Planta química de Repsol en Tarragona, en una imagen de archivo
Economía
El impuesto a las energéticas hará perder a Cataluña 1.100 millones de inversión
Repsol está pendiente de la decisión sobre este gravamen para realizar una inversión en la petroquímica de Tarragona
Este miércoles el Congreso de los Diputados debe decidir si da continuidad al impuesto a las energéticas. Dicho tributo se creó con aparente vocación provisional en 2022, con el fin de paliar los efectos de las crisis energéticas derivadas de las guerras en Ucrania y, a posteriori, de Oriente Medio.
Son dos lugares estratégicos donde la producción y extracción de petróleo y gas podrían verse afectados por el devenir de los conflictos bélicos. El impuesto consiste en un recargo del 1,2% de la cifra de negocio de las empresas energéticas que facturen más de 1.000 millones anuales.
Repsol, según informa On Economía, está pendiente de la decisión sobre este gravamen para realizar una inversión en la petroquímica de Tarragona o bien abandonar el proyecto. La decisión que tome el congreso no es baladí para la economía catalana, dado que el complejo industrial petroquímico de Tarragona supone algo más del 2% del PIB catalán.
El proyecto contemplaba, por un lado, una planta para producir metanol y bio metanol renovable y por otra parte la construcción de la planta de hidrógeno renovable con mayor capacidad de España. El total de ambas inversiones asciende a 1.100 millones de euros.
Desánimo en Tarragona
El desánimo cunde en Tarragona, dado que los anteproyectos presupuestarios que el Gobierno ha enviado a Bruselas incluyen el mantenimiento de la fiscalidad especial a banca y energéticas. Además, podría darse el caso de que el Congreso, tal como está sucediendo con infinidad de leyes, prorrogara el trámite.
Esta situación también podría impulsar a Repsol a desistir de un proyecto que ya tendría que haberse empezado a desarrollar, pero el mismo fue congelado ante el anuncio del gobierno de dar continuidad a una fiscalidad que en primera instancia era provisional.
El complejo industrial de Repsol en Tarragona, en una foto de archivo
Son muchas las ocasiones en las que el consejero delegado de Respsol, Josu Jon Imaz, ha expresado su disconformidad con las medidas tanto ambientales como fiscales que toma el gobierno y que generan inestabilidad jurídica. Repsol insiste en que las condiciones de mercado, con el precio del petróleo disparado que se daban en 2022, no se dan en la actualidad y que, en consecuencia, este impuesto lastra su capacidad de inversión.
El presidente de Respol, Antoni Brufau, anunció en 2021 una inversión total de 1.4000 millones en Tarragona en el marco del Plan Estratégico 2021-2025. Esta inversión es la que ahora está a punto de perderse en favor de otras latitudes. Las decisiones que toma el gobierno de coalición PSOE-SUMAR podrían llevar a que estas inversiones se realizarán en países cercanos como Portugal o Francia.
Paradójicamente, la paralización del proyecto debido a la decisión del gobierno tendría efectos ambientales adversos dado que el proyecto incluye la construcción de nuevas plataformas neutras en carbono que supondrían la reducción en la emisión de más de dos millones de toneladas de CO2.
