El consejero de Educación valenciano, José Antonio Rovira, junto a Carlos Mazón
El Gobierno de Mazón premiará el aprendizaje del valenciano en las aulas frente a la imposición de la era Puig
Con la Ley de Libertad Educativa, el Consell da un giro a la política lingüística de los últimos ocho años e incentivará el aprendizaje del valenciano entre los estudiantes de Bachillerato
Hace unos días comenzaba la tramitación de la nueva ley educativa en las Cortes valencianas. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de Carlos Mazón, busca dar un giro de 180 grados en la política lingüística llevada a cabo durante los últimos ocho años por parte del anterior tripartito en el que los nacionalistas de Compromís ostentaban la cartera de Educación y Cultura.
Desde el Ejecutivo de Ximo Puig se implantó el llamado «requisito lingüístico», que consistía en exigir a los funcionarios de la comunidad autónoma un nivel mínimo de valenciano, lo que se tradujo en la huida de profesionales sanitarios y educativos hacia otros territorios donde no tenían este impedimento. Esto causó una gran contestación por parte del sector sanitario, ya mermado por la falta de profesionales, y de la oposición, que en aquel momento ostentaban PP y Vox.
Sin embargo, esta no fue la única medida polémica en materia lingüística, ya que bajo el gobierno socialista se implantó la conocida como «policía lingüística», formada, según se denunció desde la oposición y asociaciones sanitarias y educativas, por «un ejército de asesores lingüísticos nombrados a dedo».
Con la llegada del bipartito conformado por PP y Vox al Gobierno de la Generalitat Valenciana, se ha llevado a cabo una revisión de todas estas leyes que ambas formaciones consideran ideológicas y señalan que sirven para «hacer de la lengua valenciana un instrumento ideológico».
Transformar el modelo lingüístico
En este contexto, el consejero de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha señalado que el objetivo principal de esta nueva legislación, denominada Ley de Libertad Educativa, es transformar el modelo lingüístico que caracterizó al anterior Gobierno del Botánico. En palabras del consejero, «se busca cambiar el modelo de imposición por uno de promoción del valenciano».
Durante el Pleno de las Cortes donde se dio inicio a la tramitación parlamentaria de esta ley, Rovira destacó los beneficios que traerá consigo. Uno de los aspectos más llamativos es el incentivo para los estudiantes de Bachillerato que obtengan buenas notas en valenciano, ya que se les facilitará la obtención de títulos oficiales en esta lengua.
Dos jóvenes estudiantes en una aula
En contraste con la política previa, que Rovira describe como de «imposición», la nueva Ley de Libertad Educativa se enfoca en promover y fomentar el estudio del valenciano. Desde la Consejería se plantea otorgar titulaciones, específicamente el nivel C1, a aquellos estudiantes de Bachillerato que alcancen una calificación igual o superior a 7 en esta asignatura.
Este enfoque busca no solo reconocer el esfuerzo de los estudiantes, sino también motivarlos a valorar el aprendizaje del valenciano como una herramienta importante en su formación.
La propuesta de ley, presentada por los grupos parlamentarios del PP y Vox en Les Corts, representa un cambio radical en la política lingüística. Según Rovira, este enfoque busca pasar de la imposición de la administración a la libertad de elección de las familias. Se establece, asimismo, un modelo «equilibrado» donde la lengua base y la no base tendrán porcentajes definidos, garantizando que la lengua no base tenga al menos un 25 % de peso.
Además, se establece una diferencia del 20 % entre una lengua y otra una vez que los estudiantes adquieran competencias de lectoescritura, a partir de tercero de Primaria.