Barcelona identifica a 157 menores viviendo en asentamientos precarios

El Ayuntamiento de Barcelona ha contabilizado 157 menores que residen en asentamientos de barracas, según informó Sonia Fuertes, comisionada de Acción Social, durante la comisión municipal de derechos sociales celebrada este martes. En el encuentro, se aprobaron dos propuestas enfocadas en mejorar las condiciones de las personas sin hogar y proteger los derechos de los menores en situación de extrema vulnerabilidad.

Una de las iniciativas, presentada por Barcelona en Comú, aboga por incrementar los servicios destinados al sinhogarismo y asegurar el acceso al empadronamiento. Por su parte, el Partido Popular impulsó un programa orientado a garantizar la escolarización de los niños que viven en infraviviendas y campamentos de chabolas. Ambas propuestas contaron con el respaldo mayoritario de los grupos municipales.

Fuertes subrayó que la situación de infravivienda tiene un impacto significativo en los menores, pero instó a evitar una «visión criminalizadora» hacia las familias afectadas. Según la comisionada, no debe asociarse esta realidad con abandono parental o falta de capacidades, ya que, en ocasiones, existen situaciones de desamparo incluso en contextos sin dificultades económicas aparentes. Fuertes también defendió el enfoque del consistorio, basado en estrategias a largo plazo que garantizan el acceso a la educación y los servicios sanitarios para los niños en asentamientos, diferenciándolo de otras localidades con políticas más punitivas.

La oposición pide más medidas para personas sin hogar

Además de abordar la problemática de los menores en asentamientos, la comisión puso sobre la mesa el aumento sostenido de personas sin hogar en la ciudad. El concejal Víctor Martí (PP) expresó su preocupación por la falta de medidas efectivas para frenar este fenómeno y pidió reforzar la protección de los derechos fundamentales de los menores, como el acceso a la educación y la reducción del absentismo escolar.

Por su parte, la concejala Carolina Recio (BComú) cuestionó la falta de apoyo en situaciones como el reciente desalojo de personas sin hogar en una gasolinera abandonada en el Poblenou, donde varios afectados no pudieron completar su empadronamiento antes del desalojo. Junts también reclamó mayor asistencia médica, incluyendo salud mental, y un aumento de los comedores sociales.

Según cifras compartidas en la comisión, el Ayuntamiento destina actualmente unos 90.000 euros diarios para albergar a personas en riesgo de quedarse sin techo, una cifra que el PP consideró insuficiente para cubrir las necesidades crecientes de esta población.