Comunidad Valenciana  Los próximos retos de Mazón tras sus primeros 100 días al frente de la Generalitat Valenciana

En política hay normas no escritas, como la que establece que a un nuevo Gobierno se le deben dar 100 días hasta poder juzgar con un tiempo lo suficientemente prudencial el comienzo de su gestión. Esa barrera ya la ha superado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, si bien lamentó en su primera sesión de control a la que se sometió que ni el PSPV-PSOE ni Compromís hubieran respetado ese período de «cortesía». Ahora, una vez superada dicha cifra simbólica, el dirigente 'popular' tiene por delante una serie de retos al frente del Ejecutivo regional que van desde lo económico a la sanidad pasando por frenar el ataque independentista en la región.

Aprobación de los Presupuestos

Este mismo lunes el Gobierno valenciano presentará el Proyecto de Ley de Presupuestos, los primeros de un Mazón que ya ha advertido que serán unas cuentas públicas en condiciones «muy duras» debido a que el tripartito liderado por Ximo Puig legó «la peor herencia de la historia», en especial con el déficit y la deuda. Aún así, avanzó que no iba a recortar en servicios públicos, sino que los va a «reforzar».

De ese modo, destacó que las partidas que menguarán serán todas aquellas que generaban «gasto innecesario» o lo que el propio Mazón denomina «grasa política». Es decir, la reducción de la Administración pública autonómica será en lo referente a asesores y altos cargos en comparación con los ocho años de la izquierda en el poder. Esa será su «prioridad». La aprobación de los Presupuestos no corre ningún riesgo, ya que la coalición de PP y Vox cuenta con mayoría absoluta en las Cortes Valencianas.

Avanzar en la bajada de impuestos

Uno de los primeros pasos del Gabinete bipartito en sus primeros días fue el de sentar las bases para acabar con lo que llama el «infierno fiscal» establecido por Puig y sus socios. Este jueves el Parlamento sacará adelante la reducción del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas (IRPF) para los salarios de hasta 32.000 euros si la declaración es individual o 48.000 en caso de ser conjunta, así como la supresión de los tributos de Sucesiones y Donaciones.

No obstante, estas no serán las únicas medidas en esta dirección, ya que hasta fin de año se suprimirá la tasa turística que impulsó el tripartito y que tendría que entrar en vigor en diciembre. También se aprobará una batería de bonificaciones y reducciones fiscales a las rentas medias y bajas.

Lucha por cambiar la financiación

Una de las reivindicaciones clásicas de la Comunidad es la de reclamar que el Gobierno central modifique el actual sistema de financiación autonómica, puesto que deja a la región a la cola en el reparto de fondos públicos en comparación a su población y los servicios que presta. Este será uno de los principales caballos de batalla de Mazón, más cuando planea la sospecha de que, si se decidiera abordar el asunto, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, terminaría cediendo ante las peticiones de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana con una financiación a la carta y en detrimento valenciano de nuevo.

Ley de Señas de Identidad

A colación de los secesionistas, la Generalitat ya está aplicando una política de subvenciones cero a toda asociación que no respete los principios estipulados en el Estatuto de Autonomía y la Constitución. Es decir, no se otorga un euro público a entidades que vayan contra la integridad territorial valenciana y promuevan los «Países Catalanes». Esto se verá reforzado con una Ley de Señas de Identidad que tendrá como objetivo ensalzar y proteger la cultura, las tradiciones y la historia propias valencianas frente a los ataques anexionistas que Puig subvencionó con 13 millones de euros.

Política lingüística

En esta línea, Mazón se ha propuesto preservar el valenciano como un idioma propio e independiente del catalán, un aspecto contrario a lo defendido por la izquierda en la región y en Cataluña. Por ello, la Consejería de Educación ya ha entregado a la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) los criterios lingüísticos, que tendrán como objetivo «dejar de catalanizar la Administración». Esta política también se llevará a cabo en las aulas, donde Compromís ha puesto en práctica durante ocho años un sistema de adoctrinamiento a imagen y semejanza del catalán. Entre otras iniciativas, no se obligará a los alumnos de zonas castellanohablantes a estudiar en valenciano más allá de la propia materia.

Atraer grandes inversiones

La mencionada bajada de impuestos irá aparejada a una simplificación de la burocracia heredada. Estas herramientas y la eliminación de «prejuicios» persiguen conseguir que grandes multinacionales se instalen en la Comunidad, como ya hizo hace décadas Ford en la localidad Valenciana de Almussafes y hace dos años Volkswagen para levantar su gigafactoría de baterías eléctricas en Sagunto. En palabras del presidente de la Generalitat, se va a sustituir el lema de Compromís y el PSPV-PSOE de «Go Home (vete a casa) por el de Welcome (bienvenido)».

Reducir listas de espera

No son pocos los hospitales y centros de salud en las tres provincias que están saturados, un contexto que denuncian profesionales y sindicatos del sector, con esperas de hasta días para que a un paciente se le asigne una cama. Para combatirlo, Mazón se ha comprometido a reforzar el personal, especialmente en la Atención Primaria, y consolidar la colaboración público-privada. Además, priorizará un plan de salud mental que ya se está elaborando. Le meta es conseguir un sistema sanitario «eficaz y eficiente».

Ampliación del Puerto de Valencia

Uno de los temas que más debate está provocando en la política valenciana es la ampliación de la terminal norte del Puerto de Valencia. El Gobierno central tiene paralizado este proyecto estratégico. Al igual que sucede con la financiación, existe el temor a que las negociaciones para la investidura de Sánchez deriven en un bloqueo sine die de las obras. Oficialmente, todo depende de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que lleva en la mesa del Consejo de Ministros años.

Sin embargo, PP y Vox creen que se debe a la negativa de los independentistas catalanes a que el recinto levantino cuente con más capacidad operativa. Las dos formaciones de centro-derecha exigen al Ejecutivo que dé luz verde de manera definitiva a la ampliación, mientras que el PSPV-PSOE apoya la lentitud gubernamental y Compromís directamente aboga por demoler lo levantado y que no se ponga un ladrillo más.

Trasvase Tajo-Segura

De la misma manera, el Gobierno valenciano seguirá defendiendo ante la Justicia la permanencia del trasvase Tajo-Segura frente al recorte que el Gobierno aprobó a principios de año. El caso está en el Tribunal Supremo y es una reivindicación también de los agricultores de las provincias de Alicante, Murcia y Almería, que acusan a Sánchez de haberlo autorizado por «ideología» y «criterios políticos» y no en base a criterios científicos, técnicos y medioambientales. De hecho, los regantes han organizado varias concentraciones, una de ellas frente al Palacio de la Moncloa.

Unidad de acción en Madrid

Con el tema del trasvase, Puig desoyó a Mazón a pesar de que era el presidente de la Diputación de Alicante. Por contra, el mandatario 'popular' buscará la unidad entre todas las administraciones de cara a defender en Madrid los asuntos claves para la región. El caso del agua es uno de ellos, pero también tendrán protagonismo otros como el del Puerto de Valencia, la financiación o una aceleración en las obras del Corredor Mediterráneo. Al respecto, también se incluye la postura en contra de la amnistía a los líderes del procés, tal como se vio el pasado jueves en la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrada en el Senado.