La comisión europea que analizará el uso de Pegasus contra el independentismo se basa en un informe manipulado

El informe de Juan José Olivas, profesor de la UNED y la LSE Ideas, sobre el presunto uso de Pegasus por parte de los servicios secretos españoles desmonta la teoría de la conspiración que el independentismo construyó a partir de la publicación en la revista The New Yorker de un informe de Citizen Lab, (Universidad de Toronto). Este documento afirmaba que más de 60 líderes separatistas catalanes –y sus abogados y familiares– habían sido espiados.

Olivas en su informe, que ha llegado al Parlamento Europeo gracias al eurodiputado catalán Jordi Cañas (Cs), concluye que el estudio de Citizen Lab no es riguroso dado que no ha sido corroborado de forma independiente. Además, señala que de las 65 infiltraciones en dispositivos móviles solo cuatro han podido ser verificadas.

El estudio sobre el uso de Pegasus en España no es el primero que realizó sobre este tema Citizen Lab. En 2018 hizo público un primer dosier sobre los países que usaban el programa de espionaje Pegasus, y entre ellos no constaba España.

Sin colaboración

El informe Olivas aporta datos sobre el oscurantismo de Citizen Lab, y sobre los intereses cruzados entre las presuntas víctimas y el instituto vinculado a la Universidad de Toronto. Entre otras, el profesor de la LSE recuerda que ninguno de los posible afectados ha querido entregar a los juzgados sus teléfonos para que los peritos judiciales designados puedan investigar el nivel de posible penetración de Pegasus en los mismos.

Informe no válido

El trabajo de Citizen Lab no superaría las mínimas exigencias de rigor de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) dado que no hay información sobre la cadena de custodia de las pruebas. El informe también vulnera el protocolo Berkeley de la ONU sobre el código abierto digital de investigaciones, que establece que los investigadores deben ser «responsables, competentes y objetivos». En el caso del informe sobre el uso de Pegasus en España, quien dirigió la investigación es un activista independentista catalán, Elies Campo, que se considera a sí mismo víctima del espionaje y, por lo tanto, carece de toda imparcialidad.

El informe publicado por The New Yorker también vulnera los parámetros del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de los Estados Unidos dado que no hay evidencias de cómo se analizaron los teléfonos. En una entrevista al diario El País, el director de Citizen Lab, Ron Deibert, fue incapaz de explicar cuándo y en qué circunstancia fueron analizados los teléfonos, ni cuántos de los 65 aparatos fueron efectivamente infectados.

De hecho, no hay prueba alguna de que nadie de Citizen Lab viajara a Cataluña para hacerse con los teléfonos a analizar hasta que Elies Campo fue contratado por el organismo de la Universidad de Toronto en 2022. Con lo cual, cualquier análisis que se hubiera efectuado, si es que se llevaron a cabo, tendría que haber sido en remoto, conectado a una red, y por lo tanto fácilmente alterable. Es más, la Universidad de Toronto afirma no tener registradas actas de reuniones sobre el tema Catalan Gate y Pegasus.

Software defectuoso

En mayo de 2022 un grupo de 16 profesores relacionados con instituciones como la Universidad de Leiden o la Queen Mary se dirigieron a Citizen Lab denunciando falta de principios éticos y metodológicos en la investigación. En julio de ese mismo año la misiva fue suscrita por un centenar de investigadores de Yale, Harvard, Northumbria, e incluso de la barcelonesa Universidad Pompeu Fabra. A pesar de esta carta, la Universidad de Toronto se negó a realizar investigación alguna, aunque pocos días más tarde Amnesty Tech, el titular del software que Citizen Lab afirma que utilizó para llevar a cabo el análisis, admitió problemas de falsos positivos y modifico su herramienta de detección.

Campaña de publicidad

El 10 de enero del 2022, meses antes de la publicación del informe por parte de la revista The New Yorker, la Asamblea Nacional Catalana compró el dominio catalangate.com. Un mes más tarde Citizen Lab contrata como becario a Elies Campo, quien había mentido en su currículum al afirmar que había trabajado para Telegram, extremo que la propia empresa ha desmentido. Campo, militante independentista catalán, sin perfil de investigador internacional, dirigirá la investigación en un tiempo récord; quizás porque las conclusiones estaban previamente escritas.

La concatenación de hechos muestra que todo lo relacionado con Citizen Lab parece sustentarse en un montaje premeditado para tapar la investigación que en marzo de ese mismo año el Parlamento Europeo abrió formalmente para estudiar los vínculos entre el independentismo catalán y Rusia. Estos vínculos no serán analizados por la comisión parlamentaria que visitará Madrid a lo largo de la presente semana.