PP y Vox tramitan en Valencia su primer gran paquete de leyes frente a una izquierda resignada a la hipérbole

El Partido Popular y Vox iniciaron este miércoles la tramitación de su primer gran paquete legislativo de la legislatura en la Comunidad Valenciana. El Parlamento autonómico vivió un intenso día de debates, tanto en cantidad como en los roces dialécticos que se produjeron entre las formaciones que sustentan al Consell presidido por Carlos Mazón y los partidos de la oposición; es decir, el PSPV-PSOE y Compromís. Buena parte del extenso orden del día la copaba la toma en consideración de la batería de futuras normas.

Entre ellas, destacaron la nueva Ley de Libertad Educativa, la de Concordia, que pretende sustituir a la de Memoria Democrática que aprobó en su día el tripartito liderado por Ximo Puig, la de Buen Gobierno o la reforma de À Punt, la televisión pública regional. Respecto a la primera, el secretario general del PP en la región, Juan Francisco Pérez Llorca, defendió que la iniciativa pretende acabar con la «imposición del valenciano» que generalizó la izquierda entre 2015 y 2023.

Así, el diputado se mostró convencido de que, una vez sea aprobada la ley, el Ejecutivo autonómico conseguirá hacer «un mejor uso y promoción de la lengua». En el turno de exposición que compartían los dos miembros de la coalición gobernante, la parlamentaria de Vox Julia Llopis siguió la misma línea, exponiendo que se terminará lo que denominó «chantaje lingüístico» por parte de socialistas, nacionalistas y comunistas y que enmarcó en un «procés a la valenciana».

Vuelta a «las dos Españas»

Por parte del PSPV-PSOE, tomó la palabra José Luis Lorenz, que no tardó en atacar a Mazón por impulsar un texto que, en su opinión, va a «enfrentar a las familias» por motivo de la enseñanza en valenciano porque terminará por «segregar» a los alumnos. «Su objetivo es ideológico: hacer desaparecer el valenciano para perder nuestra seña de identidad», insistió.

Tampoco se quedó cortó de hipérbole el representante de Compromís, Gerard Fullana, ya que acusó al Consell de practicar «racismo» con la próxima Ley de Libertad Educativa porque tanto PP como Vox «forman parte de un 'alicantinismo' rancio que odia todo lo que huele a valenciano», dijo, en referencia a la provincia de origen del presidente de la Generalitat.

El debate sobre la Memoria Democrática, que en cuestión de semanas pasará a llamarse de Concordia, no fue menor. Si el portavoz del PP, Miguel Barrachina, aseguró que el articulado «dice cosas tan sencillas como preservar la reconciliación y fomentar la concordia» entre «todas las víctimas» (se extiende esa condición desde 1931 hasta la actualidad) y reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que uno de sus socios, Bildu, se niegue «a calificar a ETA como banda terrorista», su homólogo de Vox, José María Llanos, se congratuló de que «ya era hora de que alguien tuviera valentía y convicción para tratar a todos los valencianos por igual, sin dobles varas de medir y sin mentiras». «Esta ley no hubiera hecho falta si ustedes no se hubieran cargado el consenso», zanjó Llanos dirigiéndose a la oposición.

En sus correspondientes turnos de réplica, tanto el PSPV-PSOE como Compromís volvieron a hacer uso de la exageración en la tribuna de oradores de las Cortes. En este sentido, la socialista Mercedes Caballero auguró que la Ley de Concordia hará que la sociedad vuelva «a las dos Españas». Para argumentarlo, le echó en cara al bloque de centroderecha, medio en broma y medio en serio, que explicase por qué no se había incluido a las víctimas de la dictadura de Primo de Rivera, a las de el reinado «corrupto de Alfonso XIII» e, incluso, fue más allá. «¿Quieren víctimas? ¿Dónde están las víctimas de los abusos sexuales de la Iglesia Católica? Aquí también caben», apuntó la diputada autonómica tras recurrir a Francisco Franco y a un supuesto «blanqueo» de su etapa.

Discurso similar fue el de Isaura Navarro, de Compromís, puesto que definió la norma de «bazofia» y «porquería» porque le recordaba a los «decretos franquistas» y «menosprecia a los españoles, a las víctimas y a la democracia». «Batallaremos hasta el final por defender la memoria democrática de esta tierra, que fue capital de la Segunda República», señaló la nacionalista antes de terminar su intervención con la expresión «¡Salud y República!».

Reforma de À Punt

Respecto a la reforma de À Punt, PP y Vox persiguen reconducir y revertir el «desapego» que sienten los valencianos hacia su televisión pública y para ello comenzarán solucionando problemas como la «renovación de presidente, de los consejeros y la inoperancia para consolidar a los trabajadores», así como la situación de «quiebra financiera» y las «bajísimas audiencias», según afirmó el síndico del PP José Juan Zaplana.

Igualmente, hizo hincapié en que el objetivo es convertir el ente regional en una televisión «más moderna, profesional y ágil», basándose en la adaptación digital a las «nuevas formas de televisión y radio» y desde un modelo de gestión «plural e independiente» en contraposición al del tripartito, que considera «cuestionado permanentemente». Fue Caballero la que, de nuevo, replicó a los 'populares', esta vez para recriminarles que «nunca les ha interesado el servicio público y en el caso de los medios, menos todavía», previendo lo que hará el Consell con À Punt: «Hacer lo que me dé la gana, cuando me dé la gana y como me dé la gana».

Por último, la parlamentaria de Compromís Nathalie Torres indicó que lo planteado por los partidos que conforman el Gobierno de la Generalitat Valenciana «va de control político y de borrar definitivamente el valenciano del espacio comunicativo», haciendo una normativa de «corte y confección» atendiendo a los intereses de PP y Vox, cuya consecuencia será la «demolición del modelo de televisión pública actual, plural e imparcial, con órganos participados y transparentes y con el valenciano como lengua vehicular» y que será «el mando a distancia del Consell». Este jueves se votarán las distintas tomas en consideración y todas saldrán adelante gracias a los 53 escaños de los 99 que tiene la coalición.