Comunidad Valenciana  El programa de Feijóo, alineado con las reivindicaciones valencianas: financiación, agua y plan sanitario

La actualidad política tuvo su epicentro este martes en el Congreso de los Diputados durante la primera sesión del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. En ella, el candidato del Partido Popular expuso su programa de Gobierno que a lo largo del día de hoy y del próximo viernes someterá a la confianza de la Cámara Baja. Este se centró en rechazar la amnistía que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya prepara para beneficiar a los independentistas catalanes con causas penales y, por tanto, en la defensa de la «igualdad» entre todos los españoles.

Pero más allá de todo un conjunto de propuestas en clave nacional, Feijóo también aludió a otro tipo de cuestiones que afectan de manera directa al resto de comunidades autónomas. De este modo, nombró los principales problemas que afectan a las regiones con cuyos presidentes ha hablado en los últimos meses: «Lamento no haber podido hacerlo con todos los que simplemente o no han querido hablar o no les han dejado hablar», dijo el gallego en alusión a los ausentes en su ronda de contactos. En cuanto a la Comunidad Valenciana, el discurso del candidato reflejó las reivindicaciones históricas de la región y que durante el Ejecutivo de Sánchez lejos de solucionarse, su situación ha ido a peor.

Una de ellas es la reforma del sistema de financiación autonómica, que mantiene en la actualidad a Valencia como el territorio que menos recursos públicos por parte del Estado recibe en base a su población –más de cinco millones de habitantes y una gran cantidad de turistas– y otros criterios para mantener su red de servicios. Si obtuviese los votos necesarios y fuese elegido, Feijóo se compromete a abordar este asunto durante «el primer semestre» de 2024 y lo haría con el objetivo de que dichos servicios sean «los mismos» con «independencia» de donde resida cada español.

Compromís, muleta de Sánchez

Esta actitud contrasta completamente con la mantenida por el Gobierno central en el último lustro con el PSOE en el palacio de la Moncloa. A pesar de ser una causa que logró la unanimidad de las Cortes Valencianas –en su momento formadas por el PP, PSPV-PSOE, Ciudadanos, Compromís, Vox y Unidas Podemos– para su urgente modificación, la respuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue la de dejar pasar cualquier trámite al respecto y dar prioridad a otros temas, como fueron y son todas aquellas planteadas por las formaciones nacionalistas e independentistas que sustentan al Gobierno y que buscan para sus regiones una financiación a la carta.

A ese impulsó que nunca llegó también contribuyó abierta y activamente Compromís desde su escaño en la Carrera de San Jerónimo. Ejercicio sí y ejercicio también, Joan Baldoví aseguraba que votaría a favor de los Presupuestos Generales del Estado a cambio de comenzar los pasos para la reforma. Jamás se supo nada acerca de esa contrapartida. Por contra, del respaldo incondicional de los nacionalistas, permanentemente.

Otra de las grandes reivindicaciones valencianas mencionadas por Feijóo es la que hace referencia al agua. En este sentido, el líder popular defendió una transición verde sin «dictadura activista», proponiendo un Plan Nacional del Agua «constructivo, reflexivo y programático» dotado con un fondo de 40.000 millones de euros. Este montante, tal como explicó desde la tribuna de oradores, estaría orientado a definir una «red estratégica del agua» por ser un «bien básico» y así poder avanzar en su gestión, también modernizando las infraestructuras hidráulicas a las necesidades del siglo XXI.

Esta materia es especialmente sensible en la Comunidad por la sequía. Además, la vertiente política de la problemática no es nueva, ya que comenzó tras ganar José Luis Rodríguez Zapatero sus primeras elecciones en 2004 y tuvo lugar la correspondiente cesión ante Esquerra Republicana de Catalunya, que le obligó a derogar el Plan Hidrológico Nacional que iba a llevar agua hasta la región, Murcia y la provincia de Almería. Precisamente, estos son los mismos territorios que este año se han visto gravemente perjudicados por la decisión del Gobierno de recortar casi hasta el extremo el trasvase Tajo-Segura.

«Ecologismo ideológico»

En esta ocasión el motivo no ha sido la dependencia aritmética de Sánchez, sino «un ecologismo ideológico» según denuncian los agricultores de las zonas afectadas, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica en ningún momento les ha aportado informes científicos o razones técnicas que justificasen la medida. Es por ello que, al igual que este martes en el Congreso, durante la campaña electoral Feijóo abogó por el mencionado Pacto Nacional del Agua, defendiéndolo con más énfasis todavía cuando tenía actos de partido en la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía.

En tercer lugar, el dirigente del PP también planteó un pacto de Estado con la sanidad como telón de fondo, en especial centrándose en el refuerzo de la Atención Primaria, la falta de médicos y la salud mental. Estos tres ámbitos coinciden completamente con las demandas que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, viene tiempo reclamando al Ministerio. De hecho, en su toma de posesión y en las semanas que lleva en el cargo ha repetido que su Gabinete impulsará un plan propio con los tres aspectos como «prioritarios». Sin embargo, el reparto competencial entre administraciones hace que sea indispensable la colaboración del Ministerio de Sanidad, en especial en lo relativo a la aprobación de más plazas en la carrera de Medicina y en la situación de los médicos MIR.

Por último, el programa expuesto por Feijóo también incluye otras iniciativas cuyos principios y fundamentos van en la línea de lo aprobado en la Comunidad, no solo a nivel regional, sino también local en ayuntamientos como, por ejemplo, el de Valencia. Entre otras, se trata de la lucha contra la okupación ilegal de viviendas –el popular haría una ley para desalojar a los okupantes en veinticuatro horas y la alcaldesa les daría de baja del padrón municipal y ya está tapiando edificios–, la bajada de impuestos a las rentas bajas y medias o la apuesta decidida por una educación sin «adoctrinamiento», uno de los pilares del Gobierno de Mazón.