Las «trampas» del acuerdo que hará presidente a Illa: referéndum pactado y persecución al español

Este jueves, a falta de aclarar qué ocurre con el regreso de Carles Puigdemont, está previsto que el socialista Salvador Illa sea investido como presidente de la Generalitat de Cataluña. Será gracias a los votos de los Comunes –a través de un acuerdo que, entre otras medidas, entierra el proyecto del Hard Rock esta legislatura– y de ERC, protagonistas de un polémico pacto que ha hecho correr ríos de tinta desde que se presentó, la semana pasada.

El texto ha sido analizado de arriba abajo, con una mirada especialmente crítica en la cuestión fiscal, ya que prevé la salida de Cataluña del régimen autonómico común y que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos en la comunidad, empezando por el IRPF en 2026. Más allá de esta financiación singular, que los republicanos consideran su gran logro y que se acerca a su propuesta inicial de un concierto similar al vasco –aunque el texto evita conscientemente el término–, el pacto entre el PSC y ERC «oculta» toda otra serie de polémicas en sus 25 páginas.

Una de ellas es el resurgir de la cuestión del referéndum pactado con el Estado. Se trata de un viejo caballo de batalla del independentismo en su versión «procesista», que parecía muerto y enterrado pero al que en el acuerdo entre el PSC y ERC se abre la puerta de nuevo. En concreto, en el apartado dedicado a la «resolución del conflicto político», en lo que supone la asunción por parte del PSC del marco mental de ERC.

En este apartado, el texto firmado por socialistas y republicanos destaca que en esta «nueva etapa» se habrán de abordar dos elementos. El primero es «el debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y la forma de vehicular institucionalmente y jurídicamente este reconocimiento», y el segundo, «la necesidad de que los acuerdos fruto del diálogo y la negociación sean refrendados por la ciudadanía y favorezcan la creación de un amplio consenso sobre el futuro de Cataluña».

Dicho de otra manera, se está describiendo un posible futuro referéndum sin utilizar la palabra clave. Más explícitos han sido en este aspecto los dirigentes de ERC, empezando por la secretaria general del partido, Marta Rovira, que en su primer discurso a los militantes tras regresar de Suiza les vendió el pacto con los socialistas como un paso para «ganar espacios de soberanía» y preparar a Cataluña «por si en algún momento tenemos la oportunidad de hacer un nuevo referéndum».

También el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, se ha referido a esta perspectiva futura. Lo hizo cuando se aprobó la ley de amnistía: «Tenemos la amnistía y también tendremos el referéndum», aseguró hace unas semanas.

Persecución al español

La segunda «trampa» que queda de alguna manera escondida entre la palabrería es la insistencia en la persecución al castellano. El texto pone énfasis en la educación y en potenciar «el uso social del catalán», a través de blindar su uso como lengua vehicular en la educación y en las actividades extraescolares, en línea con la actuación del gobierno de Aragonès esta legislatura.

El documento lanza una advertencia clara: «La Generalitat, si se pone en riesgo la prevalencia de este criterio pedagógico, promoverá, con el consenso del resto de fuerzas políticas y entidades que defienden el modelo de escuela catalana, las reformas y acciones necesarias para defenderlo y garantizarlo, sin abandonar nunca su objetivo».

Detrás de esta promoción se esconde la trampa: se continuará la pugna judicial con aquellos padres que quieren que sus hijos se escolaricen también en castellano y se mantendrán las sanciones a los comercios, ya que el documento advierte que se va a garantizar «activamente» que se cumpla la legislación, especialmente «en la empresa y el comercio». Y pone como ejemplo la rotulación, el etiquetado, la atención al público o la oferta de servicios.