Comunidad Valenciana  El «desgobierno» del tripartito aboca al caos a las ITV de la Comunidad Valenciana

Si algo caracteriza al tripartito valenciano es su obsesión intervencionista. PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem lo están llevando a cabo de una manera descarada en las aulas con el adoctrinamiento y pretenden culminarlo con la intervención en la cesta de la compra.

Mientras tanto, poco a poco pero sin parar, van parasitando cualquier sector económico que venga a complacer sus términos ideológicos.

Uno de ellos es el que afecta a las instalaciones de ITV en la Comunidad Valenciana.

En el acuerdo de gobierno que unió a socialistas, nacionalistas y comunistas se indicaba que el ejecutivo de ahí saliente debería revertir la concesión de dichas instalaciones y asumirlas como propias.

En base a ese documento, dichas instalaciones tendrían que que pasar a ser propiedad de la Generalitat Valenciana mediante una empresa pública específica antes de que que terminase esa legislatura.

«Auténtico caos»

Dicho esto, tal extremo se está cumpliendo, aunque en lo que no estaba escrito en el decálogo de la izquierda era que esa reversión terminase repercutiendo en los propios ciudadanos, que es lo que está acabando ocurriendo.

Y es que, tal como explica el diputado del Partido Popular en las Cortes Valencianas Felipe Carrasco, lo que está habiendo es un «auténtico caos» que achaca a la «falta de trabajo por parte del tripartito de Ximo Puig».

Tal como relata el parlamentario, en 2021 se llevó a cabo la primera reunión entre el Ejecutivo regional y la patronal, aunque acabó sin acuerdo. Sin embargo, añade que durante los dos siguientes años, «únicamente se han celebrado» otras dos reuniones, lo que para Carrasco deja a las claras la «nula disposición del tripartito a negociar».

Con tal de ejemplarizar los efectos de la «faena» que está haciendo Puig con las ITV, el popular pone el caso de «varios taxistas».

Según relata, ante el colapso en dichas instalaciones, muchos conductores se han visto obligados «a parar su actividad» frente a las sanciones que las autoridades le pudieran imponer.

En este sentido, Carrasco apunta que la «negligencia» del tripartito de izquierdas está llevando a la «paralización general» de un sector.

Una muestra de ello es la página web que la Generalitat, ya como servicio público, ha habilitado para que los usuarios puedan sacar cita previa para el servicio.

El diputado popular señala que, aunque la reversión estaba prevista meses atrás, el tripartito la ha subido «solo un día antes, deprisa y corriendo», provocando, por ende, «aún más colapso».

Con todo, Carrasco piensa que el «desgobierno» de Puig dibuja una gestión «de chiste» porque tiene ramalazos «que no se podrían consentir en la empresa privada».

Por su parte, la diputada de Vox en las Cortes Valencianas Ana María Cerdán incide en que la reversión se ha tomado de una forma «unilateral» y por el lo que el Ejecutivo autonómico «debería asumir más gasto que el que prevé».

En esa cuantía, la formación de Santiago Abascal reclama que la administración autonómica se haga cargo de 23 millones de euros en concepto del «canon que pagaban religiosamente todos los años los concesionarios».

En esta línea, Cerdán advierte del «descalabro total» para el sector que puede suponer la medida, sobre todo para los trabajadores, ya que estos «no tienen muy claro cuál va a ser su futuro próximo».

En su opinión, lo mejor hubiese sido «no revertir y ajustar los criterios en beneficio de todos». Con esa media se habrían evitado los «posibles perjuicios y laborales», así como que se habría garantizado «la correcta prestación del servicio».

Por lo que respecta a Ciudadanos, la diputada autonómica Yaneth Giraldo afirma que la reversión por parte del tripartito es un « sin sentido» y lamenta que con los impuestos de los valencianos «se esté sufragando la pésima gestión que imponen» el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem desde la Generalitat.

Como solución al caos producido desde el Gobierno valenciano, Giraldo propone que se «analice» la situación en una comisión mixta dependiente de la Sindicatura de Cuentas.

A su parecer, solo así se podrán valorar «los informes valorados» y se sabrá a ciencia cierta «qué coste va a suponer a los valencianos» la reversión de las ITV por parte de Puig a petición de sus socios.