Comunidad Valenciana
El Gobierno de Mazón urge a Marlaska a ampliar la plantilla de Policía al no poder «garantizar la seguridad»
La Consejera de Justicia, Elisa Núñez, ha avanzado que los índices de delincuencia aceptables hasta ahora se van a disparar, con el riesgo de no tener capacidad de reacción al igual que ha sucedido en Francia, Reino Unido o Bélgica
La Consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Elisa Núñez, ha exigido a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, la regulación del convenio de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana, ya que hace un año que no tienen los medios necesarios para poder ampliar la plantilla, lo que produce que, según ha asegurado, no pueda «garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos».
Así lo ha explicado durante la conferencia 'El modelo policial en España y su transformación', a cargo de Samuel Vázquez, presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI.
El acto, que ha tenido lugar en el Centro de Congresos de Elche y ha sido organizado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, que ha contado con la participación de más de 400 policías, estando desde el pasado martes, 23 de enero, el aforo completo.
La encargada de aperturar ha sido Núñez, que ha manifestado que «si verdaderamente queremos una seguridad que nos permita la libertad es necesario trabajar en cuatro aspectos: la prevención, desde la alerta temprana y con modelos de participación ciudadana; la vigilancia, mejorando la coordinación de las diferentes estructuras del Estado; actuación, en referencia a la tolerancia cero a los delincuentes, con una implicación mayor y mejora de las estructuras judiciales y, por último, la reparación, una seguridad que ponga en su lugar y restablezca a la víctima por encima del delincuente».
Una nueva realidad criminal en Europa
Asimismo, la consejera ha hecho mención al artículo de Vázquez «La estadística mató a la policía», con el que comparte la idea de que el fallo del actual modelo operativo policial en España se debe a una carrera desenfrenada que convierte una profesión eminentemente humana en una cadena de montaje para utilizarla con fines distintos a los del servicio al ciudadano.
«Se debe a la implementación de un modelo de valoración de méritos denominado dirección por objetivos que supone el cobro de productividad en función de la estadística», ha lamentado Núñez, quien ha añadido que «el modelo operativo tiene otro fallo importante y es que en España, la inmensa mayoría de mandos y brigadas funcionan en horario de oficina».
Antes de dar paso a Vázquez, la encargada del área de Justicia ha querido incidir en que «quien tenga pensado gobernar en la próxima década debe saber que en España, los índices de delincuencia aceptables hasta ahora se van a disparar, con el riesgo de cogerles desprevenidos y sin capacidad de reacción, al igual que ha sucedido en Francia, Reino Unido o Bélgica».
Por su parte, Vázquez, asesor de Vox en el Congreso y también policía, ha recalcado que «la nueva realidad criminal se refiere a la violencia y a que las bandas criminales han subido tres peldaños. En toda Europa han aumentado robos con violencia, homicidios o violaciones en manada».
Según Vázquez, la clave para atajar el aumento de delitos violentos es que «aparezca un hombre fuerte en política capaz de asumir el coste y reto de transformar el modelo policial. Queremos llegar a volver a la realidad de seguridad a principios de este siglo. Se tiene que cambiar el modelo policial y operativo», ha sentenciado Vázquez.
Frenar la inmigración descontrolada
Momentos antes de arrancar el congreso, la consejera ha reclamado Gobierno de Pedro Sánchez una política migratoria «que frene de una vez por todas los grupos migratorios ilegales».
La encargada del área Justicia reprocha que esta situación alimenta a las mafias porque el 90 % de quienes intentan entrar al país han pagado previamente. En este sentido, Núñez ha abogado por un incremento de las penas para quienes sometan a los inmigrantes y también ha pedido una política «que termine con el efecto llamada».