Comunidad Valenciana  Ribó blinda las subvenciones a entidades catalanistas hasta 2025 aunque pierda la alcaldía

En el calendario de todo político, el día 28 de mayo está marcado en rojo. Sobre todo si el aludido es alcalde, concejal o se trata de uno de los presidentes autonómicos que se juegan su futuro en las urnas ese día.

En cambio, parece que hay cargos que tienen puesta su mirada mucho más lejos, allá por 2025. Es el caso del alcalde de Valencia, Joan Ribó. Y no porque ya esté planeando qué nuevo carril bici construye o a los vecinos de qué barrio pretende ponerse en su contra.

Su objetivo a medio plazo no obedece a motivos estrictamente políticos. De hecho, hasta hace tres meses había serias dudas sobre su candidatura. La razón es ideológica y tiene que ver con asentar de manera definitiva el catalanismo en la capital de la Comunidad.

Para lograrlo, Ribó va a llevar en los próximos días a la Junta de Gobierno Local (JGL) del Ayuntamiento valenciano el Plan de Subvenciones 2023-2025, con el que pretende blindar las ayudas económicas a las entidades independentistas en la ciudad.

Subvención a la «ONG del catalán»

Este movimiento no deja de sorprender. No tanto porque el alcalde vaya a regar a estas asociaciones con dinero público, ya que es algo de lo más habitual, sino porque con unas elecciones a cinco meses vista, resulta curioso que vaya a comprometer los próximos dos Presupuestos municipales. Y más aún cuando un cambio en la alcaldía es algo más que probable.

En el citado plan, Ribó le asegura 25.000 euros anuales y a dedo, es decir, sin necesidad alguna de licitación o concurso por parte del Consistorio, a entidades como Escola Valenciana; Plataforma per la Llengua –que se autodenomina «ONG del catalán» y se dedica a espiar a los alumnos que en el recreo hablan castellano– o El Micalet, organización que lleva a cabo la Cabalgata de las Magas Republicanas.

Además, existe otra subvención de 2.300 euros a la Fundación Full, que, lejos de promover la cultura y tradiciones valencianas, en su Patronato está integrada la Asociación de Escritores en Lengua Catalana.

Así lo denuncia la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento levantino, María José Catalá, que considera «indefendible» que Ribó y el PSPV-PSOE, con quien gobierna en coalición, «den a entidades catalanistas miles de euros a dedo».

Como le recuerda la candidata a la alcaldía al primer edil, el Ayuntamiento es «de todos los valencianos» y no puede «financiar a organizaciones que atacan la libertad y persiguen a quienes hablan en castellano».

En este sentido, Catalá considera que esa actitud choca de frente con la de «los autónomos, comerciantes y hosteleros» que levantan «la persiana a pulmón todos los días» y que, sin embargo, sufren «un mar de burocracia» en la ciudad.

Tampoco la gestión de Ribó la aprueba el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés: «El alcalde siempre dice que va a ser ecuánime y va a repartir las subvenciones por igual y no es verdad porque tiene tendencia a darlas a entidades pancatalanistas», asegura.

En opinión del edil 'naranja', el dirigente de Compromís lo hace «no porque las asociaciones tengan como objetivo mejorar la vida de las personas», sino por «ideología» y señala que, al final, «existe una convergencia entre lo que se piensa y lo que se hace».

Para ejemplificarlo, Estellés explica lo sucedido en 2015, cuando se firmó un plan urbanístico para el barrio costero de El Cabañal: «Todos los grupos municipales estábamos de acuerdo y la firma se hizo en El Micalet –entidad secesionista antes mencionada–. ¿Por qué ahí cuando se podía haber hecho perfectamente en el Salón de Cristal del Ayuntamiento?», se pregunta.

Esa cuestión que se plantea el concejal no deja de ser retórica porque él mismo responde: «Lo hacen para poner un pero, que siempre cae del lado pancatalanista», zanja.

12 millones en contratos menores

Pero la querencia a los contratos a dedo no se limita por parte de Ribó al ámbito del importar el independentismo a Valencia. Realmente, es una práctica bastante utilizada por el binomio Compromís y PSPV-PSOE.

Sobre ello, Estellés indica que su formación ya ha llevado a la Agencia Valenciana Antifraude ciertas actuaciones que se han realizado sin licitación, a la par que destaca el «excesivo porcentaje» de contratos menores respecto «a lo que debería ser». «Estamos en el entorno del 70 % u 80 % del volumen total de contrataciones que se hacen por contratos menores», apunta.

Además, denuncia que muchos de esos procesos no cuentan con las tres ofertas mínimas que han de presentarse para salir adelante, por lo que censura que no se hayan «comparado ofertas» y no se estén dando «la libre concurrencia ni la igualdad de oportunidades».

Preguntado por si es frecuente que algunos de ellos se queden en el umbral económico para no salir a licitación pública, Estellés relata otra experiencia personal: «En 2017 se llevó a la JGL la construcción de tres carriles bici cuyas longitudes, tamaño y cantidad de material a gastar eran completamente diferentes, pero las tres se quedaron en el umbral de contratación».

Para el concejal de Ciudadanos, esta circunstancia solo puede ser por dos razones: «O uno de los contratantes, el de más cantidad de material a poner, te lo 'regala' o qué casualidad». «¿Cómo es posible que tres carriles bici distintos y en diferentes sitios valgan igual?», se pregunta de nuevo Estellés.

Por su parte, Catalá hace hincapié en el número y volumen de contratos a dedo realizados por Ribó y su Equipo de Gobierno. Según la popular, hasta final de noviembre de este año se habían firmado un total de 1.913 de ellos, lo que supone «más de doce millones de euros».

Este hecho no es esporádico ni responde a una situación excepcional como pudo ser la pandemia, puesto que «cada año» el ejecutivo municipal firma «más contratos a dedo», a pesar de que «muchos de ellos son previsibles, ya que se realizan todos los años» y podrían realizarse «a través de concursos».

Por último, Catalá lamenta que Ribó y sus concejales «sigan utilizando esta forma de contratar» que evita «el control y la libre concurrencia» aunque el propio interventor del Ayuntamiento haya expresado en diversas ocasiones que este mecanismo ha de ser de carácter excepcional.