Elecciones 28-M  El demoledor balance de Ximo Puig: sanidad colapsada, millones al catalanismo y escándalos de corrupción

Desde un punto de vista racional, alejado de las respectivas identidades de partido, unas elecciones serían el equivalente a una reválida o cualquier examen del estilo de la EBAU (antigua Selectividad) o de fin de curso. El voto de los ciudadanos a un candidato así como el hecho de dejar de confiar en otro no deja de ser la nota que los vecinos ponen a la ejecutoria a los diferentes líderes.

El próximo 28 de mayo a esa prueba se presentarán más de 8.000 alcaldes y catorce presidentes autonómicos, incluyendo los de Ceuta y Melilla. Entre ellos, uno de los que se enfrentan a un examen más difícil es el jefe del Ejecutivo valenciano, a quien las encuestas dan como perdedor y pocas posibilidades de revalidar su tripartito.

Siguiendo con el símil, el caso de Ximo Puig aunaría dos estereotipos: el que se deja el estudio y los deberes para los últimos momentos y le 'coge el toro' y el del mal alumno que sabe que lo está siendo, no hace nada para remediarlo y, para colmo, presume de ello. Ambas versiones no son compartimentos estancos, sino vasos comunicantes y se entremezclan.

Un ejemplo de ello podría ser el caso de la sanidad pública. Eterna bandera de la izquierda valenciana y nacional, su situación en la Comunidad es la de un sistema colapsado, con innumerables listas de esperas y colas en los hospitales. Ha habido casos en que pacientes han tenido que estar días aguardando mientras se les asignaba una cama.

Con huelga y sin hospitales

De hecho, el tripartito se sigue enfrentando a una huelga de médicos –repartida entre marzo, abril y mayo– porque estos se sienten «engañados y timados» por la Consejería. En un principio, el paro estaba convocado para el mes de enero, pero fueron los propios sanitarios los que «para no contribuir al caos» por la alta incidencia de enfermedades respiratorias –covid incluido– decidieron aplazarlo.

En todo este tiempo se han mantenido reuniones, pero la postura de Sanidad ha sido la misma y siempre inflexible ante las reivindicaciones de los facultativos, por lo que estos seguirán con sus reclamaciones a la Generalitat. Eso sí, tocaba cargar contra la sanidad en la Comunidad de Madrid.

La falta de gestión sanitaria de Puig también puede apreciarse en la construcción de hospitales. En sus ocho años como presidente no ha edificado ninguno que su Gobierno haya aprobado. Sin embargo, el tiempo apremia y las encuestas todavía más. Por ello, en lo que va de 2023, las urgencias del presidente valenciano le han llevado a prometer hospitales y centros sanitarios por doquier en las tres provincias.

Al respecto, el mal estudiante Puig no ha hecho los deberes a la hora de dichos anuncios. Se suele decir que el papel todo lo soporta, pero en esta ocasión ese dicho asciende a la categoría de hipérbole, ya que ni siquiera en algunos de ellos, como el General de Castellón, sus 250 millones que costaría están presupuestados.

En el ámbito donde el socialista sí ha tenido prisa -y la sigue teniendo- es a la hora de regar con dinero público a asociaciones independentistas catalanas para que propaguen su ideario separatista y terminen sustituyendo la Comunidad Valenciana por los mitológicos 'Países Catalanes'.

Del erario público han salido casi diez millones de euros para causas secesionistas. La asiduidad y la falta de autocrítica ante semejantes episodios hacen pensar que, lejos de un error, este tipo de subvenciones y patrocinios no son sino uno instrumento más para lograr un hipotético cambio de status en lo que a la autonomía valenciana se refiere.

Otro de ellos, pero de la mano de lo anterior, ha sido el adoctrinamiento sin disimulo que se puede comprobar en las aulas de la región. Bebiendo a conciencia de las fuentes nacionalistas, la Consejería de Educación –en manos de Compromís pero en todo momento con el beneplácito de Puig– ha impregnado los temarios y los contenidos de los alumnos con las ideas independentistas.

En muchos centros escolares el mínimo del 25% de las horas en castellano estipulado por el Tribunal Constitucional no se da y a los estudiantes se les enseña que la lengua regional es el catalán, cuando la historia dice que eso no es verdad.

En base a ello, el valenciano que el tripartito promulga se ha ido imponiendo no solo en los colegios y universidades, sino en todos los aspectos de la vida cotidiana. Para acceder a una plaza de médico, por ejemplo, la intención de PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos era que el nivel C1 de valenciano se puntuase cinco veces más que un máster y el triple que un doctorado.

Después de que los colectivos afectados se rebelasen ante ese requisito lingüístico, la Generalitat dio marcha atrás y equiparó el doctorado con el C1, aunque tampoco terminó de contentarles.

Lo mismo sucede en calles, señalizaciones, campañas institucionales y tantos otras casos. Para conseguirlo, Puig ha contado con la inestimable ayuda del alcalde de Valencia, Joan Ribó, otro dirigente de Compromís fascinado por imponer una lengua.

Por último, los escándalos han copado buena parte de la legislatura del candidato socialista. Dos de ellos están relacionados con la corrupción. En el caso Azud se investiga la presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE, algo que incluso su exgerente reconoció ante el juez instructor.

La paradoja radica en que tras años en los que Puig ha hablado de la corrupción del PP y de los papeles de Bárcenas, cuando es él quien sale anotado en las agendas del cabecilla de la trama Azud, el extesorero del partido José María Cataluña, primero echa balones fuera, luego culpa a la ultraderecha y más tarde directamente pasa del tema.

No es el único aspecto espinoso judicializado que afecta directamente al presidente autonómico. Su hermano Francis está imputado por, supuestamente, haber cobrado de manera fraudulenta subvenciones ilegales de diversas administraciones. Entre ellas, está la que preside Ximo, quien sigue dilatando a más no poder la entrega de documentación que le reclama la Justicia.

Aunque no personalmente, sí le atañen a Puig en lo político otras dos causas que se están instruyendo. Una es la de Mónica Oltra. la exvicepresidenta valenciana está investigada por, según sospecha el magistrado, conocer los abusos sexuales de su marido a una niña de catorce años tutelada por su Consejería y haberlos encubierto. Ante la gravedad de los hechos, la nacionalista dimitió y la fuerza y su renuncia provocó un terremoto tanto en el Gabinete autonómico como en el tablero político de la Comunidad.

El otro es el referente al tren de Bejís, en la provincia de Castellón. Basándose en las pesquisas de la Guardia Civil, el juez investiga por qué la Generalitat no avisó a Adif de que junto a las vías de tren por las que iba a pasar un convoy había un feroz incendio. La consecuencia fue que el vehículo, al llegar, tuvo que parar de urgencia a escasos metros de las llamas, provocando heridas por quemaduras a una decena de los 49 pasajeros.

Por tanto, el legado de Puig es demoledor. Los sondeos reflejan que su gestión será rechazada con contundencia por los valencianos el 28-M. Aún así, el socialista sigue empleando un relato triunfalista alejado de la realidad.

En tres semanas los ciudadanos corregirán la ejecutoria del tripartito y según las encuestas habrá más color rojo en el examen que en la Generalitat.