Sánchez intenta oficializar el catalán en Europa mientras Francia lo prohíbe en sus instituciones

El Consejo Europeo del pasado martes dio un portazo a Pedro Sánchez y a su petición de oficializar el catalán en Europa al estilo que se hace en los foros diplomáticos, con un aplazamiento sine die de la cuestión.

Muchos de los Estados miembros habían fruncido el ceño ante una propuesta que traspasaba un problema nacional a comunitario. Las normas no escritas en Bruselas son claras: para que un tema sea tomado en serio debe ser propuesto por un mínimo de dos o tres Estados miembros y alguno de ellos debe ser uno de los grandes Estados de la UE, o sea, Francia, Alemania o Italia.

El tema de las lenguas regionales –hay más de 200 dentro de las fronteras de la UE– incomoda a casi todos los países y, sin ir más lejos, nuestra vecina Francia se ha negado a ratificar la Carta Europea de lenguas regionales o minoritarias aprobada por el Consejo de Europa.

Es más, Francia camina en sentido contrario a España y protege al francés frente a las lenguas regionales. En mayo de este año el Tribunal administrativo de Montpellier anuló los reglamentos de los ayuntamientos franceses de Elna, Els Banys, Tarerac, Portvendres y Saint André, todos ellos municipios cercanos a la frontera española, que permitían el uso del catalán en los plenos municipales a condición, tal como ocurre ahora en el Congreso de los Diputados español, de que se realizará la oportuna traducción al francés.

El tribunal argumentó que la Constitución francesa afirma que el francés es la lengua del Estado y que como tal no puede ser relegada a lengua de traducción. La sentencia fue taxativa: «La primacía de la lengua francesa es puesta en cuestión por el reglamento interno –de los ayuntamientos– cuando prevé que la expresión de los consejeros municipales tiene lugar primero en catalán con una traducción posterior al francés».

En Francia, el catalán no es oficial a pesar de que tiene una cierta implantación en el departamento de los Pirineos Orientales, debido a que hasta 1660, fecha de la firma del tratado de Llivia, 33 municipios del actual Rosellón francés pertenecían a la Corona española. En mayo de 2021, el Consejo Constitucional francés, el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional, prohibió la inmersión lingüística en catalán, vasco u otras lenguas regionales en las escuelas al considerar que «relega al francés a un segundo plano».

La sentencia tiene un párrafo que pone de manifiesto la distancia sideral que en materia lingüística están España y Francia: «Los particulares no pueden valerse, en sus relaciones con las administraciones y los servicios públicos, del uso de otra lengua que no sea el francés». La sentencia del Constitucional galo llega a detalles como la prohibición de usar en el registro civil signos diacríticos que no sean propios de la lengua francesa, así, por ejemplo, un niño francés no puede llamarse Iñigo.

La Generalitat de Cataluña realizó una encuesta en el sur de Francia que indica que el 4 % de la población de esa zona del hexágono tiene el catalán como primera lengua, un 37 % lo sabe hablar y un 65 % afirma comprenderlo. La realidad es que el catalán en el sur de Francia vive una situación de acantonamiento que nada tiene que ver con el uso, protección y promoción oficial que se hace desde España.

La emisora pública France 3 emite un programa semanal en catalán de siete minutos, lo cual es anecdótico comparado con los recursos y el presupuesto de TV3, que asciende a 336 millones anuales y emite 24 horas al día exclusivamente en catalán. Frente a las ediciones en catalán de los principales medios de comunicación escritos de Cataluña, La Vanguardia y El Periódico, fuertemente apoyadas desde la Administración, el principal medio de Perpiñán, L'Independant, publica dos o tres reseñas semanales de índole cultural en catalán.