Vox quiere llevar al Consejo de Garantías Estatutarias la reforma del reglamento del Parlament que permitirá a Puigdemont votar

Vox no se va a quedar de brazos cruzados ante la reforma del Reglamento del Parlament que han pactado los partidos separatistas, los Comunes y el PSC para habilitar el voto telemático. O lo que es lo mismo, para permitir que prófugos de la justicia, como Carles Puigdemont, puedan votar desde el extranjero.

Por este motivo, tienen intención de acudir al Consejo de Garantías Estatutarias para que emita un dictamen sobre la legalidad de esa reforma. Eso sí, para hacer esta petición se necesita el apoyo de dos grupos parlamentarios. Por este motivo, la formación que dirige Ignacio Garriga en Cataluña, está negociando con el Partido Popular, para «presentar conjuntamente un escrito».

El objetivo de Vox, según fuentes del partido, es retrasar o evitar, en la medida de lo possible, que se celebre el pleno del Parlament del 25 de julio, en el que está previsto que se apruebe esa reforma. A eso hay que añadir las «dudas de posible ilegalidad en la que estarían incurriendo con esta modificación».

De momento, la Mesa del Parlament ha aprobado proponer a la Junta de Portavoces que el 11 de julio se celebre un pleno para aprobar a tramitación del texto por lectura única, que es lo que pedían los grupos impulsores de la reforma. Salvo sorpresas, se dará luz verde al trámite, y será el 25 de julio cuando se celebre un segundo pleno para hacer la votación final de la reforma, que no tiene otro objetivo que puedan votar los diputados que están huidos de la justicia. Es el caso de Carles Puigdemont y Lluís Puig.

Desde Vox denuncian que «se modifique las leyes a conveniencia de los intereses partidistas de unos pocos. En este caso, con la delegación del voto para favorecer a fugados como Puigdemont, y este pueda votar a distancia». Pero la formación también considera que, con la reforma, también se busca «favorecer a los mimados 'quemacontainers' de la CUP y modificar las condiciones para que estos puedan constituirse como Grupo Parlamentario, un derecho que no le otorgaron los electores».

Y, la otra cara de la moneda sería institucionalizar el cordón sanitario a Vox en algunos ámbitos, al «modificar las condiciones de la declaración institucional y poder excluir a Vox de estas». Para la formación, esta medida persigue «poder reafirmarse en su pensamiento único».

También desde el partido que dirige Ignacio Garriga se muestran muy críticos con el PSC, porque «antes era la muleta del separatismo, y hoy es ya un partido más al servicio de la causa separatista». Y acusan a la Mesa del Parlament de «estar al servicio de unos pocos partidos y al dictado del golpista y fugado de la justicia, de Puigdemont» cuando debería representar el interés de todos los grupos parlamentarios.

Se da la circunstancia de que esta reforma, avalada por el PSC y que permitiría el voto a distancia de los prófugos, llega pocas semanas después de una decisión del Tribunal Constitucional que acordó el pasado cinco de junio anular el voto del exconsejero Lluís Puig, la pasada legislatura, contra los acuerdos de la Mesa que le permitieron votar a distancia. El Constitucional se pronunció tras un recurso presentado precisamente por el PSC contra el voto telemático de Puig. Un partido socialista que está en plenas negociaciones con ERC y Comunes para conseguir la investidura de Salvador Illa.

Propuesta de reforma

En la propuesta para regular estas cuestiones, los grupos se han fijado en lo que pasa en otras cámaras parlamentarias. Así, por ejemplo, incorporan en las opciones para activar la delegación de voto en «situaciones excepcionales debidamente justificadas a criterio de la Mesa en que, para impedir el desarrollo de la función parlamentaria y dadas las especiales circunstancias, se considere suficientemente justificado».

También plantean que un nuevo artículo regule la votación telemática en los mismos términos que la delegación de voto para situaciones excepcionales, y que también sea posible para los diputados que tengan compromisos de representación institucional en el extranjero.

Además, se quiere modificar el artículo que regula la conformación de los grupos parlamentarios para asimilarlo al sistema del Congreso de los Diputados. Con la reforma, los diputados podrían cambiar de grupo los primeros cinco días de cada periodo de sesiones. Este cambio permitiría que algún grupo cediera diputados a la CUP para conformar grupo propio y que, después, volvieran a la formación original. Y los grupos también plantean una reforma para que sea necesaria una mayoría de dos tercios de la Junta de Portavoces, en vez de unanimidad, para aprobar una declaración institucional en el Parlament.