La Generalitat repetirá las oposiciones a principios de julio tras el caos en el proceso

Entre el 1 y el 8 de julio se repetirán las oposiciones que se convocaron para estabilizar plantillas de la administración, las supervisadas por la empresa Cegos, y que resultaron ser un desastre, un auténtico caos organizativo. La Generalitat ha recibido más de tres mil quejas en el correo que abrió el pasado martes y que estará en funcionamiento hasta hoy. Estas comunicaciones denunciaban incidencias en el 99,7 % de las plazas. De ahí que también el Govern haya decidido indemnizar a los afectados por incidencias «masivas y flagrantes», en palabras de la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà.

Así por ejemplo, en estas quejas se denuncia que los exámenes empezaron tarde, que los espacios habilitados no eran los adecuados y estaban masificados, que se permitió el uso de móviles en las aulas, que no había vigilancia para controlar las pruebas, o que no había ni suficientes modelos ni separación entre aspirantes. Otros afectados han denunciado salidas no controladas de las aulas donde se hacían los exámenes.

Teniendo en cuenta esta experiencia, será la propia Generalitat la que asuma la organización de las nuevas pruebas, previstas para la primera semana de julio. Función Pública abrirá un correo para reclutar al propio personal de la administración para hacerlo posible.

Penalizaciones para la empresa

Mientras tanto, el Govern sigue pasando responsabilidades a la empresa subcontratada, a Cegos. De momento, ha decidido rescindir los contratos con la compañía, que ganó un contrato de 1,4 millones de euros para organizar procesos de oposición durante dos años. También esta empresa tenía que dar apoyo logístico en las oposiciones ordinarias, lo que podría suponer una «cierta demora» en estas pruebas. Por este motivo, Vilagrà ha dicho que está estudiando «qué otras medidas se pueden tomar para penalizar a la empresa».

Lo que está claro es que la Generalitat indemnizará a los afectados. «Queremos tener este gesto para compensar los perjuicios económicos que tuvieron», decía Vilagrà, que también ha precisado que los aspirantes no tendrán que demostrar ningún tipo de gasto porque la indemnización será general, aunque tampoco ha explicado cómo se abonará ni de qué cantidad se trata.

La empresa se defiende

Mientras tanto, Cegos se ha defendido de las acusaciones en un comunicado, en el que ha lamentado «los inconvenientes» para los aspirantes. La empresa apunta a la Generalitat. Recuerda que su trabajo sólo es «una parte del proceso de selección» y también deja claro que el «éxito del conjunto depende de la buena ejecución de todas las fases que lo componen, la mayor parte de ellas son responsabilidad de la Generalitat».

La compañía explica que el Govern tenía que hacer tres trabajos «críticos» para que se pudieran llevar a cabo las pruebas, como la de disponer de los espacios adecuados para hacer los exámenes; asignar y distribuir los candidatos en las aulas y elaborar el material del examen que posteriormente Cegos tenía que imprimir. Y en las tres tareas, asegura la empresa, hubo «un posible incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte de la Generalitat que pudo dificultar el correcto desarrollo del proceso selectivo».

Cegos explica que el Govern les había proporcionado un protocolo de distribución de los opositores en el aula, por el que el número de personas convocadas por aula fuera como máximo un 50% de su capacidad máxima. Pero dice la compañía en el comunicado, «contrariamente a estas indicaciones, la Generalitat facilitó unos espacios en los que no se podía cumplir su propio protocolo en 151 de las 213 aulas proporcionadas».

También Cegos acusa a la Generalitat de haber ignorado sus peticiones para que les facilitasen los exámenes al menos siete días antes de las pruebas, que es lo que estipulaba el contrato, en caso de «un único examen o convocatoria». Pero la empresa recuerda que aquel día se produjeron simultáneamente hasta 73 convocatorias, y, por lo tanto, había más de 600 modelos diferentes de examen.