Pedro Sánchez y Carlos Mazón, en Valencia, en una imagen de archivo
El Gobierno de Sánchez excluye a ocho de cada diez municipios valencianos de su sistema de repartos de comida
El Ministerio de Derechos Sociales tan solo ha incluido a 99 de las 542 localidades de la región para que las familias vulnerables puedan recoger alimentos en los supermercados
La ejecutoria del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de solucionar y atender a las reivindicaciones valencianas no se está caracterizando por un alto nivel de ejecución. Además de continuar con el recorte al trasvase Tajo-Segura, vital para la provincia de Alicante, de no terminar de transferir las ayudas prometidas meses atrás al sector cerámico castellonense y de no abordar determinadas infraestructuras en Valencia, el último agravio del jefe del Ejecutivo tiene que ver con la política social.
Así lo denuncia la Consejería de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda de la Generalitat. El departamento dirigido por la también vicepresidenta segunda del Consell, Susana Camarero, ha reprochado al Gobierno que haya excluido a más del 80 % de los municipios de la región en el nuevo plan de reparto de alimentos a las familias vulnerables.
Tal como lamenta la Generalitat, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a cuyo frente está Pablo Bustinduy, de Sumar, ha trasladado a la Consejería un listado con la licitación de los supermercados con presencia física en los que las personas con necesidades económicas podrán acceder al Programa «Básico» de este servicio social. En base a ese documento, tan solo 99 municipios son de alguna de las tres provincias valencianas, una cifra más que reducida puesto que el total es de 542.
«Afrenta directa»
Ante estos datos, el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo del Ejecutivo autonómico, Pedro Carceller, critica la decisión del gabinete de Sánchez, a la par que expresa su profunda preocupación y rechazo por dejar fuera del servicio a ocho de cada diez localidades de la región, un aspecto que se va a dar con mayor impacto en las zonas rurales. «Resulta inadmisible que el Gobierno de España haya establecido un modelo de ayuda limitante y restrictivo. La distribución geográfica de estos supermercados excluye de manera flagrante a familias enteras que se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad y precariedad económica», apunta el dirigente.
En este sentido, Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda recalca que las políticas sociales se han de diseñar y ejecutar con un enfoque inclusivo y equitativo con tal de garantizar el acceso universal a los servicios públicos básicos como es, en este caso, el de la alimentación para las familias vulnerables. Por ello, Carceller hace hincapié en que la «exclusión» del Ministerio es una «afrenta directa a los principios de equidad territorial, justicia social y solidaridad que deben regir nuestra sociedad».
El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy
El roce a cuenta del nuevo sistema de reparto de comida es uno más en el breve pero intenso historial de desencuentros entre la Administración central y la autonómica. De hecho, la pasada semana fue la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, la que acusó al Consell presidido por Carlos Mazón de haber retirado las ayudas de la Generalitat a las víctimas de la guerra que se está librando en la Franja de Gaza.
Desde el Palacio de la Moncloa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Educación realizó tal afirmación. Al igual que con el reparto de alimentos, fue la propia Camarero la que se encargó de desmentir las palabras de la aragonesa. De este modo, las calificó como «infundadas y desinformadoras», por lo que consideró «lamentable que la portavoz del Gobierno de España haya optado por difundir información falsa y tergiversada en relación con una situación tan preocupante y dolorosa como la que se está viviendo en Gaza».
Tras recordar que la ayuda a la UNRWA, el organismo de la ONU para los refugiados de Palestina en Oriente Medio, no se revisará antes del mes de julio, reivindicó que su departamento está trabajando «con prudencia y responsabilidad». Por ello, animó a Alegría a «rectificar sus declaraciones y a abstenerse de mentir y propagar información falsa que pueda generar confusión» y le exigió no utilizar el conflicto «de forma miserable para sacar rédito político de un drama humanitario».
