Comunidad Valenciana  Claves del fin de la era adoctrinadora de Puig: de la libertad educativa a quitar la 'policía lingüística'

Sanidad, señas de identidad, política fiscal, menos burocracia y reducción del gasto en altos cargos… El programa electoral con el que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se presentó a las elecciones autonómicas del 28 de mayo contemplaba una amplia lista de materias cuya gestión y ejecución se comprometía a darles la vuelta en comparación a la labor realizada al respecto por el socialista Ximo Puig y sus socios de Compromís y Unidas Podemos. Sobre todas ellas ya se han puesto los mimbres con tal de lograr ese objetivo, pero hay una que está avanzando a una velocidad particularmente rápida. Se trata de lo concerniente a fulminar la política lingüística del tripartito.

Desde prácticamente el primer día al frente del Gobierno regional, el dirigente popular ha ido diseñando una hoja de ruta que poco a poco va suprimiendo una gestión dominada por el adoctrinamiento y el absoluto mimetismo con los posicionamientos independentistas catalanes que tanto fascinaron y cautivaron al anterior Ejecutivo valenciano.

Entre las medidas ya adoptadas y las que se aprobarán a lo largo de las próximas semanas destacan varias. Dos de ellas hacen referencia de manera directa a la educación. El gabinete formado por el Partido Popular y Vox ha anunciado esta semana que modificará de forma «urgente» la Ley de Plurilingüismo con tal de que pase a ser algo del pasado la imposición lingüística en la Comunidad. Con la reforma se busca que a los alumnos que estén cursando sus estudios en las zonas castellanohablantes de la región no se les obligue a recibir en valenciano las materias, por ejemplo de Matemáticas o Historia, algo que sí es obligatorio desde 2015, cuando la izquierda alcanzó el poder.

Libertad de elección de centro

Esta iniciativa se verá reforzada y apuntalada por otra en el mismo sentido, como es fomentar la libertad de los padres a la hora de elegir el centro donde quieren que sus hijos estudien. La herramienta para ello es volver a implementar el distrito único, es decir, que las familias tengan la opción de escoger el colegio o instituto que más les guste dentro de todos los que tenga el municipio en el que residan, eliminando así que a un alumno le corresponda determinado centro tan solo por lo que establezca el barrio donde viva. Se va el código postal y vuelve la libertad.

La Función pública también fue un ámbito sobre el que el tripartito puso su obsesión adoctrinadora. Tan es así, que legisló para que los grados oficiales de conocimiento de valenciano no fuesen un mérito a la hora de acceder a una plaza de funcionario de la Generalitat, sino que los elevó a la categoría de requisito.

Esta circunstancia fue a más cuando, incluso, Puig se planteó que el nivel C1 de la lengua autonómica pudiese puntuar cinco veces más que un máster y hasta el triple que un doctorado, también en el ámbito de la sanidad. Esta polémica postura le valió el rechazo unánime de profesionales y asociaciones, con lo que se vio obligado a dar marcha atrás en tan extremo movimiento. Ahora, Mazón se ha comprometido a eliminar toda clase de requisito lingüístico.

Respecto al aspecto social, al día a día, el Gobierno de Puig creó la llamada Oficina de Derechos Lingüísticos. La función de este nuevo organismo es el de «velar» por el cumplimiento de la normativa en cuanto al uso de las lenguas oficiales de la Comunidad –castellano y valenciano– y, en consecuencia, servir como instrumento para canalizar las quejas, sugerencias y consultas que pudieran producirse a raíz de una supuesta «discriminación lingüística». Al igual que con el requisito, el presidente de la Generalitat suprimirá este ente público por considerarlo una suerte de «policía lingüística». De hecho, la eliminación se hará efectiva a lo largo de lo que resta de 2023, ya que está incluida en el Anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2024 que el Gabinete de Mazón ya se encuentra elaborando.

Defensa del Estatuto de Autonomía

Idéntico destino le espera al denominado Consell Social de les Llengües, creado en 2018 bajo el impulso de la Consejería de Educación, en manos de Compromís. La misión de esta oficina era poner en práctica lo establecido en el Estatuto de Autonomía sobre la «dirección técnica y la coordinación del proceso de uso y enseñanza del valenciano asesorando a todas las administraciones públicas y los particulares, y tomando las medidas necesarias para fomentar el uso y extensión del valenciano». Sin embargo, según relató en su día uno de sus vocales, esta entidad tenía nula actividad, por lo que renunció al puesto. En este caso, la decisión de Mazón comportará un doble beneficio para la ciudadanía: menos gasto público innecesario y menos adoctrinamiento.

Las explicadas son medidas concretas, con nombres y apellidos, que se irán concretando en tiempo y forma más pronto que tarde. Pero en conjunto todas constituyen una política general orientada a defender las señas de identidad valencianas –y todo lo que de ahí se deriva–, a no jugar con la integridad territorial de la Comunidad y a dejar negro sobre blanco que el independentismo catalán no puede estirar sus tentáculos en la región.

Es por eso que el jefe del Ejecutivo autonómico ya está implementando aquello a lo que se comprometió en campaña, en el pacto de coalición y en su investidura: cero subvenciones a asociaciones separatistas que no respeten el Estatuto y que aboguen por los 'Países Catalanes'. Frente a los trece millones que Puig y sus aliados concedieron a estos colectivos, Mazón lo tiene claro: «Que nadie nos diga lo que los valencianos somos o tenemos que ser».