Comunidad Valenciana  La Fiscalía mantiene 8 años de prisión para el expresidente socialista de la Diputación de Valencia

La Fiscalía Anticorrupción mantiene sus peticiones de prisión para los acusados del caso 'Alquería' en el que han sido juzgados por, presuntamente, haber contratado de forma ilegal a afiliados del PSPV-PSOE y Compromís en puestos de alta dirección de la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia.

De este modo, para el principal encausado, el propio expresidente provincial Jorge Rodríguez, el Ministerio Público solicita ocho años de cárcel.

Esta petición se basa en que el exsocialista promovió «un pacto político para colocar a determinados miembros de un partido u otro», lo que supuso «un quebranto de las arcas públicas», concretamente de 1,2 millones de euros.

Asimismo, la Fiscalía no tiene dudas de que Rodríguez «construyó una ficción legal para posibilitar contrataciones».

Por todo ello, el fiscal Pablo Ponce no ha variado sus sospechas iniciales y ha seguido acusando al expresidente de la Diputación valenciana y a otros exdirectivos de Divalterra de haber cometido los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Contratos «al margen de la legalidad»

Por su parte, las acusaciones populares, ejercidas por Acción Cívica y el Partido Popular provincial, han seguido la línea marcada por Anticorrupción a la hora de fijar las penas a solicitar.

En cuanto a las defensas, todas ellas han pedido que sus representados sean absueltos y que, además, las acusaciones sean condenadas a pagar las costas procesales.

Malas noticias han recibido, también, las siete personas supuestamente beneficiadas por sus 'enchufes' en la empresa pública, ya que para cada uno de ellos el fiscal pide seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco por malversación de caudales públicos en condición de cooperadores necesarios.

En su escrito, que lo ha expuesto durante más de dos horas, Ponce ha realizado un pormenorizado relato de los hechos para llegar a la conclusión de que las contrataciones se hicieron «al margen de la legalidad».

Así, ha sido contundente al señalar que estas «constituyen una argucia legal para saltarse la normativa» y que la «única» cualificación de los contratados era «su adscripción a un determinado partido».

Por si cupieran dudas, el fiscal ha recordado que un «pacto político no es causa de motivación para una contratación pública».

Además, en su exposición ha recalcado que los acusados eran plenamente conscientes de que estaban contratando a sabiendas de que esas personas «no iban a realizar actos, negocios o tratos relacionados con su contrato».

Ponce también ha acorralado a los procesados al poner negro sobre blanco que dichos contratos no pasaron por el Consejo de Administración y a apuntado la razón de saltarse ese trámite: «Sabían la opinión del letrado» y que hubiera reparado «en su ilegalidad».

Por último, el Ministerio Público ha incidido en el criterio de las siglas como el exclusivo motivo para las contrataciones: «Lo único que hemos encontrado es un documento donde aparecen los nombres y el partido político al que correspondían», ha zanjado el fiscal.

El juicio por el caso 'Alquería' se viene celebrando en la Audiencia Provincial de Valencia desde el pasado 19 de septiembre y están procesados un total de catorce personas, entre e directivos de Divalterra y los propios contratados por afinidad política.