Los presos extranjeros en Cataluña siguen ganando peso: es la única comunidad donde superan a los nacionales

La población penitenciaria en Cataluña ha aumentado en los últimos dos años un 11,4% hasta llegar a los 8.594 internos, con datos a 31 de diciembre de 2024. Así se desprende de un informe que ha elaborado Marea Blava, que es una asociación de funcionarios de prisiones. De esta forma, el sistema penitenciario catalán ya se está acercando a su ocupación óptima, casi a un 90 % de su capacidad.

Otra cuestión que se destaca en el informe es que la población penitenciaria extranjera continúa aumentando. Y desde hace dos años, Cataluña es la única comunidad autónoma en la que el número de reclusos extranjeros (casi 52%) supera a los nacionales. Y esto explica también algunos de los problemas que se dan en las prisiones catalanas.

Según Cesc Freixes, portavoz de Marea Blava, esta situación incluye en un «aspecto negativo», porque estos reclusos extranjeros «tiene otros hábitos, son de otras culturas y también tienen dificultades para entender la lengua, lo que a su vez complica el poder gestionar a estos internos». También destaca que a menudo no tienen un «cojín familiar» en el exterior y tienen problemas cuando se les dan permisos de tercer grado.

Por todo ello, Cesc considera que cada vez es más complejo el trabajo de los funcionarios en los centros penitenciarios y también recuerda que hay una base de estos internos extranjeros que son «pluriagresores» precisamente a trabajadores de prisiones. De hecho, concluye que «las agresiones a funcionarios penitenciarios tienen como origen en un elevado índice, a estos internos que son extranjeros». En concreto, el informe recoge que el 63,94 % de estas agresiones en los últimos tres años «son protagonizadas por internos extranjeros» y el 59,31 % de las tentativas, también.

Agresiones sexuales

Otra cuestión que preocupa, y mucho, es el salto en el número de agresiones sexuales a funcionarias. Según el informe de Marea Blava, hace prácticamente cinco años no existía esta problemática, pero las cifras se han disparado en los últimos dos, tres años. Así, por ejemplo, mientras que en 2020 no se denunció ninguna agresión sexual grave a una trabajadora, en 2021 se produjo una denuncia; en 2022 ya subió la cifra a 11; en 2023 se registraron 22 y el año pasado, 25. O lo que es lo mismo: en los últimos cuatro años se han producido 59 agresiones sexuales graves en prisiones catalanas a trabajadoras.

Para Cesc Freixes, también puede haber detrás de esta incremento un «factor cultural», porque hay culturas, asegura, que «no respetan de la misma manera el trabajo de la mujer, y menos cuando esta es funcionaria. Es decir, que ejerce un rol de autoridad dentro de un centro penitenciario». Y recuerda también que la población reclusa, de forma mayoritaria (93,4) es masculina. A esto hay que añadir, explica, que el interno también forma parte de una sociedad «en la que cada vez se respeta menos el concepto de autoridad. Y esto también se ve reflejado en los centros penitenciarios».

Agresiones a funcionarios

Crecen las agresiones sexuales, pero también las agresiones y las tentativas de agresión a los funcionarios, si bien la cifra se ha estabilizado en los últimos dos años. De hecho, desde 2017 hasta 2024 estas agresiones se han multiplicado en un 330%. Desde Marea Blava lamentan que los «episodios de violencia» contra trabajadores penitenciarios «son un mal endémico, una lacra instaurada en el sistema, con una media de un incidente diario; 2,4 funcionarios afectados y 1,5 funcionarios agredidos diariamente».

Y, en concreto, el año pasado fueron agredidos 555 funcionarios y 871 sufrieron la agresión o una tentativa. Por centros penitenciarios, es en la cárcel de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, en la que más agresiones o intentos se registran a funcionarios: 278. Le siguen, pero a mucha distancia, Quatre Camins y Brians 2, con 130 y 126 funcionarios agredidos, respectivamente.

Ante esta situación, Cesc Freixes recuerda que hay soluciones, pero se necesita «la intensidad y la intencionalidad» por parte de la administración que, en estos momentos, brillan por su ausencia. Ha recordado que se han firmado acuerdos con los sindicatos de prisiones para mejorar las medidas de seguridad de los funcionarios, acuerdos con los que Marea Blava ha sido muy críticos, porque «intuíamos que no servirían para dar la vuelta a los datos y a la situación». Entre otras cuestiones, piden que se les considere como agentes de la autoridad y que se les dote de más recursos materiales, además de que se incremente la plantilla.

Y es que este es otro de los problemas. Crece la población reclusa, pero el número de trabajadores en los centros penitenciarios va a la baja. Si en 2020 el número de presos era de 7.884, a fecha 31 de diciembre de 2024 la cifra ha aumentado hasta los 8.594. Sin embargo, la evolución de la plantilla de trabajadores no ha sido la misma. Con relación al personal de vigilancia: en 2020 trabajaban 3.248 personas; el año pasado, 3.216. En los últimos seis años se ha reducido el personal en este ámbito en algo más de un 3 %, o lo que es lo mismo, en un centenar de trabajadores. El personal de tratamiento y de oficinas se ha mantenido más o menos estable en las cifras, con ligeras fluctuaciones.

¿Y cómo se conjuga un incremento de la población reclusa y una reducción de la plantilla? Para el portavoz de Marea Blava, «evidentemente mal», porque, además, en los últimos años «se han incrementado las tareas que tienen que hacer los funcionarios de vigilancia, ya sea haciendo informes, seguimiento de internos en diferentes situaciones, con lo que también sufrimos un incremento de trabajo». Y recuerda que, en Cataluña, los centros penitenciarios ya están muy cerca de las capacidades máximas de ocupación, el sistema está rondando ya el 90 %. Y no es lo mismo, dice Cesc Freixes, «gestionar la cárcel con un 75 que con un 90% de ocupación».

Otra cuestión que recoge el informe de esta asociación de funcionarios son los patrones de conducta de los internos. Aquí también hay diferencias entre extranjeros y los nacionales. Así, por ejemplo, los internos con nacionalidad española son más propensos a sufrir sobredosis leves y graves; también participan más en huelgas de hambre; registran más suicidios y son más propensos a las autolesiones graves. La población extranjera, en cambio, tiende a las autolesiones leves, a las tentativas de suicidio y a los incendios provocados.