Fachada de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed)
Audiencia Nacional El juez García Castellón procesa a 42 acusados en el caso Acuamed por adjudicar obras de forma irregular
El magistrado cree probado que la empresa pública benefició a determinados contratistas a cambio de dádivas como viajes e incluso un implante de pelo en Turquía
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dictado un auto de procesamiento que afecta a 42 acusados en el marco de la investigación del caso Acuamed y a quienes se les imputan delitos relacionados con la presunta adjudicación irregular de obras públicas.
Estas ascenderían hasta una veintena y están relacionadas con infraestructuras hidráulicas y medioambientales, todas ellas construidas en la cuenca del Mediterráneo.
Según detalla el instructor en su escrito, los investigados podrían haber cometido los ilícitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la Administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.
Acuamed, la empresa pública que da nombre a la causa y que por entonces estaba controlada por la ministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, es una sociedad dependiente del Gobierno central dedicada a la ejecución y explotación de infraestructuras hidráulicas en el Mediterráneo. Por ello, las obras investigadas por García Castellón abarca acciones desarrolladas en diversas comunidades autónomas.
Préstamo de 500 millones
Así, el juez ha incluido en el auto algunos trabajos realizados en Andalucía -Almería-, Murcia, Comunidad Valenciana -Valencia y Alicante-, así como en Cataluña, concretamente en la provincia de Tarragona. En las adjudicaciones de todas ellas el magistrado cree acreditado que se produjeron irregularidades cuyo objetivo era el de favorecer a determinados contratistas.
Tal como expone el instructor, algunos de los ya procesados recibían diferentes dádivas a cambio de dichas adjudicaciones. Un ejemplo es el del exdirector general de Acuamed Arcadio Mateo, considerado como el principal investigado del caso. A tenor de las investigaciones practicadas, habría recibido de los empresarios distintos viajes, tanto en España como internacionales, así como un tratamiento de implante de pelo en Turquía por un valor de 4.500 euros.
Dos agentes de la Guardia Civil, durante los registros en la sede de Acuamed.
El conjunto de pesquisas lleva a García Castellón a asegurar que en la empresa pública se actuaba al margen de los criterios técnicos exigibles a cualquier organismo de cara a defender los intereses generales.
Por contra, lo que se hacía era facilitar el trabajo al contratista en cuestión, permitiéndole incluso intervenir en los informes que Acuamed debía emitir acerca de la obra a realizar. Esta irregularidad, por tanto, permitía variar los conceptos e importes a incluir en la liquidación de las obras. Del mismo modo, se hacía lo propio con la cuantía en la reclamación, que se realizaba a conveniencia, independientemente de cuál fuera la realidad de los trabajos a hacer.
En el auto de procesamiento, el juez también pone en el foco las actuaciones que Acuamed realizó en 2012, cuando la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente firmó con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un préstamo de 500 millones de euros.
En principio, esa nada desdeñable cantidad estaba destinada a la actividad de la propia sociedad. Sin embargo, en su escrito García Castellón apunta a Mateo, puesto que, «excediéndose» y con el apoyo de otro directivo como fue Francisco López Berrocal, realizó «actividades especulativas con el dinero del préstamo del BEI». Lo hizo formando «una cartera de inversión a largo plazo de títulos del Estado» en distintos bancos y cajas de ahorro, algo que, tal como subraya el juez, «se aleja del objeto social de Acuamed».
Además, indica que esas operaciones se hizo «haciendo caso omiso a las advertencias que le llegaban de la Dirección General de Patrimonio del Estado (DGPE)».
Lo mismo sucedió cuando la gerente Territorial de la empresa, Gracia Ballesteros, y el director de Ingeniería y Construcción de Acuamed, Francisco Valiente, denunciaron ante diversas instancias del Ministerio las supuestas ilegalidades que se estaban cometiendo.
Lejos de atenderlas, al segundo «se le cesó», la primera «fue removida de su puesto» de trabajo y al Abogado del Estado Coordinador jefe del Convenio de Gestión Directa suscrito con ACUAMED se le «apartó» y sus servicios fueron contratados «a unos asesores externos», recalca García Castellón.
