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El aplazamiento de la deuda del alquiler en VPO por la Generalitat Valenciana beneficia a 575 familias

Desde el inicio de la legislatura, se han firmado actas de reconocimiento por valor de 2.183.201 euros entre las tres provincias

La vivienda sigue siendo un quebradero de cabeza para no pocos españoles. Aunque es un problema acuciante, en la Comunidad Valenciana los últimos seis meses han servido para, en parte, aliviar la situación financiera de algunas familias residentes en VPO propiedad de la Generalitat y que arrastran deudas en el pago del alquiler.

Así lo ha anunciado la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), ya que este organismo ha aplazado desde el inicio de la legislatura el pago de la deuda del arrendamiento a 575 familias mediante la firma de actas de reconocimiento, según ha anunciado el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández.

Las actas de reconocimiento son un recurso «muy importante» para garantizar el derecho a la vivienda a quienes se encuentren en situaciones económicas «verdaderamente comprometidas», según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado. Con este método de prórroga de pago, el inquilino firma un documento mediante el cual reconoce «voluntaria y expresamente» adeudar a la Consejería una determinada cantidad de dinero.

Pago mensual mínimo de 30 euros

En el escrito se acuerda entre las partes el establecimiento de un pago aplazado de la deuda contraída y determina la forma y tiempos de abono. Fernández ha explicado que, con esta medida, se pretende «facilitar el pago de los arrendamientos a las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social». Del mismo modo, ha añadido que, mediante la firma de estas actas, «pueden abonar una cantidad que es asumible para sus ingresos familiares, sin tener que renunciar a sus necesidades básicas vitales».

Previamente a la firma, los técnicos de la EVha estudian la situación concreta de la unidad de convivencia, junto a los Servicios Sociales municipales que verifican la situación de vulnerabilidad, para determinar las cantidades y plazos a devolver.

Del total de familias que se han acogido al reconocimiento de deuda, 291 pertenecen a la provincia de Valencia, 237 a la de Alicante y 47 a la provincia de Castellón. La firma de estas actas ha supuesto un aplazamiento de un total de 2.183.201 euros, de los que 969.280 euros pertenecen a la provincia de Valencia, 947.007 euros a la de Alicante, y 266.914 euros a la de Castellón.

Para dar a conocer estas medidas, la Consejería organiza campañas informativas dirigidas a los residentes de las viviendas públicas que incluyen reuniones en las que se explican las medidas implantadas por el Consell para flexibilizar el pago de las rentas de las personas con menos recursos. En estas campañas es «fundamental» la colaboración de los Servicios Sociales municipales.

Las actas de reconocimiento de deuda permiten aplazar en cinco años o 60 mensualidades el pago de las cuotas pendientes a razón de un mínimo 30 euros al mes, más la mensualidad de la renta correspondiente. En casos excepcionales en los que no puedan asumir tal cantidad, la el Gobierno valenciano ajustaría el pago para adecuarlo a las condiciones económicas de la familia en cuestión.

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