Comunidad Valenciana  Sánchez lleva su 'sectarismo' a la política hídrica e indigna a los agricultores del Levante

Una de las primeras medidas que tomó José Luis Rodríguez Zapatero cuando asumió la presidencia del Gobierno de España fue la de derogar el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que había impulsado José María Aznar y cuyo mayor exponente era el trasvase de agua desde el río Ebro a la zona de Levante, desde la provincia de Castellón hasta la de Almería.

Años más tarde, ya como exjefe del Ejecutivo, reconoció que lo hizo porque fue una de las exigencias que le puso Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para apoyar su investidura en el Congreso de los Diputados y otorgarle estabilidad parlamentaria a su mandato.

Casi veinte años después, el Levante sigue sufriendo los mismos problemas, tanto el de la escasez de agua –agravado si cabe- como el de la lucha entre diferentes comunidades autónomas a la hora de repartir el excedente hídrico de los ríos que pasan por sus territorios.

Si en 2005 fueron Aragón y Cataluña las regiones que se opusieron con mayor intensidad al PHN, hoy día ese papel lo ejerce en solitario Castilla-La Mancha y lo hace en relación al trasvase entre los ríos Tajo y Segura para abastecer a Alicante, la Región de Murcia y Almería.

De hecho, tal ha sido la presión ejercida para recortarlo por el presidente castellano-manchego, Emiliano García Page, que ha logrado que el Consejo Nacional del Agua, dependiente del Gobierno central, apruebe la subida del caudal ecológico del Tajo desde los seis metros cúbicos por segundo a los 8,65.

Criterios «políticos e ideológicos»

Dicho con otras palabras, al elevarse la cantidad de agua que el río necesita en su cuenca habitual, los regantes del Levante van a sufrir un recorte de 105 hectómetros cúbicos al año.

La decisión del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica no ha sentado especialmente bien en la zona, encontrando la oposición de agricultores y partidos políticos.

Según explica a El Debate el presidente en Alicante de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), José Vicente Andreu, el recorte supone un ejemplo más de la «absoluta nefasta gestión» que el departamento de Teresa Ribera está llevando en la cuenca del Segura y critica que se haya «doblegado a los intereses» de Castilla-La Mancha.

Para Andreu, que también es productor de cítricos en la comarca de la Vega Baja, la política del Gobierno únicamente tiene un objetivo, que no es otro que el de «acabar con el trasvase para uso agrario».

El responsable de ASAJA en Alicante fundamenta su opinión en que «no existe ninguna razón medioambiental» para incrementar el caudal del Tajo, por lo que considera que el Ejecutivo se ha basado en criterios «puramente ideológicos y políticos».

Así, Andreu recuerda que los regantes de Alicante, Murcia y Almería llevan «desde septiembre con trasvase cero», es decir, que no ha llegado a sus cultivos «ni una gota». Por ello, indica que la infraestructura es «vital»: «Nos están haciendo mucho daño y nos estamos jugando nuestro futuro», comenta indignado.

De este modo, también apunta que la rebaja en la cantidad de agua recibida aporta «más incertidumbre» al sector, que lo está pasando «muy mal» en un contexto de «terrible preocupación».

Otra muestra de la ideologización de la política hídrica Andreu la advierte cuando se les acusa, incluso la propia Ribera lo ha hecho, de «despilfarrar» agua: «Es una auténtica chorrada. Está medida, como debe ser, con contadores y tenemos la tasa de productividad más alta del mundo en relación al rendimiento de cada metro cúbico», contesta el agricultor.

Tras estas «falsedades», Andreu ve una intención de «hacer daño como sea» a pesar de que no cuenta con «fundamento alguno».

Tampoco confía el presidente de ASAJA en Alicante en el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Preguntado por si cree que, con unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, el socialista pudiera ser capaz de conseguir el compromiso de Pedro Sánchez para una mejora de las condiciones del trasvase, Andreu es contundente al afirmar que «no».

Es más, se reafirma en su postura al asegurar que el trasvase «corre serio peligro mientras esté este Gobierno».

En cuanto a las «excusas» que, a su juicio, pone el Ministerio para subir el caudal ecológico de Tajo, Andreu insiste en que no se las cree e insta a Ribera a solucionar el «importantísimo problema de contaminación» que tiene el río.

«Madrid, Aranjuez ni Toledo depuran sus aguas, por lo que si se baja un poco el caudal no se va a agravar el problema y echando más agua tampoco van a estar menos negras», afirma.

Con todo, Andreu insta a que se acometan acciones de «depuración» y señala directamente a Page por proclamar que las razones son medioambientales: «Está cometiendo un grave error que lo va a acabar pagando porque las mentiras tienen las patas muy cortas y la verdad se acaba sabiendo».

«Uno de los mayores hachazos»

En la vertiente política, las dos figuras más combativas a la hora de luchar por el mantenimiento del trasvase han sido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el líder del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

Para el candidato que le disputará la Generalitat a Ximo Puig, tampoco existen «razones técnicas ni datos hidrológicos que avalen los recortes» en el Tajo-Segura. Así, acusa al presidente del Gobierno de haberse saltado las recomendaciones de una comisión ministerial «veinte veces», razón por la que concluye que hay un poso «estrictamente político».

Frente a los argumentos medioambientales que se arguyen desde Transición Ecológica, Mazón destaca que la zona que abarca la infraestructura es un claro ejemplo de «sostenibilidad». Como datos, aporta que hay «cincuenta millones de árboles» y la huerta del Segura «está alimentando a gran parte de Europa».

En consonancia, no comparte que se convierta «en un desierto» ni que la «solución» sea el agua desalada: «Significa cuatro veces más de coste energético y, por lo tanto, menos sostenibilidad y más daño al medio ambiente», comenta, añadiendo que solo está pidiendo «solidaridad, justicia y rigor».

Para Mazón, en resumen, llevar a término esta medida por parte de Puig y Sánchez supone «uno de los mayores hachazos» a la Comunidad

Por su parte, el presidente murciano califica la decisión del Gobierno de «engaño histórico» y no oculta que su Ejecutivo está «muy preocupado» por los efectos que podría tener.

Coincidiendo con Andreu y Mazón, López Miras hace hincapié en la ausencia de motivos técnicos y lo atribuye a una media «estrictamente política y sectaria».

Además de las semejanzas con las argumentaciones del valenciano, el jefe del Gobierno murciano ha resaltado el impacto económico que el trasvase tiene. Según las cifras que da, en la zona se concentra «el 70% de las frutas y hortalizas que España exporta a Europa», se aporta «el 3% del Producto Interior Bruto nacional» y dependen «300.000 puestos de trabajo». «No sé si la balanza comercial del país se lo puede permitir», dice irónicamente.

También Vox se posiciona abiertamente a favor del trasvase. Su portavoz en las Cortes Valencianas, Ana Vega, lamenta los recortes y echa en cara a Puig y Sánchez que solo les importe la provincia de Alicante «cada cuatro años cuando se acercan elecciones».

Asimismo, la diputada autonómica define le medida del Ejecutivo central como «estocada mortal para regantes y agricultores» porque es una infraestructura «básica para la subsistencia de la agricultura y la economía» en el Levante.

Asimismo, Vega incide en que su formación «siempre va a estar al lado de quienes lo han dado todo» para que haya «productos frescos en la mesa, con pandemia o sin ella» y para ello aboga por un Plan Hidrológico Nacional «que acabe con estas guerras del agua» porque es «un bien común de todos los españoles y no del barón territorial de turno».