Comunidad Valenciana  Los escándalos familiares minan a un tripartito valenciano al que se le acaban las excusas

Uno de los principales rasgos de la segunda legislatura del tripartito compuesto por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem está siendo la inestabilidad. Otros rasgos como el adoctrinamiento y el compadreo con el independentismo catalán son perennes en la gestión de la izquierda valenciana, pero los terremotos internos son algo que ha florecido desde 2019.

Las pugnas, las luchas de poder y las idas y venidas entre socios han sido una constante que incluso provocaron que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se plantease muy seriamente pulsar el ‘botón rojo’ y convocar elecciones anticipadas. Pero se aprobaron los Presupuestos y todos volvieron al redil.

A escasos cien días para los comicios autonómicos del 28 de mayo no es que el tripartito sea quintaesencia de cómo ha de ser una coalición gubernamental, ni mucho menos. Los cimientos de la alianza entre socialistas, nacionalistas y comunistas se tambalean por una serie de escándalos que tienen un denominador común: la familia.

De los tres grandes casos que afectan de pleno al Ejecutivo valenciano, Puig es el protagonista de dos de ellos.

El primero y de más actualidad es la trama Azud. En el sumario de la causa se sigue investigando una presunta trama de facturas falsas y cobro de comisiones ilegales dirigidas a sufragar campañas electorales del Partido Socialista en la región. En otras palabras, una posible financiación ilegal de la formación.

Exclusivas de El Debate

Las informaciones se van sumando día tras día, del mismo modo que lo hacen los silencios de un Puig que, si bien cuando se comenzaron a destapar los primeros datos decía que en todo caso sería del «pasado», ahora directamente obvia el tema y hace como si no existiera.

El Debate ha sacado a la luz numerosas exclusivas revelando detalles de la investigación. Este periódico ha revelado que el Ministerio de Nadia Calviño ha avalado con 4,3 millones de euros a uno de los constructores imputados por sufragar gastos electorales del PSPV-PSOE.

Desde luego, Puig crea escuela porque el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, le preguntó a la ministra por esa información y, lejos de dar algún tipo de explicación, arremetió contra este medio.

La última exclusiva por ahora ha sido que la Guardia Civil investiga si los socialistas valencianos cobraron dos millones de euros en comisiones a través de una empresa offshore en Panamá. Más sospechas, mismo silencio.

Pero una de las informaciones que más está comprometiendo a Puig la sacó El Debate la semana pasada, probando que la propia Presidencia de la Generalitat contrató hasta en veintiuna ocasiones al yerno de José María Cataluña, extesorero del PSPV-PSOE y considerado por los investigadores como el cabecilla de la trama Azud.

De esas contrataciones, varias fueron a dedo porque el importe a facturar no alcanzaba el mínimo para acudir a concurso público. Curiosamente, algunas de ellas se quedaron a pocos euros del límite para salir a licitación.

El trabajo realizado por este medio levantó las sospechas del PP, cuya portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha revelado que también en el Consistorio concejalías socialistas contrataron a las tres empresas del yerno del ex responsable de las finanzas del PSPV-PSOE.

El mecanismo se repite: de 31 relaciones mercantiles, 29 fueron, de nuevo, a dedo y sin necesidad de pasar por un concurso junto a otros competidores.

El yerno del principal imputado en Azud le está llevando a Puig por la calle de la amargura. Se le ve en sus gestos y en su tono. Pero no es el único asunto familiar que le salpica.

Su hermano Francis lleva varios meses investigado. El motivo de ello vuelve a implicar a Puig de manera directa, ya que la imputación es porque, presuntamente, el hermano y su socio cobraron de forma ilegal subvenciones de diversas administraciones, entre ellas la autonómica valenciana presidida por el socialista.

Acusado de fraude y malversación, el juez instructor sospecha que tanto Francis Puig como su socio han podido cobrar hasta 1,2 millones de euros ilícitamente. No obstante, no todo va a ser malo para el hermano del presidente valenciano.

Tal como ha apuntado el portavoz adjunto del PP en las Cortes regionales, Miguel Barrachina, la Generalitat le ha pedido «hasta ocho veces» los reintegros al socio de Francis, pero ninguna a él.

El tercer asunto familiar que afecta al tripartito es el del exmarido de la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra, condenado por abusar de una niña de catorce años en un centro de menores tutelado por la Generalitat.

La exdirigente de Compromís se vio forzada a dimitir y renunciar a toda responsabilidad política por, supuestamente, haber tenido conocimiento de esos abusos sexuales, haberlos encubierto y haber encargado un informe interno para desprestigiar a la víctima y no dar crédito a su testimonio.

Quizás Puig en su momento creyera que el paso atrás dado por la nacionalista le serviría para zanjar definitivamente el capítulo Oltra. Si fue así, se equivocó porque de nada sirve hacer cambios estéticos y no hacer propósito de enmienda.

Su sucesora, Aitana Mas, no ha hecho ningún tipo de autocrítica en la gestión de la víctima. No solo eso, sino que en los casi ocho meses que lleva como ‘número dos’ del Ejecutivo autonómico ha asegurado por activa y por pasiva que se siente «orgullosa» del legado de la ex líder de Compromís y ha decidido mantener en sus puestos a todas las imputadas en el procedimiento.

Por tanto, a Puig le sigue siendo imposible desprenderse del fantasma de Mónica Oltra, que en las Cortes Valencianas lo tiene reencarnado en el escaño junto al suyo.

Así pues, un yerno, un hermano y un exmarido son los que están dejando a Puig en particular –y al tripartito en general– sin margen de maniobra. Las excusas de mal pagador ya no funcionan. Las informaciones e indicios sobre los tres casos se acumulan y pueden terminar por sepultar a la izquierda en las urnas.