El Gobierno valenciano desmonta en menos de un año los dogmas de la izquierda sobre los servicios públicos

Uno de los principales argumento de los partidos de izquierdas frente a los de derechas es que éstos no apuestan por los servicios públicos y que la ciudadanía perdería el bienestar y los derechos que ellos ofrecen.

Sin embargo, esta semana se han hecho públicos datos que dejan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los suyos sin argumentario que sostenga su discurso. Y es que según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que dirige la madrileña Mónica García, su mantra no se cumple.

La exlíder de Más Madrid basó su oposición en arremeter contra la política de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusaba de forma reiterada de abandonar las necesidades sanitarias de los ciudadanos por sus políticas liberales, basadas en bajos impuestos.

Tras su llegada al Ministerio, García se vio obligada a hacer pública la lista de espera quirúrgica de las distintas comunidades autónomas, que recogía que mientras en España, la demora para una intervención es de 128 días, en Madrid es de 51. En contraposición a este modelo, se encuentra el caso catalán, cuyos ciudadanos, con una de las presiones fiscales más altas de España, sufren una espera media de 138 días.

Estos datos demuestran que, con una baja presión fiscal y un uso eficiente de los recursos, la calidad de los servicios públicos puede ser óptima.

Este modelo es el que intenta aplicar Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana. Desde su toma de posesión hace menos de un año, se ha fijado como prioridades la disminución de las listas de espera en Sanidad, –88 días es la media en la región–, las bajadas de impuestos y la apuesta por la educación pública.

En este contexto, el jefe del Consell anunciaba hace unos días que, para el próximo curso, la educación gratuita de cero a tres años será una realidad en todo el territorio valenciano. Esta apuesta cuenta con un presupuesto de más de 160 millones de euros, frente a los 87 millones del anterior Gobierno de Ximo Puig, compuesto por PSOE, Compromís y Podemos.

Según Mazón, la educación universal y gratuita es «un pilar básico para el desarrollo de los niños y el de sus familias» y ha apuntado que es un «momento clave para darles una estabilidad educativa fundamental para su nivel de atención o su desarrollo psicosocial y competencial en el futuro».

Diferencia de prioridades

Tras la llegada del Gobierno formado por Partido Popular y Vox, los presupuestos de la Generalitat Valenciana han aumentado las partidas destinadas para Sanidad y Educación, mientras que se han eliminado los fondos destinados a asociaciones independentistas y catalanistas que marcaban su agenda política con los impuestos de todos los valencianos. En concreto, el Gobierno de Puig dedicaba cerca de 12 millones de euros a financiar asociaciones que buscaban fomentar el separatismo.