Las entidades defensoras del español y del valenciano rechazan la Ley de Libertad Educativa de PP y Vox

este jueves, los grupos parlamentarios de Partido Popular y Vox registraban en las Cortes Valencianas una Proposición de Ley para regular la «Libertad Educativa». El texto, presentado por ahora solamente en valenciano, pretende blindar la libertad de las familias para que elijan la lengua base en la que estudiarán sus hijos, eliminando los proyectos lingüísticos de centros y poniendo fin al plan de normalización lingüística. La futura norma, entre otros, contempla la libre elección de la lengua cooficial en los exámenes.

Para el presidente de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Carlos Mazón, esta futura ley, que exime la evaluación del valenciano en las zonas castellanoparlantes, equiparará «en libertad e igualdad al valenciano con el castellano». Para el consejero de Educación, José Antonio Rovira, la norma es «equilibrada» y «armoniza aprendizaje y libertad», al tiempo que «pone fin a la imposición en educación». «Con esta ley se tiene en cuenta a todo el mundo. A las familias se les da la libertad de participar en la elección de la lengua base de los centros educativos y además se les garantiza el derecho a dirigirse a los centros y a ser informadas en su lengua de elección», añadía.

El contenido de la proposición de ley ha sido aplaudido por la Confederación Valenciana de APAs y AMPAs (Covapa), que se congratula de que el texto recoge sus principales reivindicaciones, como la de que sean las familias las que puedan elegir la lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos, lo que coloca a los padres en igualdad de elección en el caso de ambas lenguas y acaba con la imposición idiomática.

Sin embargo, la proposición firmada por José María Llanos (Vox) y Miguel Barrachina (PP) no ha gustado a distintos organismos, tanto de los que defienden el uso del español en las aulas como en el caso de los que hacen lo propio pero con el valenciano. Comenzando por estos últimos, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià tilda la proposición de «el peor ataque al valenciano en la enseñanza» y ya anuncia movilizaciones junto al conglomerado de entidades NOS! Llengua i país ante lo que consideran una «agresión». Una postura que comparten con Plataforma per la Llengua, la «ONG del catalán».

Para STEPV, que amenaza con una huelga general educativa, «se trata de una ley con un trasfondo político clarísimo, que es arrinconar al máximo la enseñanza en valenciano, no tiene en cuenta el contexto sociolingüístico y da por hecho que el valenciano y el castellano están, socialmente, en igualdad de condiciones, cosa que es totalmente falsa».

«Los porcentajes por los que los centros educativos incorporan líneas en valenciano son totalmente discriminatorios –un mínimo del 25 % de la lengua no base–, lo que impedirá que el alumnado que quiera estudiar en valenciano lo pueda hacer realmente y el uso del valenciano como lengua vehicular sufrirá un retroceso brutal cuando se aplique», añaden en un comunicado. A nivel político, desde PSPV y Compromís, también han criticado contundentemente la norma.

«Perniciosa» para los alumnos

Desde Hablamos Español no se han mostrado mucho menos duros ante el texto presentado por las dos formaciones que integran la coalición de Gobierno en la Comunidad Valenciana, aunque destacan como hecho positivo que los alumnos puedan elegir la lengua en la que examinarse. La crítica llega después de que el día 20 presentaran en la Cámara autonómica una iniciativa legislativa popular en defensa del español que contó con el respaldo de Vox pero con el voto en contra del PP, a quien Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, acusó de «estafar a sus votantes».

«La nueva ley que presentaron ayer –por el jueves– PP y Vox, no se parece en nada a lo prometido en campaña por ambos partidos. En las zonas denominadas de predominio valenciano, donde viven muchísimos niños hispanohablantes (las ciudades de Castellón, Valencia, Alicante, Elche, etc.,), como temíamos nos encontramos con un revoltijo de porcentajes. Lo único seguro es que todos los alumnos estudiarán obligatoriamente en tres idiomas, valenciano, español e inglés, y que solo se garantiza que se elegirá la lengua vehicular para estudiar Matemáticas», indican.

La entidad presidida por Lago va más allá y asevera que «esta ley es perniciosa tanto para los alumnos valencianohablantes como para los hispanohablantes». «Lo idóneo (que es lo que se aplica en todos los países con cooficialidad lingüística) es que puedan estudiar en su lengua propia, teniendo la otra lengua como asignatura. Además, se añade otra lengua vehicular, el inglés», detallan.

Y es que para Hablamos Español, «el modelo recogido en la nueva ley es de inmersión obligatoria parcial» porque «los alumnos habrán de estudiar asignaturas en una lengua diferente de la suya», en lo que constituye, a su juicio, «un sistema confuso, que no garantiza derechos y que crea inseguridad jurídica». La norma, que ahora deberá ser aprobada en las Cortes, entrará en vigor en el curso 2025/2026 para Primaria, Secundaria y Bachillerato y sustituirá a la anterior Ley de Plurilingüismo.