Mazón acelera con la supresión de las «empresas fantasma» de Ximo Puig

El Gobierno de Carlos Mazón avanza en su plan para eliminar lo que denomina «empresas fantasma». Una serie de entidades públicas creadas o proyectadas por el anterior Ejecutivo, encabezado por el socialista Ximo Puig, y que, según denuncia, generan duplicidades totalmente innecesarias, con el gasto público consiguiente.

Así, si hace unos días presentaba Ivace+i, el resultado de la fusión del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) con la Agencia Valenciana de Innovación (AVI) –una medida que ahorrará en cuatro años dos millones de euros a las arcas públicas–, ahora acaba definitivamente con el proyecto de la 'UME valenciana' impulsada por el Gobierno tripartito de izquierdas.

Este martes, el pleno del Consell, a propuesta de la Consejería de Justicia e Interior, aprobaba el decreto para derogar la llamada Unitat Valenciana d'Emergències (UVE), cuya puesta en marcha estaba programada para el próximo 21 de febrero. El Ejecutivo autonómico conformado por PP y Vox considera «más lógicas y razonables otras fórmulas de coordinación de emergencias, como una ley general de coordinación, cuya efectividad puede ser mayor, al ser un instrumento capaz de asegurar además una mayor eficiencia en el gasto público», según explicaba en un comunicado.

El acuerdo de creación de la UVE implicaba «un importante esfuerzo presupuestario» que ha perdido vigencia por razones organizativas del sector público instrumental y de eficiencia en el gasto público, según el Gobierno regional, que se encuentra en un proceso de «revisión en profundidad del sector público instrumental de la Generalitat con el objetivo de revertir la tendencia de creación de nuevos entes que supongan duplicidad con otros existentes».

Como señalaba este martes ante los medios la portavoz del Gobierno y consejera de Hacienda, Ruth Merino, el cometido encomendado a la UVE puede desarrollarse en el marco de las funciones de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y del Sistema Integrado de Gestión de Emergencias 112. «Se trata, en definitiva, de una medida de racionalización y de mejora de la eficiencia de los recursos públicos», abundaba.

Una comisión de gasto público

Merino anunciaba también que esta semana comenzaría a analizar el gasto público en la Comunidad Valenciana en comparación con el de otras comunidades autónomas la Comisión Interdepartamental para la Mejora de la Eficiencia del Gasto Público, creada la semana pasada. Este órgano colegiado impulsará un nuevo enfoque de gestión, según apuntaba.

Su intención es empezar ya a trabajar para lograr la eficiencia en «cada euro de los valencianos que se destina a las políticas públicas», con «el objetivo final de optimizar el uso de los recursos públicos, algo que tenemos en mente todos los días», según aseveraba Merino, quien precisaba que esta comisión actuará de forma coordinada con los distintos departamentos de la Generalitat y su sector público instrumental para promover un sistema de evaluación continua basado en indicadores de eficacia. Asimismo, elaborará planes estratégicos sectoriales con la finalidad de asegurar la eficacia en el uso de los recursos, según la consejera de Hacienda.

Esta medida irá en paralelo a la auditoria general del sector público para poner fin al «malgasto y descontrol» que caracterizaba la época del Gobierno del Botánico, según afeaba el presidente de la Generalitat el mes pasado. Entonces, Mazón avanzó que aprobaría el inicio de un expediente para llevar a las Cortes Valencianas un proyecto de Ley para «eliminar seis entidades ya creadas» y que presentan esas duplicidades.

En concreto, se refería a la Agencia Valenciana Cambio Climático, labores ya desempeñadas por la dirección general de Calidad y Educación Ambiental; la Escuela Valenciana de Administración Pública, que desarrolla la dirección general de Función Pública; la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad, labor que desempeña la dirección general de las TIC; la Agencia Valenciana de la Energía, cuyas funciones realiza la dirección general de Energía del IVACE –ahora fusionado con la citada AVI–; la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentarios, que ya llevan a cabo las direcciones generales de Industria y Cadena Agroalimentaria, y de Producción Agrícola y Ganadera; y la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, cuya función realiza la empresa pública VAERSA.