Llevan a juicio a una banda que alquilaba pisos y los reformaba para uso turístico sin permiso de los dueños

Si hace unos días hablábamos sobre cómo los pisos okupados eran adquiridos por empresas como inversión a corto, medio o largo plazo —tema que ampliamos en breve—, hoy nos toca hablar de un fraude mucho más grave que ha llevado a una banda organizada ante el juzgado. Esta banda se dedicaba a alquilar pisos, para luego convertirlos en turísticos o compartidos, dejando de pagar el alquiler a los propietarios.

Entre 2017 y 2020, los diez encausados utilizaron documentación falsa para alquilar viviendas, acreditando solvencia económica y asegurando que pagarían el alquiler mensualmente sin problemas. Una vez firmado el contrato, y teniendo en cuenta el uso previsto para los pisos, empezaban a realizar obras sin el consentimiento de los propietarios.

Después de pagar la fianza y una o dos mensualidades para no levantar sospechas, dejaban de pagar. A pesar de las protestas de los propietarios, estos no podían recuperar sus viviendas, ya que, de manera clara, sus pisos habían sido okupados. En este caso, no para vivir, sino para hacer negocio. El negocio se realizaba a través de la plataforma Airbnb y otras webs inmobiliarias. Evidentemente, en ningún caso contaban con licencia para alquilar estos pisos como turísticos ni como compartidos.

Para protegerse, los acusados instalaban un sistema de cámaras en la entrada de las viviendas. Cuando los propietarios se dirigían a sus pisos para intentar recuperarlos, los acusados los amenazaban hasta conseguir que se marcharan. De este modo, los propietarios vivían aterrorizados por estos individuos.

Los pisos eran alquilados a través de una sociedad mercantil, al frente de la cual estaban un padre y su hijo. Además, una mujer era designada como administradora única de la sociedad, y su marido, junto con otros acusados, gestionaban los alquileres. Para ocultar la verdadera identidad de los arrendatarios, se utilizaron otras sociedades mercantiles, aparentando que los domicilios arrendados eran de su propiedad. La realidad es que ninguna de estas sociedades tenía actividad económica; eran simples tapaderas.

La fiscalía acusa a los diez encausados de pertenencia a grupo criminal, estafa, falsedad en documento mercantil, extorsiones y coacciones, además de exigir indemnizaciones para los propietarios de los pisos afectados. El daño económico a estos propietarios asciende a más de 600.000 euros. El juicio, que se está llevando a cabo en la Audiencia de Barcelona, solicita penas de entre tres años y medio y nueve años de cárcel para los acusados.