Comunidad Valenciana  Compromís vuelve a las andadas y apoyará a Sánchez pese a que no ha garantizado cambiar la financiación

De cara a una hipotética investidura del candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, los diferentes partidos que están llamados a revalidar lo que Alfredo Pérez Rubalcaba llamó en su día el Ejecutivo Frankenstein ya se han puesto manos a la obra para fijar qué exigencias ponen sobre la mesa a cambio de un voto a favor. Si el líder del PSOE en noviembre de 2019 tuvo que pagar un alto precio por ser elegido en el Congreso, este se ha incrementado por lo apretada que estaría la votación. Las formaciones lo saben y han aumentado el coste de apretar el botón del 'sí'.

A decir verdad, no todos han optado por esa estrategia. También hay fuerzas políticas que, a pesar de que podrían dotar a su voto de más valor, parecen empeñadas en no hacerlo y en repetir todos y cada uno de los errores cometidos a lo largo de la última legislatura. Es el caso de Compromís. Este mismo martes, la que fue cabeza de lista por Sumar -los nacionalistas estaban integrados en la formación de Yolanda Díaz- en la circunscripción de Valencia, Águeda Micó, hizo unas declaraciones en las que deslizaba que la coalición valenciana pondría sobre la mesa la condonación de la deuda que la Comunidad tiene con el Estado como requisito para investir a Sánchez.

No se sabe todavía a ciencia cierta si fue a raíz de un toque de atención de la propia vicepresidenta segunda del Gobierno, por presiones internas de Compromís o porque al consultar el dato se dio cuenta de que el importe adeudado supera los 46.000 millones de euros, la realidad es que esa reivindicación apenas ha durado veinticuatro horas. No solo eso, sino que la rectificación sobrevenida ha venido acompañada de un importante salto cualitativo: Micó ya ha anunciado que los nacionalistas votarán a favor del socialista.

Compromís, un fijo en los Presupuestos

La razón a la que se agarra es que el Gobierno se ha comprometido a reformar el modelo de financiación autonómica. Sin embargo, tal afirmación no aguanta la prueba de los hechos actuales y ni mucho menos se sostiene si se hace un sencillo ejercicio de hemeroteca sobre las promesas del Ejecutivo en relación al reparto de los fondos entre las comunidades.

Con vistas a la investidura del socialista si así lo considera oportuno el Rey Felipe VI, las únicas palabras que Moncloa ha dicho al respecto han sido las de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que define la modificación de la financiación como un problema «prioritario» a la hora de resolverlo. No obstante, parecidos términos pero con el mismo significado se pronunciaron por parte de la número tres del PSOE y de Sánchez cuando este pedía la confianza del Congreso de los Diputados en 2019 para conformar el primer Gobierno central de coalición en España. Compromís, de la mano de Joan Baldoví, apoyó al candidato socialista con el mismo argumento que sostiene hoy, cuatro años más tarde: existe una promesa para cambiar la financiación.

Desde ese momento, la historia se ha venido repitiendo un año tras otro. Los actores son los mismos: Sánchez y Compromís; el planteamiento, también, es decir, la necesidad del voto afirmativo de la coalición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. En el nudo siempre aparece la eterna promesa a golpe de «si me votas reformaremos la distribución de fondos entre las regiones», algo que los nacionalistas intentan vender ante la opinión pública como un logro fruto del arduo y exigente trabajo negociador de Baldoví. Y, para acabar, el trágico desenlace: las cuentas públicas salen adelante, la reivindicación valenciana se queda en un cajón mientras las de los independentistas fluyen solas y Compromís no asume responsabilidad alguna en la cronificación del problema.

Consensuar un nuevo modelo

Las ganas que el Gobierno tiene de abordar este asunto oscilan entre escasas y nulas. Buena prueba de ello fue la despedida del propio Baldoví del Congreso de los Diputados, que tuvo lugar a finales del pasado mes de marzo. En la Cámara Baja, utilizó su última intervención en una sesión de control para hacer una suerte de mini mitin en el que le exigía a Montero acciones concretas en el ámbito del reparto autonómico. Las intenciones del Ejecutivo a corto y medio plazo quedaron meridianamente claras cuando la ministra no entró en el fondo de la cuestión, limitándose a poner en valor la trayectoria parlamentaria del nacionalista y tan solo diciendo que esperaba «consensuar» un nuevo modelo. Nada más.

De todas formas, y haciendo un ejercicio de optimismo político, en el supuesto de que Sánchez terminase reformando el sistema cuesta mucho creer que las pretensiones de la Comunidad –que cuentan con el respaldo unánime de todos los partidos con representación en las Cortes Valencianas– vayan a ser satisfechas. Dos son los motivos que apuntan a ello. Primeramente, al pertenecer a Sumar, Compromís está obligado a votar en el mismo sentido que lo haga Yolanda Díaz, por lo que no es descartable que, como se dice coloquialmente, se tenga que 'tragar' algún sapo que otro, tanto en esta materia como en otras.

Del mismo modo, tampoco suena excesivamente verosímil que los secesionistas catalanes vayan a permitir que Valencia salga beneficiada con la nueva financiación. Todo lo contrario. Aunque el separatismo considera a la Comunidad como una provincia más de los inexistentes 'Países Catalanes', siempre trabajarán para que el mayor número de inversiones y millones posibles acaben en las arcas catalanas. Sirva como ejemplo la conexión en AVE entre Valencia y Barcelona, rechazada de manera sistemática por el independentismo porque cree que esa ruta perjudicaría al puerto de la ciudad condal.