Sánchez se empeña en politizar la sequía pese a la solidaridad de la Comunidad Valenciana con Cataluña

La sequía y la política hídrica vuelven a estar en el centro de la actualidad política nacional. Si en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo el estado de Doñana y el trasvase Tajo-Segura traspasaron las respectivas fronteras de Andalucía y la Comunidad Valenciana, en este inicio de 2024 las restricciones anunciadas en Cataluña y la advertencia de Juanma Moreno comparten protagonismo con la ley de amnistía.

En este sentido, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció este lunes desde Barcelona que el Ejecutivo baraja la opción de enviar agua en barcos desde la localidad valenciana de Sagunto hasta Cataluña «si la situación no mejora». En concreto, de dicha desaladora saldrían diariamente 40.000 metros cúbicos cargados en dos buques con destino en la ciudad condal, en una operación similar a la realizada en 2008.

Esa propuesta no ha contado con ningún tipo de objeción por parte de la Generalitat que preside el 'popular' Carlos Mazón, que ha destacado el concepto de «solidaridad hídrica entre regiones» para ponerse a disposición del Ministerio en tiempo y forma. Así, se ha mostrado a favor de que «el agua desalada tenga un uso prioritario y casi exclusivo para emergencias de consumo de boca, no para riego porque esto es muy perjudicial para los cultivos y los cítricos».

Hay «suficiente agua para todos»

En este aspecto, precisamente, es cuando se retoman las discrepancias con el Gabinete de Pedro Sánchez. A pesar de su gesto con la comunidad autónoma vecina del norte y de contar con el apoyo prácticamente unánime de los agricultores alicantinos y su tejido asociativo, nada de eso le ha servido al Consell para que el presidente del Gobierno reconsidere su postura acerca del trasvase Tajo-Segura. Aprobado definitivamente su recorte hace un año, Mazón no se resigna y le continúa pidiendo al líder socialista que cambie su posición y atienda las necesidades y reivindicaciones de los campesinos de Alicante, Murcia y Almería.

Estos, con numerosas protestas en forma de marchas, concentraciones y manifestaciones, todavía a día de hoy denuncian que el departamento que dirige Ribera sacó adelante la polémica medida sin atenerse a criterios técnicos o medioambientales, sino únicamente a razones de índole «política» e «ideológica». De hecho, el asunto está actualmente en el Tribunal Supremo tras los respectivos recursos presentados por la Junta de Andalucía, la Región de Murcia y la Generalitat Valenciana cuando aún estaba gobernada por Ximo Puig.

El de hace trece meses fue el más drástico y polémico de los recortes, pero ha habido más. Según el propio Mazón, durante los más de cinco años de Sánchez en el palacio de la Moncloa se han llevado a término «tantos como 30». Frente al inmovilismo del jefe del Ejecutivo, el alicantino reclama «rigor» porque «no hay derecho a que estemos pendientes de si llueve o no llueve». «En España hay agua suficiente para todos. Lo que no hay es una capacidad política de distribuirla como toca», remarca.

Oferta sin respuesta

«Alarmado» por un panorama que en lo referente a agua de riego «con un Gobierno antitrasvase» le deja con una perspectiva «mucho más pesimista», el dirigente exige a Sánchez y a Ribera que dejen de hablar «de la desalación masiva como una alternativa» y enumera lo que, a su juicio, esta práctica tiene de negativo frente a la infraestructura afectada: «Es más costosa energéticamente, menos sostenible, menos medioambiental, menos ecológica y cuatro veces más cara», advierte.

En aras de reconducir el problema, la apuesta de Mazón ha sido la de urgir al Gobierno a que «nombre representantes» en la Mesa del Agua que se va a poner en marcha en la región «para por lo menos dialogar», algo sobre lo que a día de hoy no hay contestación. No solo eso, sino que la ausencia de iniciativa la extiende: «No me han contestado el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, Compromís directamente ni ha querido sentarse a hablar y la delegada del Gobierno todavía no me ha trasladado al menos si hay voluntad de sentarse en una mesa», lamenta.

Ante esa «poca sensibilidad» el presidente de la Generalitat reconoce que él y su Gabinete tienen «malos augurios con este Gobierno socialista de España» respecto al agua que determinadas zonas autonómicas necesitan. Así, no parece que la ministra para la Transición Ecológica vaya a trasladarle a su jefe un plan alternativo para paliar los efectos de aumentar el caudal ecológico del río Tajo ni que este, siquiera apelando a lo institucional, vaya a promoverlo por su propia voluntad.

De cumplirse lo previsto por Mazón, el acuerdo entre la Administración regional y central que se ha alumbrado en relación al trasvase Júcar-Vinalopó bien podría considerarse una excepción: «Desgraciadamente, seguiremos mirando al cielo a ver si llueve mañana y a ver si llueve pasado», denuncia el 'popular' ante la permanente politización de la cuestión hídrica dictada en Moncloa.