El colapso en los juzgados rápidos da alas a los multirreincidentes en el área metropolitana de Barcelona

La preocupación por la multirreincidencia se extiende a buena parte de los municipios de Cataluña, que reclaman medidas más contundentes para ponerle freno. Porque no es un problema solo de Barcelona. En el área metropolitana, por ejemplo, se calcula que hay entre 300 y 400 delincuentes multirreincidentes que campan a sus anchas, debido, entre otras cuestiones, a la saturación de un sistema judicial «infradotado», en palabras del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Precisamente Collboni se reunió hace solo unos días con los municipios del llamado Arco Metropolitano, y del que forman parte Granollers, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú. Según datos del Ministerio del Interior, en los seis primeros meses del año, todos estos municipios más Barcelona acumulaban ni más ni menos que el 45% de los hechos penales de Cataluña y el 56% del los hurtos. Y en muchos casos hay detrás un denominar común: la multirreincidencia.

De ahí que pidan la creación de cuatro juzgados penales que asuman la competencia de los juicios rápidos del reto de partidos judiciales de la provincia de Barcelona; también reivindican la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para penalizar de forma efectiva la multirreincidencia y campos legales para incrementar la planta judicial, así como dotarla de más recursos.

Por poner solo algunos ejemplos, en Terrassa se detectó que unas 25 personas eran responsables de entre un 20 y un 25% d ellos delitos totales contra el patrimonio que se producían en la ciudad. Por este motivo, tanto la policía municipal como los Mossos llevaron a cabo un dispositivo para, en primer lugar, elaborar un historial de los multirreincidentes que actuaban en la ciudad. Y, a partir de ahí, y en colaboración con la Fiscalía, emprender las acciones judiciales oportunas. El resultado ha sido que nueve de ellos han ingresado en prisión. Y eso, según los responsables de los cuerpos municipales de la ciudad, ha tenido un impacto directo en la seguridad de la ciudad.

En Mataró, los Mossos y también la policía local han desplegado, desde mediados de septiembre, varios operativos que tienen en el punto de mira al incivismo y la delincuencia; desde los botellones, el menudeo de droga, la multirreincidencia o incumplimientos de la normativa por parte de algunos bares y discotecas. Operativos que se han llevado a cabo en el polígono del Pla d’En Boet, epicentro del ocio nocturno de buena parte del área metropolitana, y, por lo tanto, un buen reclamo también para los delincuentes multirreincidentes.

También en los últimos días se ha conocido la detención de un delincuente multirreincidente en Vilafranca del Penedès al que la policía detuvo como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un establecimiento de hostelería. Pero este individuo también sería el responsable de otros robos e intentos de robos en el interior de establecimientos y de vehículos en las últimas semanas.

En Barcelona, solo el año pasado, la policía detuvo a 25 delincuentes en 893 ocasiones. Entre todos acumulan 1.423 antecedentes, la mayoría por delitos patrimoniales, hurtos y robos con violencia e intimidación. Estas personas ingresaron en prisión 124 veces. Pero la mayoría de ellas no estuvieron en la cárcel más de dos meses. Y según datos de Eurostat, la provincia de Barcelona es la tercera de la Unión Europea con mayor número de robos. Solo la superan la provincia de París y la Guayana francesa. Detrás de Barcelona se sitúa Bruselas capital.

Ante este panorama, la alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez, que también es la presidenta de la Asociación de Municipios del Arco Metropolitana, ha explicado que el objetivo es conseguir «unas ciudades más seguras». Y ha dejado claro que hay que «mejorar los instrumentos legales actuales con el objetivo de poder paliar la multirreincidencia y sus consecuencias, poniendo el acento sobre todo en el impulso de reformas legislativas para luchar de forma efectiva contra este fenómeno, y en el incremento necesario del número de juzgados que deben atender estos casos».

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado que todos estos municipios «tenemos el mismo problema y pedimos las mismas soluciones». Según él, la sensación de inseguridad tiene que ver con los hurtos y los pequeños hurtos, pero también a una sensación «de impunidad» para aquellos que no entran en la cárcel. De ahí que también apoye la demanda de los alcaldes metropolitanos de crear cuatro juzgados penales y la ampliación de la planta judicial para intentar reducir «el embudo» en los juzgados y que los juicios que tendrían que ser rápidos, efectivamente, lo sean.

Juicios rápidos no tan rápidos

Y efectivamente, ese embudo es uno de los problemas principales. Son datos de la ciudad de Barcelona, pero según denunciaba la juez decana, Cristina Ferrando, ahora mismo los juzgados no pueden absorber al gran volumen que hay de juicios de delitos leves (hurtos por un valor no superior a los 400 euros). Se tendrían que celebrar en un máximo de dos semanas, pero se acaban produciendo al cabo de ocho meses.

Según explicaba a la juez a la Agencia Catalana de Noticias, el problema es que los juzgados de instrucción de Barcelona asumen juicios señalados desde partidos judiciales vecinos, como Hospitalet o Badalona. Y añadía «vinculamos la lucha contra la multirreincidencia a que los juicios rápidos se celebren lo más rápido posible. Pro cuanto antes tengas sentencias firmes de los primeros casos, antes podremos abordar la multirreincidencia».

Y explicaba situaciones en que las citaciones para juicios rápidos son a un año y medio vista: «tienes víctimas, tienes testigos, policías que van a intervenir en el juicio, lo tienes todo preparado, y el juzgado de guardia está entregando esta citación para dentro de año y medio. Esas personas se van a su casa citadas para dentro de año y medio. Y eso genera una sensación de que hay algo que no cuadra». El problema, dice Ferrando, es que no hay espacio en las agendas y los señalamientos se acaban retrasando tanto.

Los acuerdos de Barcelona y los municipios del Arco Metropolitano se trasladarán al Departamento de Interior, al de Justicia, al Parlament, al Congreso de los Diputados y a los diferentes grupos parlamentarios, así como al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Fiscalía y a los Ministerios del Interior y de Justicia.