (vinculado a ERC) que torturaba a sindicalistas detenidos.

En cualquier caso, conseguir esta cesión y que la Policía Nacional deje la sede de la Jefatura se ha convertido en uno de los caballos de batalla de los partidos independentistas, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. 

Se lo piden al Gobierno vía enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, vía negociación de la Comisión Bilateral o aprobando mociones en el Consistorio de la capital catalana. 

De momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se mantiene en el no: la Policía no se va a mover de la sede de la Jefatura. Es lo que han repetido dos ministros, el del Interior y el de Presidencia, y también el número dos de Interior. Es más, se están haciendo obras en el edificio para acondicionarlo.

Los sindicatos denuncian el «ataque»

En medio de estos dimes y diretes políticos están los agentes de la Policía Nacional. Dicen que lo único que buscan los independentistas es echarlos porque son «las fuerzas de ocupación». Es lo que ha explicado a El Debate Marcos Veiras, portavoz del JUPOL en Cataluña, que considera que esta petición de cesión es «un ataque directo hacia nuestro principal centro de trabajo, y se utilizan argumentos trasnochados y de épocas que no tienen que ver con un país que pretende estar a la vanguardia de la UE». 

Y tampoco acaba de confiar en la palabra del Gobierno central, porque «ya son demasiadas mentiras y promesas incumplidas en otras reivindicaciones, como son la equiparación salarial con los Mossos y la expulsión de los compañeros destinados en Tráfico de la Guardia Civil en Navarra. Todo ello, cesiones de este Gobierno a las pretensiones de los partidos secesionistas». 

La jefatura es un bastión de la lucha constitucionalista, opina el SUP

Considera que sería una «traición» que finalmente se cediera ante los independentistas. Es de la misma opinión Luis Mansilla, responsable del SUP en Cataluña. También habla de traición, aunque prefiere pensar que no va a ser así porque «se está haciendo una reforma integral» en la sede de la Jefatura, y eso significa que «la idea es que nos quedemos». 

Ahora bien, también precisa que «el presente lo estamos viviendo y el futuro es incierto», y «todo depende de la situación y de las necesidades de cada momento». Pero recuerda que la Jefatura es un «bastión de la lucha constitucionalista» y de ahí que los independentistas quieran echarlos.

En cualquier caso, ambos sindicatos recuerdan que esta situación se está traduciendo en un éxodo de agentes. «Ningún compañero se quiere quedar aquí a trabajar, en cuanto pueden solicitan marcharse a otra comunidad», precisa Veiras.

Apoyo de PP, Barcelona pel Canvi y Cs

Desde el ámbito político, PP, Barcelona pel Canvi y también Ciudadanos se oponen a la cesión. Luz Guilarte, líder del grupo municipal de Ciudadanos afirma que el hecho de que se plantee su cierre «no es por la iniciativa de los partidos independentistas, sino que ocurre por la falta de coraje, determinación y de firmeza del PSOE-PSC. Quienes, como siempre, se pliegan a los intereses del separatismo». 

En la misma línea se pronuncia Óscar Ramírez, del PP, quien asegura que, por este motivo, los socialistas tienen que acabar saliendo «a rectificar posturas». En cualquier caso, deja claro que lo que más molesta a los separatistas es que «ondee la bandera nacional y que cuelgue de su fachada. También sus agentes, que son representantes del Estado. Lo que les acaba molestando es todo lo que les recuerda a España y tenga presencia en la ciudad de Barcelona».

Guilarte sostiene, además, que los socialistas son capaces de «vender a la Policía Nacional a cambio de los Presupuestos, no me cabe la menor duda». 

Todo ello, a raíz de la enmienda presentada por ERC pidiendo la cesión del edificio. Sobre esta cuestión, Eva Parera, líder del grupo municipal de Barcelona pel Canvi, destaca que el hecho de que los republicanos hagan esta petición, que ésta sea una de sus prioridades con una situación económica complicada, «demuestra lo importante que es que los partidarios independentistas no gobiernen y no tengan capacidad de influencia porque son puro sectarismo». «Y lo que es peor, puro odio. Estos temas no son los que van a ayudar a los barceloneses», añade. Y además, Parera deja claro: «Los edificios no torturan, son las personas».

Por otro lado, algunas entidades, como Politeia, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) y la Plataforma 17-A, que nació tras el atentado de La Rambla y Cambrils de 2017, han pedido al Ministerio del Interior que «descarte la cesión política del edificio de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña». 

La otra historia que no gusta

Lo han hecho en un escrito que han enviado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que adjuntan un informe del historiador César Alcalá. En él, Alcalá recuerda que este edificio ya estaba operativo antes del franquismo y también sirvió como centro de detención de personas contrarias a la República, que en muchos casos fueron torturadas.

El informe de un historiador recuerda que edificio ya fue centro de detención en la República

Por lo tanto, creen que es «parcial, tendenciosa y moralmente despreciable» la petición que hacen los partidos independentistas, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona porque «olvida asesinatos realizados por sus propios partidos, sindicatos y asociaciones en el oscuro periodo de la guerra civil».

Eso fue en el pasado, pero más recientemente el edificio se ha convertido en el centro de las protestas de los independentistas radicales. Especialmente a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 son habituales los ataques que sufre la sede de la Jefatura. 

Ya se pudo ver en octubre de 2019, a raíz de las protestas contra la sentencia a los líderes del procés, cuando se produjeron graves disturbios en los alrededores de la comisaría, la que es conocida como la «batalla de Urquinaona». Y sin ir más lejos, el pasado 11 de septiembre, durante la Diada, también fue atacada la sede de la Jefatura.