La discriminación al español acecha a cientos de miles de alumnos de las ciudades valencianas el próximo curso

La asociación Hablamos Español ha cargado este viernes contra el Gobierno de Carlos Mazón en un comunicado emitido a raíz de la elaboración de un estudio en el que critican que las medidas llevadas a cabo hasta ahora por el Consell y, en concreto, por el Departamento de Educación, no están surtiendo el efecto deseado en cuanto a acabar con la imposición lingüística del valenciano en las aulas. Al menos en las grandes ciudades de la Comunidad Valenciana, donde se verán afectados el próximo curso cientos de miles de alumnos, aseguran.

«La Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana sólo está aprobando normas dirigidas a aliviar la imposición lingüística en las zonas declaradas de 'predominio castellano', algo que es injusto y discriminatorio. El consejero de Educación lo es de todos los niños de la comunidad. La lengua es de los niños como personas individuales, no de las rocas, de la arena de la playa, o de un engranaje del que fueran una tuerca. No poder estudiar en lengua materna le perjudica tanto a un niño de Castellón como a uno de Torrevieja», apuntan desde la entidad en defensa de los derechos lingüísticos de los hispanohablantes.

Y es que, a du jucio, el cambio anunciado en los proyectos lingüísticos (PLC) para eliminar el 25 % de lengua impuesta «no lo están eligiendo los padres como aseguró el Partido Popular que se haría», critican. «Se ha informado de forma sorpresiva a las familias de que en un breve plazo los Consejos Escolares decidirían el cambio en una reunión. No están eligiendo las familias de forma individualizada y tampoco pueden votar qué opinan sobre el cambio de los PLC».

Una situación sobre la que desde Hablamos Español afirman que se ve agravada por el hecho de que, «además, se les está dando voz a los claustros de profesores, un sector cuyo sindicato mayoritario se pronuncia a favor del nacionalismo lingüístico». «Pero al menos estos alumnos tienen alguna posibilidad de aliviar la imposición lingüística. Los hispanohablantes de las zonas clasificadas como de 'predominio valenciano' se quedarán como estaban un curso más», se conforman en parte desde esta asociación.

Hay zonas declaradas como de predominio valenciano donde, sin embargo, la mayoría de escolares tiene como lengua materna el español

Hablamos Español ha elaborado un estudio en el que toma como base 17 centros educativos de las cuatro mayores ciudades de las tres provincias (Valencia, Alicante, Castellón y Elche), en el que analizan ejemplos de Infantil, Primaria y Secundaria.

«Por mucho que se hayan declarado estos municipios como de 'predomino valenciano' la inmensa mayoría de escolares tienen como su lengua materna el español. Respetando los derechos de los niños a estudiar en valenciano, si esa es su lengua materna, no se pueden olvidar de esta manera, los derechos de los niños que viven en estas zonas, cuya lengua materna es el español», señalan desde Hablamos Español.

La futura ley cuenta con el apoyo de Vox

De esta manera, con base en los datos recopilados por Hablamos Español, en Primaria, dentro de las zonas de predominio castellano los centros tienen entre un 25 % y un 30 % de horas en valenciano, que asciende a entre un 50 % y un 60 % a las zonas valencianohablantes. En estas zonas, además, hay colegios con «Plan Experimental» donde las clases son entre un 61 % y un 91 % en valenciano.

En Secundaria sucede algo similar. En las zonas donde se habla más castellano, el valenciano copa entre el 25 % y el 50 % de las lecciones. En las zonas con más valencianohablantes, los porcentajes se disparan hasta el 60 % en algunos casos. «A ellos no se les permitirá ningún cambio. Es injusto y discriminatorio», aseveran.

Desde la Consejería de Educación, encabezada por el 'popular' José Antonio Rovira, esperan tener lista la norma que acaba con la Ley de Plurilingüismo lista para el próximo curso. Una ley que es también del agrado de Vox, como señalaba a El Debate esta semana un alto cargo del partido en las región, quien confiaba en que una vez aprobada serviría para acabar con la discriminación lingüística en las aulas a la vez que se preservaría el conocimiento del valenciano por parte de los alumnos desde una óptica de enriquecimiento cultural y no de arma política.