Comunidad Valenciana  El Gobierno de Mazón continúa con su hoja de ruta mientras la izquierda sigue sin encajar el cambio

Una de las prácticas que se suelen -o solían- utilizar en política es la de dar cien días de gracia a los gobiernos entrantes para que se acoplen a sus nuevos cometidos, nombren a sus equipos y estos, a su vez, se vayan adaptando al día a día institucional. Esta cifra simbólica de algo más de tres meses cada vez es más exigua, llegando hasta el punto que, prácticamente, se comienza a juzgar a los nuevos ejecutivos desde su misma toma de posesión.

Algo así está sucediendo con Carlos Mazón, cuyo Gabinete juró sus respectivos cargos los últimos días de julio pero que, sin embargo, no ha disfrutado de casi ninguno de alivio. El motivo no es otro que la izquierda valenciana todavía sigue sin digerir el golpe que supusieron las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo y que derivaron en su salida de la Generalitat y su relevo por la coalición del Partido Popular y Vox. De este modo, desde el minuto uno de la creación del Gobierno autonómico, tanto el PSPV-PSOE como Compromís no hay día en que al menos no hagan sendas críticas a la gestión regional. De hecho, el último reproche ha venido por parte de la exconsejera de Agricultura Isaura Navarro, afirmando que el Ejecutivo ya está dando «frutos podridos».

Llamativamente, esas reprimendas no se centran en un aspecto concreto o varios de la actuación de Mazón o sus consejeros, sino que son totalmente transversales. Así, si un día se critica las políticas agraria o sanitaria, al siguiente es el turno de la educación o los impuestos. El objetivo es claro: que al cabo de una semana todas las áreas de Gobierno hayan recibido su correspondiente golpe político y mediático, una estrategia basada en azuzar el espantajo del apocalipsis que en los últimos días ha tenido determinado apoyo sindical, especialmente en el terreno educativo.

Sistema sanitario colapsado

No obstante, la actitud de la coalición es la de hacer oídos sordos a esa serie de provocaciones y seguir adelante con su promesa de «cambio» con el que el dirigente popular ganó ampliamente los comicios, que firmó con la formación de Santiago Abascal y que obtuvo la confianza de las Cortes Valencianas en el pleno de investidura. Todas las consejerías saben que tienen una ardua tarea por delante pero, por ceñir el análisis, son tres las que ocupan un lugar prioritario.

Una de ellas es la sanidad. Ximo Puig dejó su cargo dejando en herencia un sistema sanitario colapsado en todos los sentidos. Sirva como ejemplo que en muchos hospitales y centros de salud lo cotidiano es la saturación, con esperas de varios días para la asignación de una cama, con unos profesionales que no dan abasto e, incluso, con una red de ambulancias en la que la mitad de las que circulan lo hacen sin un médico en su interior.

El objetivo de Mazón y del consejero de Sanidad, Marciano Gómez, es el de construir un sistema sanitario público «eficaz y eficiente», cuyas grandes medidas se incluirán en los Presupuestos que la Generalitat está preparando. Aún con ello, ya se están implementando otras iniciativas en esa línea, como puede ser la de incorporar para el próximo curso la figura de la enfermera escolar, algo que solo falta «ver cómo» se lleva a término.

El fin es que los alumnos sepan, según Gómez, «qué es lo que hay que hacer y qué no hacer, qué es un centro de salud y cuándo se tiene que utilizar, cuándo hay que ir a un hospital, la importancia de la vacunación, la importancia de las enfermedades de transmisión sexual y de los métodos anticonceptivos», entre otros aspectos. Además, a finales de año se presentará el Programa de Salud Mental, una de las grandes preocupaciones de Sanidad junto a la escasez de profesionales y la Atención Primaria.

Aulas sin ideología

En el ámbito de la educación, el ritmo de trabajo no es menor. Tal como ha avanzado el consejero, José Antonio Rovira, el Ejecutivo autonómico aprobará en los próximos meses una reforma de la Ley de Plurilingüismo para que en las zonas castellanohablantes de la Comunidad no haya estudiantes a los que se les «obligue a estudiar Historia o Matemáticas en valenciano». El trámite se llevará a cabo por la vía de urgencia, puesto que se pretende avanzar en uno de los principales puntos del programa de Gobierno del PP y Vox, como es despolitizar la educación sacando la ideología de las aulas.

Es por eso, como se mencionó anteriormente, que la izquierda ha centrado en Rovira sus críticas como eje de su actuación en la oposición. Durante ocho años, el tripartito ha utilizado esa consejería como herramienta política con vistas a importar en la región el modelo implementado en Cataluña, basado en la imposición lingüística del valenciano en todas las facetas. De ahí que la urgencia sea la herramienta idónea para comenzar a revertir ese panorama.

En lo económico también ha habido y habrá medidas orientadas a dejar atrás la etapa del tripartito, que según el propio Mazón era un «infierno fiscal». Como consecuencia, se derogarán los impuestos de Sucesiones y Donaciones al igual que ya sucede en otras comunidades. Pero no serán los únicos tributos que sufrirán cambios a la baja o desaparecerán, ya que la tasa turística no se llegará a poner en práctica -estaba previsto para diciembre- y a lo largo de la legislatura habrá ayudas a la contratación y demás rebajas fiscales. Todo por un valor de 1.750 millones de euros.