Sánchez nombra al nuevo subdelegado del Gobierno en Valencia pese a las sombras legales de la designación

«¿La Fiscalía de quién depende? ¿Del Gobierno? Pues ya está» es una de las frases que mejor resumen la manera de hacer política del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Si cuando la pronunció a finales de 2019 se refería a que se estaban dando órdenes al Ministerio Público para traer detenido a España al prófugo Carles Puigdemont, pocos años después ese objetivo se ha transformado en una sumisión constante ante el independentista mediante el uso de las instituciones al servicio de su propio proyecto político.

En el caso de la Comunidad Valenciana, esa metodología 'sanchista' ha tenido lugar con el nombramiento del nuevo subdelegado del Gobierno en Valencia, un puesto al frente del que está desde este mismo martes José Rodríguez Jurado y cuyo mandato no ha podido iniciarse de una manera menos tranquila y sosegada.

Este graduado en Derecho es desde marzo de 2023 funcionario de carrera del Cuerpo Superior Técnico de la Administración General A1 y hasta ahora desempeñaba las funciones de responsable del área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Canet de Berenguer, en la provincia de Valencia. Más atrás en el tiempo, en 2009, fue cuando obtuvo su plaza como funcionario en dicho consistorio como administrativo del grupo C1.

Eludir la ley «de forma engañosa»

Precisamente, es ese salto entre ambas categorías profesionales lo que ha activado las alarmas de la Agencia Valenciana Antifraude, tal como avanzó el periódico regional Las Provincias. Sin embargo, al igual que con la Fiscalía, lo importante para el Gobierno y el PSOE era salvar su nombramiento y aprobarlo con independencia de los reparos legales que este organismo público u otra institución pudieran poner al respecto.

En concreto, la entidad dirigida por Joan Llinares considera que ese llamativo ascenso interno, obligatorio para desempeñar su actual cargo, contraviene «la jurisprudencia dictada en la Sentencia número 883/2021 del Tribunal Supremo de fecha 21 de junio de 2021» puesto que ésta «impide la promoción desde el subgrupo C1 al A1, siendo requisito indispensable su paso previo por el subgrupo A2, con la permanencia en éste el tiempo preceptivo», señala un informe elaborado por la propia Agencia.

Dicho con otras palabras, Antifraude está convencida de que su condición de funcionario del grupo A1 es ilegal al ir en contra de la citada jurisprudencia «al permitir la promoción directa del subgrupo C1 al subgrupo A1». Es por ello que «tanto el acto de aprobación de las bases del procedimiento de selección», como la propia admisión de Rodríguez «sean nulos de pleno derecho de conformidad con lo establecido en el apartado f) del artículo 47.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al tratarse de actos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carecen de los requisitos esenciales para su adquisición».

La sucesión de Puig, de telón de fondo

Cabe mencionar que este asunto no es nuevo, por lo que resulta todavía más polémico que el nombramiento haya seguido su curso hasta oficializarse sin que el Gobierno se haya planteado cambiarlo o, al menos, suspenderlo hasta que jurídicamente se dilucidara. Es más, la versión del interesado para justificar la legalidad de sus nuevas responsabilidades no se sustenta en la pulcritud del procedimiento administrativo, sino en reprochar a Antifraude que su informe era fruto de un exceso de competencias por parte del organismo.

De este modo, en su momento alegó que los trabajos realizados por la Agencia habían incurrido en ir contra la autonomía de los ayuntamientos. La respuesta no fue nada gratificante para los intereses de Rodríguez, ya que en ella le acusaba directamente de haberse beneficiado de unas bases de un concurso-oposición de promoción interna «tendente a eludir la legalidad de forma engañosa», cometiendo «una irregularidad administrativa en la que subyace un fraude».

No obstante, aún con todo lo descrito, el Ejecutivo ha dado luz verde a la designación al igual que en su día hizo el Ayuntamiento de Canet de Berenguer cuando se negó a revisar de oficio tanto las bases como la concurrencia al mismo del actual subdelegado del Gobierno en Valencia, tal como le solicitaba la institución pública por escrito.

Se da la circunstancia de que Rodríguez es una de las personas más cercanas a Carlos Fernández Bielsa, alcalde de la localidad levantina de Mislata, secretario provincial del PSPV-PSOE y uno de los nombres que en cuestión de días podría anunciar su candidatura a liderar la federación socialista valenciana en el Congreso que debe elegir al sucesor de Ximo Puig.

Por tanto, en un contexto en el que cada movimiento tiene una segunda o triple lectura, Bielsa ha logrado que su propuesta haya sido la que ha salido victoriosa, un hecho que a buen seguro utilizará para reafirmarse a nivel interno después del golpe que le supuso la traumática pérdida de la presidencia de la Diputación a manos de un excompañero. ¿De quién depende la Delegación del Gobierno? Pues ya está.