Los propietarios de pisos turísticos reclaman 4.280 millones al gobierno catalán como indemnización

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) reclama a la Generalitat de Cataluña más de 4.280 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial por las consecuencias que supondrá la aplicación del decreto que regula las viviendas de uso turístico, cifra que podría llegar a los 7.000 millones en toda la comunidad.

Apartur pide que se revise la legislación, pues esta expropiará el derecho adquirido sobre 7.200 pisos turísticos. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya anunció que, en base a este decreto, Barcelona no renovará las licencias de la ciudad donde haya pisos turísticos. Y no solo afectará a los existentes en Barcelona, sino a los que hay en las comarcas del Maresme y del Garraf.

El presidente de Apartur, Enrique Alcántara, ha asegurado que el decreto acabará con los 100.000 apartamentos turísticos que hay en Cataluña porque deja en manos de los ayuntamientos la decisión de hacer una nueva normativa para dar licencias, que no tienen por qué recaer en los propietarios actuales.

Asimismo afirma que «toda expropiación tiene que conllevar una indemnización», pues los propietarios han hecho inversiones y estas las tendrán que pagar aquellos que no permiten que existan estos pisos.

Seis meses de plazo

La reclamación, como ha afirmado Alcántara, se ha presentado ante la consellería de Territorio de la Generalitat, que tendrá seis meses para dar una respuesta y, de no recibirla, los propietarios presentarán la reclamación por la vía contencioso administrativa.

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite un recurso de inconstitucionalidad y que la Comisión Europea ha abierto un expediente por vulneración de la normativa comunitaria como consecuencia de la aprobación de esta normativa.

Apartur ha advertido que el decreto ley 3/2023 de la Generalitat rompe la regulación pionera en el sector establecida en Barcelona y recuerda que los apartamentos turísticos legales representan solo el 1 % del parque total de vivienda de la ciudad y que su eliminación «no garantiza que pasen al mercado residencial».

Alcántara ha puesto en valor el sector diciendo que los pisos turísticos de Barcelona aportan directamente 160 millones en impuestos a la administración pública. Asimismo, la actividad genera unos 345 millones de euros de impacto directo, mientras que el impacto indirecto llega a los 1.200 millones, de los que se benefician básicamente el comercio y la restauración.

Además, ha asegurado que con la desaparición de estos establecimientos se eliminarían el 40 % de las plazas turísticas de Barcelona y destruirían 5.000 puestos de trabajo, con lo que considera que la ciudad no podrá seguir organizando grandes ferias y congresos.

La idea de que el turismo crea el problema de la vivienda es «una falacia» según Alcántara y nadie garantiza que esos pisos vayan a volver al mercado, mientras cree que solo sirve para «camuflar» la falta de propuestas en materia de vivienda. Apartur ha propuesto que toda la recaudación de la parte municipal de la tasa turística, que en Barcelona asciende a unos 100 millones de euros al año, vaya íntegra a políticas de viviendas.